Cárcel y «pena de muerte corporativa» contra la superinteligencia: un proyecto de ley que regula el miedo, no la capacidad

Un proyecto de ley propone castigar el desarrollo de superinteligencia con dos sanciones extremas. La primera es la llamada «pena de muerte corporativa»: la disolución de las empresas que incumplan la prohibición. La segunda son penas de hasta 20 años de prisión para las personas que participen en ese desarrollo. La nota de la que partimos no aclara qué país o qué legislador impulsa el texto, ni cómo define la superinteligencia. Tampoco sabemos en qué punto de la tramitación está. Esas tres cosas importan mucho, y no conviene rellenar esos huecos con suposiciones.

Nuestra tesis es que este tipo de propuestas reflejan una preocupación legítima, pero regulan el pánico y no la capacidad real. Para condenar a alguien a 20 años de cárcel hace falta un delito definido con precisión. Hoy no existe un umbral técnico aceptado que diga dónde termina un modelo avanzado y dónde empieza una «superinteligencia». Sin ese umbral, la ley se convierte en inseguridad jurídica para cualquier laboratorio, o bien en papel mojado.

Nuestra lectura: el riesgo de la IA de frontera hay que gobernarlo, y en Zendoric lo hemos defendido muchas veces. Pero las herramientas que funcionan se apoyan en la evidencia. Hablamos de umbrales de capacidad medibles, auditorías independientes, vigilancia del modelo durante su uso real y obligaciones de transparencia. Una prohibición penal genérica puede expulsar la investigación hacia jurisdicciones con menos controles. El resultado sería menos supervisión, no más. Vigilaremos si el texto avanza y cómo define lo que pretende prohibir. Ahí se verá si es política seria o un gesto simbólico.