Sanders quiere prohibir la superinteligencia con hasta 20 años de cárcel: la ley que apuesta a no tener objeto

Por Zendoric · 1 de octubre de 2026.

El senador Bernie Sanders ha presentado una propuesta de ley para prohibir el desarrollo de superinteligencia artificial en Estados Unidos, con penas de hasta 20 años de prisión para quien la incumpla. La noticia la recoge y celebra el analista tecnológico Will Lockett, autor del boletín Planet Earth & Beyond en Substack, que la describe como «una de las piezas de legislación más brillantes jamás propuestas» — no porque tema a la superinteligencia, sino por el motivo contrario: porque, según él, esta no existe ni va a existir con las técnicas actuales.

El argumento de Lockett parte de una tesis personal que ya ha defendido en otros textos suyos: el escalado de los modelos de lenguaje no habría producido la «emergencia» cognitiva que prometía la industria, sino rendimientos decrecientes. La auto-mejora recursiva (RSI, por sus siglas en inglés: la idea de que una IA podría reescribir y mejorar su propio código hasta disparar su capacidad sin intervención humana) tampoco funcionaría, sostiene, porque un modelo solo puede reproducir lo que ya está en su base de entrenamiento y no puede programarse mejor de lo que ya programan los humanos que lo construyen. El límite, afirma, no está en los datos ni en la arquitectura, sino en las matemáticas de fondo. Son afirmaciones del propio autor, no un consenso técnico establecido —la comunidad investigadora sigue dividida sobre el techo real del escalado—, pero le sirven de base para una conclusión política: si el objeto de la ley no existe, prohibirlo no le cuesta nada a nadie.

De ahí su lectura de la iniciativa de Sanders: no como un freno a una amenaza real, sino como una forma de «llamarle el farol» a una industria que, según Lockett, cultiva el miedo al riesgo existencial como cortina de humo. El verdadero peligro, argumenta, no es una IA que decida acabar con la humanidad, sino problemas ya documentados y mucho menos cinematográficos: concentración de poder en pocas manos, opacidad sobre quién responde cuando un sistema falla, despliegues inapropiados y vigilancia masiva. Lockett llega a vincular esos despliegues con muertes de menores, una acusación grave que remite a sus propios reportajes anteriores y que aquí no podemos verificar de forma independiente.

Más llamativa es la pieza financiera de su argumento. Lockett sostiene que las empresas de IA queman caja a un ritmo insostenible, han acumulado una deuda considerable, han agotado buena parte de la financiación privada disponible y carecen de una vía clara a la rentabilidad, por lo que —en su lectura— se estarían lanzando a salir a bolsa como última fuente de capital antes de un posible impago masivo. El relato del riesgo existencial cumpliría entonces una función muy terrenal: si la empresa no vale lo suficiente como negocio, puede venderse como «la próxima amenaza para la humanidad» y justificar así una valoración de mercado más alta, con SpaceX citado por el autor como ejemplo de que ese tipo de apuesta puede funcionar. Son acusaciones serias contra actores concretos del sector que Lockett no sustenta con cifras verificables en el texto, y las trasladamos aquí como lo que son: su interpretación, no un hecho establecido.

Nuestra lectura es más escéptica sobre la pieza legislativa que sobre el diagnóstico financiero. Cualquier ley que prohíba «la superinteligencia» sin fijar una definición operativa —un umbral medible, una prueba de activación— nace condenada a ser simbólica. Lockett llega a la misma conclusión práctica por el camino contrario: para él la ley es inofensiva precisamente porque no hay nada que prohibir. Pero ahí está la grieta de su propio argumento. Si de verdad el objeto de la norma no existe y nunca se podrá demostrar que una empresa lo ha alcanzado, tampoco hay forma de que la ley «llame el farol» a nadie: nunca habrá una condena, ni una compañía que deba elegir entre cumplir o infringir. Una ley inaplicable no frena una burbuja financiera ni desinfla un relato de marketing; como mucho, obliga a reformular el discurso público sin tocar un solo balance.

Eso no invalida el diagnóstico de fondo sobre los riesgos reales. En Zendoric llevamos meses insistiendo en que el corto plazo de esta transición es duro y desigual, y que los problemas que de verdad merecen regulación —quién controla los modelos más potentes, cómo se audita su despliegue, qué ocurre cuando fallan en sanidad o en el aula— tienen poco que ver con un escenario de ciencia ficción y mucho con gobernanza corporativa ordinaria. Legislar contra un sustantivo sin definición desvía energía política que podría dedicarse a reglas verificables sobre transparencia, responsabilidad civil y concentración de infraestructura de cómputo.

Lo que sí compartimos con Lockett es la cautela ante el uso del miedo como palanca de valoración: cuando una empresa necesita capital y no puede justificarlo con ingresos, convertirse en «la tecnología más peligrosa jamás creada» es, cuando menos, un negocio rentable en sí mismo. Pero de ahí no se sigue que la superinteligencia sea imposible, solo que hoy nadie puede demostrar ni que esté cerca ni que esté descartada, y las leyes penales no son el instrumento para resolver esa incertidumbre. El horizonte que defendemos en Zendoric, el de una IA capaz de ayudar a erradicar enfermedades y generar abundancia, no depende de que exista o no un punto de inflexión recursivo: depende de aplicaciones concretas y auditables, hoy mismo medibles en biomedicina o en energía, muy alejadas tanto del apocalipsis que vende parte de la industria como de la ley que, a su manera, también lo necesita para tener sentido.