Un proyecto de ley pide la «pena de muerte corporativa» por desarrollar superinteligencia: castigar sin saber medir

Según la nota de vídeo que recoge la noticia, un proyecto de ley plantea prohibir el desarrollo de superinteligencia con dos castigos muy duros. A las empresas que incumplan la prohibición les aplicaría la «pena de muerte corporativa», es decir, su disolución. A las personas que participen en ese desarrollo les impondría hasta 20 años de prisión. La nota no dice qué país o qué legislador lo propone, ni en qué fase de tramitación está. Por eso no podemos valorar qué posibilidades tiene de aprobarse.

Aun así, el planteamiento es importante. Hasta ahora, la regulación de la IA se movía en el terreno administrativo: multas, auditorías y obligaciones de transparencia. Llevarla al derecho penal, con penas de cárcel comparables a las de delitos graves, es un salto de escala. Indica que parte del debate político ya ve el riesgo de la superinteligencia como algo que hay que perseguir como delito, y no solo como algo que hay que gestionar.

Nuestra lectura: entendemos la preocupación de fondo, pero la herramienta nos parece la equivocada. Ninguna ley puede prohibir con seguridad jurídica algo que hoy no tiene una definición técnica aceptada. ¿Dónde está el límite de la «superinteligencia»? ¿En un benchmark (una prueba estandarizada de rendimiento), en la potencia de cálculo usada para entrenar o en una capacidad concreta? Sin un criterio medible, la norma corre dos riesgos. Puede quedarse en papel mojado. O puede castigar la investigación legítima por miedo a cruzar una línea que nadie sabe dónde está. Es justo el riesgo que venimos señalando: regular el pánico y no la capacidad real. La alternativa más sensata es una gobernanza basada en evidencia, con umbrales verificables, evaluaciones independientes y responsabilidad proporcional al daño demostrable. Esa vía sí reduce los riesgos sin cerrar el camino a una IA que, a largo plazo, puede ayudar a curar enfermedades y crear abundancia.