Sanders quiere prohibir por ley la superinteligencia: el problema es que nadie sabe definirla

Por Zendoric · 24 de septiembre de 2026.

El senador independiente Bernie Sanders (Vermont) y el representante demócrata Greg Casar (Texas) presentaron el miércoles en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley que prohibiría el desarrollo de "superinteligencia artificial" —el nivel hipotético en el que un sistema superaría a los humanos en prácticamente cualquier tarea cognitiva— y crearía una nueva agencia federal, bautizada como Departamento de IA, para vigilar los sistemas más avanzados. Así lo recogen de forma casi idéntica WCAX y The Seattle Times, que enmarcan el anuncio en un momento en que, según la propia noticia, algunos de los máximos responsables de la industria de la IA piden ellos mismos al Congreso que imponga barreras a la tecnología.

Que el proyecto no se limite a "regular" sino a "prohibir" es, en sí mismo, una declaración de intenciones. Sanders lleva años advirtiendo sobre el efecto de la automatización en el empleo y en la concentración de poder corporativo, una preocupación que ha plasmado en propuestas anteriores sobre reparto del trabajo y de sus beneficios. Casar es una de las voces más visibles del ala progresista de la Cámara de Representantes. Que ambos firmen juntos un texto de veda total, y no uno de límites graduales, sitúa la iniciativa en el extremo más duro del espectro regulatorio que se discute hoy en Washington.

Otra cobertura del mismo anuncio, la de Gizmodo, conecta la medida con el giro retórico de la Administración Trump, que habría empezado a usar el término "superinteligencia" en su propio discurso sobre IA. Si esa lectura es correcta, el proyecto de Sanders y Casar sería a la vez una propuesta legislativa y una réplica política al lenguaje elegido por la Casa Blanca para describir sus planes tecnológicos, más que un simple gesto técnico.

Conviene separar la ambición del texto de sus opciones reales. Con un Congreso controlado por los republicanos y una Casa Blanca volcada en expandir la infraestructura de IA del país frente a China, una ley que prohíbe de raíz una categoría entera de tecnología tiene, hoy, un recorrido legislativo cercano a cero. Es, sobre todo, una herramienta de posicionamiento: fija una postura reconocible mucho antes de tener opciones de convertirse en ley.

Pero el problema no es solo aritmética parlamentaria, es de definición. Ni la comunidad científica ni los propios laboratorios de IA han acordado qué umbral de capacidad separa un modelo "avanzado" de uno "superinteligente": no hay una métrica, un nivel de cómputo o una prueba de referencia común que marque esa frontera. Legislar la prohibición de algo que no se puede medir con precisión es arriesgado: o queda en un gesto simbólico difícil de aplicar, o se redacta con tanta amplitud que puede alcanzar a investigación beneficiosa —por ejemplo en el descubrimiento de fármacos— que nadie pretendía frenar.

En Zendoric venimos defendiendo que el problema de gobernanza real no es si la IA avanza, sino quién decide sus reglas y con qué evidencia. Desde ahí, la parte más aprovechable del proyecto de Sanders y Casar no es la prohibición sino la otra pata: una agencia federal dedicada, con capacidad técnica para vigilar de forma continua a los modelos de frontera, más parecida a lo que ya hacen la FDA con los medicamentos o la FAA con la aviación que a una veda genérica sobre un concepto sin definir. Ese modelo —agencia experta, revisión continua, criterios medibles— es defendible. Prohibir por decreto una tecnología que ni sus propios creadores saben acotar, mucho menos.

Que sean directivos de la propia industria, y no solo activistas o sindicatos, quienes reclaman barreras confirma algo que ya señalábamos: el negocio y el riesgo han dejado de percibirse como fuerzas opuestas dentro del sector. Eso no vuelve desinteresadas esas peticiones —pedir regulación también sirve para fijar el terreno de juego a favor de quien ya domina el mercado—, pero certifica que la preocupación por el ritmo de despliegue ha salido del terreno de los outsiders.

A largo plazo seguimos pensando que la trayectoria de la IA apunta hacia una sociedad con menos enfermedad, más salud y más abundancia material, y nada de eso cambia porque un senador proponga prohibir una palabra todavía mal definida. Pero el corto plazo sigue siendo duro, y la pérdida de empleo y la concentración de poder que preocupan a Sanders son reales, no un espantajo retórico. La respuesta más útil a ese miedo, sin embargo, no es prohibir lo que aún no sabemos nombrar con precisión: es construir la capacidad institucional —medible, técnica, permanente— para vigilarlo de cerca a medida que llega.