Cárcel y «pena de muerte corporativa» contra la superinteligencia: castigar la capacidad, no el daño

Un proyecto de ley propone la llamada «pena de muerte corporativa», es decir, la disolución de la empresa, para las compañías que violen una prohibición de desarrollar superinteligencia. Para las personas que participen en ese desarrollo, la propuesta contempla hasta 20 años de prisión. Así lo recoge la nota breve de la que partimos. El material disponible no incluye más detalles: no sabemos quién firma el texto, en qué jurisdicción se tramita ni cómo define «superinteligencia».

Esa última laguna es la más importante. «Superinteligencia» describe un sistema que supera a los humanos en casi cualquier tarea cognitiva. Hoy no existe una métrica aceptada que marque cuándo se cruza ese umbral. Una ley penal necesita definiciones precisas. Si no las tiene, deja inseguridad jurídica o deja a los tribunales un margen enorme para interpretar.

Nuestra lectura: la propuesta refleja una preocupación legítima. Hay que gobernar la frontera de la IA, y en Zendoric no la consideramos un riesgo menor. Pero el instrumento elegido encaja con lo que llevamos tiempo advirtiendo: el riesgo de legislar desde el pánico y no desde la capacidad que se ha medido. Las sanciones máximas no sustituyen a la evaluación técnica, las auditorías ni los umbrales verificables. Además, una prohibición unilateral puede desplazar el desarrollo a otras jurisdicciones en lugar de frenarlo. Una gobernanza basada en evidencia sería más eficaz que una amenaza penal sobre un concepto difuso. Sin el texto completo, conviene leer la noticia como una señal del clima político y no todavía como una norma con efectos reales.