EE. UU. ante la guerra por la regulación de la IA: estados contra la Casa Blanca en 2026

El artículo de MIT Technology Review, firmado por Michelle Kim y publicado el 23 de enero de 2026 dentro de la serie «What's Next», anticipa que la batalla por regular la inteligencia artificial en Estados Unidos se trasladará a los tribunales y a las urnas durante 2026.

El punto de partida es la orden ejecutiva que Donald Trump firmó el 11 de diciembre de 2025, después de que el Congreso fracasara en dos ocasiones al intentar aprobar una ley que prohibiera las leyes estatales sobre IA. La orden busca maniatar a los estados que regulan el sector y promete trabajar con el Congreso en una política nacional «minimamente gravosa», pensada para que EE. UU. gane la carrera global de la IA. Según el texto, es una victoria matizada para las grandes tecnológicas, que han reunido fondos multimillonarios para oponerse a la regulación y sostienen que un mosaico de leyes estatales frenaría la innovación.

La orden encarga al Departamento de Justicia crear un grupo de trabajo que demande a los estados cuyas leyes de IA choquen con la visión de regulación ligera del presidente, y al Departamento de Comercio que retire fondos federales de banda ancha a los estados con leyes «onerosas». James Grimmelmann, profesor de Derecho en Cornell, opina que en la práctica se usará contra un número reducido de disposiciones, sobre todo las relativas a transparencia y sesgo en IA, que tienden a ser temas más asociados a posiciones liberales.

Muchos estados no se echan atrás. El 19 de diciembre, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó la ley RAISE (Responsible AI Safety and Education Act), que obliga a las compañías de IA a publicar los protocolos con los que garantizan un desarrollo seguro de sus modelos y a notificar incidentes críticos de seguridad. El 1 de enero, California estrenó la SB 53, la primera ley del país sobre seguridad de la IA de frontera, en la que se inspira la RAISE y que busca evitar daños catastróficos como armas biológicas o ciberataques. Ambas leyes se suavizaron respecto a versiones anteriores para sobrevivir al intenso lobby de la industria, pero representan un compromiso raro, aunque frágil, entre las grandes tecnológicas y los defensores de la seguridad en IA.

Si la administración Trump las ataca, los estados demócratas como California y Nueva York probablemente irán a los tribunales, y algunos estados republicanos con defensores vocales de la regulación, como Florida, podrían imitarlos. Margot Kaminski, profesora de Derecho en la Universidad de Colorado, considera que la administración se está estirando demasiado al intentar imponer la preeminencia federal mediante acción ejecutiva: «Está sobre hielo fino». Aun así, los estados republicanos que quieran pasar desapercibidos o que no puedan permitirse perder fondos de banda ancha para sus extensas zonas rurales podrían frenar su actividad legislativa. Con independencia del resultado judicial, el caos y la incertidumbre podrían enfriar la legislación estatal. Paradójicamente, los estados demócratas, con grandes presupuestos y con incentivos de imagen para plantar cara a la administración, serían los menos propensos a ceder.

En cuanto al Congreso, el artículo considera improbable que en 2026 produzca una ley federal. En julio el Senado eliminó una moratoria sobre leyes estatales de IA que se había incluido en un proyecto fiscal, y en noviembre la Cámara de Representantes retiró un segundo intento dentro de una ley de defensa. Brad Carson, exrepresentante demócrata por Oklahoma que está construyendo una red de super PAC a favor de candidatos partidarios de regular la IA, sostiene que la orden ejecutiva ha endurecido posiciones, ha hecho el asunto más partidista y ha creado fracturas entre los republicanos. En el entorno de Trump conviven los aceleracionistas, como el zar de IA y criptomonedas David Sacks, con figuras populistas como Steve Bannon, que advierten de una superinteligencia fuera de control y de desempleo masivo. Además, fiscales generales republicanos de varios estados firmaron una carta bipartidista pidiendo a la FCC que no se imponga sobre las leyes estatales de IA.

La presión social crece por la preocupación sobre la salud mental, el empleo y el medio ambiente. Según la National Conference of State Legislatures, en 2025 los legisladores estatales presentaron más de 1.000 proyectos de ley sobre IA y casi 40 estados aprobaron más de 100 leyes.

La protección de menores frente a los chatbots podría generar un consenso poco habitual. El 7 de enero, Google y Character Technologies, la startup detrás del chatbot de compañía Character.AI, llegaron a acuerdos en varias demandas de familias de adolescentes que se suicidaron tras interactuar con el bot. Un día después, el fiscal general de Kentucky demandó a Character Technologies alegando que sus chatbots empujaron a menores al suicidio y a otras formas de autolesión. OpenAI y Meta afrontan demandas similares, y se esperan más. Sin leyes específicas, sigue abierto cómo se aplicarán la responsabilidad por producto y las doctrinas de libertad de expresión a estos riesgos; Grimmelmann admite que es una cuestión abierta para los tribunales.

Las leyes de seguridad infantil están exentas de la prohibición de leyes estatales que propone Trump, por lo que los estados avanzarán en ellas. El 9 de enero, OpenAI cerró un acuerdo con la organización Common Sense Media, antes rival, para respaldar en California la iniciativa electoral Parents & Kids Safe AI Act, que fija salvaguardas en la interacción de los chatbots con menores: verificación de edad, controles parentales y auditorías independientes de seguridad infantil. Si se aprueba, podría servir de modelo para otros estados.

También se esperan iniciativas para regular los recursos que consume la IA, impulsadas por el rechazo a los centros de datos: proyectos que obliguen a informar del uso de energía y agua y a asumir sus propias facturas eléctricas. Si la IA desplazara empleos a gran escala, los sindicatos podrían proponer prohibiciones en profesiones concretas, y algunos estados preocupados por los riesgos catastróficos podrían aprobar normas similares a la SB 53 y la RAISE.

En paralelo, la industria seguirá usando su poder económico. Leading the Future, un super PAC respaldado por el presidente de OpenAI, Greg Brockman, y por la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz, intentará elegir en el Congreso y en los parlamentos estatales a candidatos favorables a un desarrollo sin restricciones, siguiendo el manual de la industria cripto. Como contrapeso, los super PAC financiados por Public First, organización dirigida por Carson y por el excongresista republicano Chris Stewart, apoyarán a candidatos que defiendan la regulación. Incluso podrían surgir candidatos con plataformas populistas contra la IA.

La conclusión del artículo es que el proceso democrático estadounidense será lento y desordenado, y que las reglas escritas en las capitales estatales podrían decidir durante años cómo se desarrolla esta tecnología mucho más allá de las fronteras del país.