Un nuevo proyecto de ley podría cambiar cómo EE. UU. construye su infraestructura energética

El artículo de MIT Technology Review, firmado por Casey Crownhart y publicado el 5 de noviembre de 2026, analiza una ley de gran alcance destinada a recortar trámites burocráticos y acelerar la construcción de infraestructura energética en Estados Unidos. Se trata de la Bipartisan American Affordability and Jobs Act (BAAJA), que el Senado tiene previsto votar el 9 de noviembre, apenas unos días después de las elecciones de mitad de mandato.

El texto, de 417 páginas, aborda la llamada reforma de los permisos. El sistema federal actual busca proteger el medio ambiente frente a la contaminación industrial de grandes proyectos como centrales eléctricas, líneas de transmisión y gasoductos de gas natural, y se rige por varias leyes, entre ellas la National Environmental Policy Act y la Clean Water Act. Según el artículo, el proceso es lento y complejo, y puede tardar años. La BAAJA restringe el tipo de proyectos que deben solicitar permisos federales e introduce plazos para acelerar los trámites. También incluye disposiciones sobre planificación de la transmisión eléctrica, minería y otros asuntos.

Una característica clave es que la ley es en gran medida neutral desde el punto de vista tecnológico: facilita tanto proyectos de combustibles fósiles como de renovables. Por eso el apoyo es heterogéneo. Sus cuatro patrocinadores en el Senado son dos republicanos y dos demócratas. La Casa Blanca la respalda, y su Consejo de Asesores Económicos concluye que reduciría los tiempos de revisión y tendría beneficios económicos, como un mayor PIB. Grupos de energía limpia como la American Clean Power Association la apoyan en general; su análisis estima que podría desbloquear 350 gigavatios de nueva energía limpia para la red. Algunas organizaciones ecologistas, en cambio, se oponen a la ley o a partes de ella. El Natural Resources Defense Council considera que las medidas sobre transmisión podrían beneficiar sustancialmente a la red, pero que la reducción de las revisiones ambientales podría dañar terrenos públicos y privados.

Muchos actores del ámbito climático llevan tiempo reclamando esta reforma, con el argumento de que las renovables se beneficiarían más que los combustibles fósiles: la solar y la eólica figuran entre las fuentes más baratas hoy, así que, si se puede construir más, tenderían a imponerse por razones económicas.

Varios análisis tempranos intentan cuantificar el efecto sobre las emisiones. El de Rhodium Group concluye que, en el mejor escenario, la ley reduciría un 4 % las emisiones de toda la economía, recortaría 78 dólares anuales las facturas energéticas por hogar y añadiría 200 gigavatios de energía limpia hacia 2040; en el peor, las emisiones se mantendrían prácticamente iguales. Resources for the Future estima que podría reducir un 6 % las emisiones del sector eléctrico hacia 2041 y ahorrar más de 350.000 millones de dólares en costes del sistema a mediados de siglo.

Hay, sin embargo, quien teme que el efecto real sea abrir la puerta a una avalancha de nuevas centrales de gas natural, en un contexto en que los centros de datos presionan la red y ya se han anunciado muchas. Kevin Kircher, modelador energético y profesor ayudante de ingeniería mecánica en Purdue, lo resume como un intercambio entre hacer crecer la industria de la electricidad limpia y, como compromiso, hacer crecer también la de combustibles fósiles. Su modelo concluye que, si la BAAJA hubiera estado vigente en 2025, las emisiones del sector energético habrían sido superiores a la línea de base real, y también habrían aumentado los riesgos de salud y mortalidad asociados a la contaminación del aire.

Queda incertidumbre política. La votación se celebra antes de que tome posesión el nuevo Congreso, y no está claro cómo afectarán a la ley las importantes victorias demócratas. Se esperaba que pasara en el Senado con apoyo mayoritariamente republicano, más algunos demócratas. Los demócratas podrían preferir esperar al año próximo, cuando controlarán ambas cámaras, aunque cualquier acuerdo necesitaría la firma de Trump, lo que limita lo que una ley futura podría cambiar.

La conclusión de la autora es que, con permisos más fáciles, habrá más energía limpia, pero también más gas natural; y aunque los precios podrían bajar, eso podría elevar la demanda eléctrica y, con ella, las emisiones totales. Simplificar el sistema es un objetivo valioso, pero en términos de emisiones sigue importando qué se construye exactamente.