Sanders quiere prohibir la superinteligencia con penas de 20 años: legislar contra lo que aún no existe

Los hechos, según la información disponible: el senador Bernie Sanders ha registrado el 'Ban Artificial Super Intelligence Act' (ASIS Act), una propuesta que busca prohibir el desarrollo de inteligencia artificial que supere las capacidades cognitivas humanas, con penas de hasta 20 años de prisión. No es una moratoria voluntaria ni un régimen de licencias: es una prohibición con respaldo penal.

Conviene precisar el término. "Superinteligencia" designa un sistema que superaría a los humanos en prácticamente cualquier tarea cognitiva. No es lo que hay hoy en el mercado: los modelos frontera actuales son extraordinarios en dominios acotados —código, análisis, síntesis— y siguen fallando en fiabilidad sostenida, algo que vemos en el coste real de los agentes, donde buena parte del gasto se va en verificar y corregir sus propias salidas. Es decir, la ley apunta a una capacidad que nadie ha demostrado todavía.

Ahí está el problema de diseño, y es el mismo que venimos señalando: se legisla el pánico, no la capacidad real. Una prohibición penal necesita un umbral verificable, y "superar las capacidades cognitivas humanas" no lo es. ¿Quién certifica que un modelo lo ha cruzado? ¿En qué benchmark, con qué protocolo? Sin esa respuesta, la norma o es inaplicable o se convierte en una herramienta discrecional. Y una prohibición nacional no detiene el entrenamiento en jurisdicciones que no la firman; en el mejor de los casos desplaza el desarrollo, en el peor lo empuja fuera del alcance de cualquier supervisión occidental.

Dicho esto, no despachamos el gesto como ruido. Que un senador de este perfil llegue a proponer penas de cárcel mide la temperatura política real: hay una desconfianza de fondo hacia la concentración de poder en un puñado de laboratorios, y esa desconfianza está fundada. La regulación de la IA en Estados Unidos ya venía entrando por rendijas concretas —protección de menores, chatbots, aulas—; esta propuesta es la versión maximalista del mismo malestar.

Nuestra lectura: el daño que necesita gobierno hoy no es la superinteligencia hipotética, es el fraude y el espionaje automatizados por agentes, la opacidad de los sistemas que ya deciden sobre crédito o empleo, y el desplazamiento laboral en el back-office que ya está ocurriendo. Todo eso es regulable con umbrales medibles: auditoría, trazabilidad, responsabilidad del desplegador. Prohibir un futuro indefinido consume el capital político que haría falta para eso. Y a largo plazo el coste es mayor: la misma capacidad que asusta es la que puede acelerar el diagnóstico precoz, el diseño de fármacos y la abundancia material que libere tiempo humano. La respuesta sensata no es prohibir la potencia, es exigir que se demuestre segura antes de desplegarla —y construir ya la capacidad pública de verificarlo, que hoy no existe.