No es si usaste IA, es cómo: la Universidad de Chile estrena protocolo para formar a gestores públicos

Por Zendoric · 1 de octubre de 2026.

La Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile presentó el miércoles 30 de septiembre su "Política de Integración Crítica y Ética de la Inteligencia Artificial Generativa para la Formación en Asuntos Públicos", junto con un Protocolo que la aterriza en el aula. El documento nace de un proyecto FADOP dirigido por la directora de la escuela, Lorena Oyarzún Serrano, y se construyó con encuestas, grupos focales y conversaciones con docentes y estudiantes de Administración Pública y Ciencia Política, según detalla la universidad.

El Protocolo distingue cuatro niveles de uso de la IA generativa —preparación, revisión, delegación menor y delegación mayor— y los traduce en un sistema de semáforo que orienta si un uso está permitido, requiere resguardos o no está permitido. El criterio no es binario ("¿usaste IA, sí o no?"), sino relacional: depende de cómo ese uso se relaciona con la competencia que la actividad busca desarrollar o evaluar, según el documento. La política fija además un principio transversal —la responsabilidad no se delega a la herramienta— e incluye entre sus principios rectores la protección de datos y la igualdad de género, porque reconoce que estos sistemas pueden reproducir sesgos.

La urgencia del paso tiene un dato detrás: más del 80% de quienes ingresan por primera vez a la Universidad de Chile declara usar herramientas de IA generativa, según cifras citadas por la directora del Departamento de Pregrado, Andrea Greibe Kohn, durante el lanzamiento. Dicho de otro modo: la política no se adelanta a la práctica, llega después de ella. El vicerrector de Tecnologías de la Información, José Correa Haeussler, fue más allá y admitió que las universidades todavía no saben del todo "cuánto puede reemplazar o, por el contrario, potenciar" la IA a las capacidades que se busca formar, y situó el debate dentro de la discusión pública más amplia sobre cómo Chile debe regular estas tecnologías.

En Zendoric llevamos meses documentando cómo la IA reconfigura el empleo sector a sector, y la educación no es la excepción: gana el docente que aprende a orquestar la herramienta dentro de su disciplina, pierde el que se limita a transmitir contenido que un modelo ya genera igual o mejor. Lo que distingue a esta política es que aplica esa misma lógica a quienes, mañana, participarán en cómo el propio Estado chileno usa la IA —en el diseño y evaluación de políticas públicas, en el análisis de datos para la gestión pública—. La escuela que forma a los futuros gestores públicos se está poniendo normas a sí misma primero, y ese orden no es menor.

Es también gobernanza construida al revés de lo habitual: no es una ley nacional bajando criterios a un aula, sino una facultad que arma, con encuestas y grupos focales, un marco que luego —en línea con la responsabilidad que Correa Haeussler atribuye a la universidad pública en esa discusión— puede alimentar el debate regulatorio del país. Es el tipo de evidencia desde la práctica que defendemos frente al riesgo de legislar sobre el pánico: criterios graduales y revisables, en lugar de prohibiciones genéricas que nadie puede fiscalizar en la práctica.

La propia universidad lo trata como un punto de partida, no un cierre: la política queda sujeta a revisión conforme evolucione la tecnología. Su valor real se medirá en si se sostiene como instrumento vivo o se archiva tras el acto de lanzamiento. Para una generación de administradores públicos que entra a la carrera usando IA de forma masiva, la línea entre usar la herramienta y dejarse sustituir por ella será, cada vez más, la que separe un criterio profesional sólido de uno hueco.