Chicago prohíbe portátiles en 1º de Derecho: apuesta a que el criterio humano, no la IA, sigue valiendo el título

Por FindLaw · 15 de julio de 2026.

La Universidad de Chicago, una de las catorce facultades de Derecho más prestigiosas de EE.UU. (el llamado grupo T14), ha publicado "Rethinking Legal Education in the AI Era", su estrategia oficial para incorporar la inteligencia artificial a la formación de abogados. El documento, firmado por el decano Adam Chilton, es el resultado de tres años de trabajo de un comité interno creado poco después de la irrupción de ChatGPT en 2022. La escuela lo resume con una frase que funciona como programa: enseñar a los estudiantes a pensar "con, sin y sobre" la IA.

Los hechos concretos son más llamativos que la declaración de intenciones. En las asignaturas troncales de primer año —Procedimiento Civil, Responsabilidad Civil, Fundamentos del Derecho— quedan prohibidos portátiles, tabletas y móviles en el aula, con la única excepción de un alumno "escriba" que toma notas para el resto. Los exámenes se harán sin acceso a internet. La escritura jurídica de base seguirá enseñándose primero sin IA, y solo después se introducirán capas de asistencia, alineadas con lo que los alumnos encontrarán en sus prácticas de verano. Para los cursos superiores, el cambio más significativo es que todo estudiante deberá defender oralmente ante su profesor el trabajo de investigación sustancial que presente, una salvaguarda explícita contra la sustitución de la escritura propia por la de un modelo. Al mismo tiempo, la facultad ha comprado licencias de las principales herramientas de IA jurídica para sus clínicas legales, donde los estudiantes prestan asistencia real a personas que necesitan acceso a la justicia.

Lo interesante no es que una universidad regule el uso de IA —eso ya lo hacen casi todas—, sino la asimetría deliberada de su enfoque: cuanto más temprano y más fundacional es el aprendizaje, más se restringe la IA; cuanto más avanzado y aplicado, más se fomenta. Es una jerarquía pedagógica con una tesis implícita detrás: el criterio jurídico no se puede tercerizar desde el primer día, porque si se hace, no queda nada que verificar más adelante. La defensa oral de los SRP (substantial research papers) es la pieza más reveladora del plan: no intenta detectar el uso de IA con software forense, sino con la pregunta más antigua del oficio —¿puedes defender en persona lo que has escrito?—.

Esto conecta directamente con algo que ya hemos señalado al analizar el impacto de la IA en el sector legal: la pirámide del bufete se estrecha por la base. El trabajo de investigación, redacción de primeras versiones y revisión documental que tradicionalmente entrenaba a los abogados junior es precisamente el que la IA generativa hace mejor y más barato. El problema de fondo que UChicago Law está afrontando, aunque no lo diga en estos términos, es un problema de cadena de suministro del talento: si los estudiantes delegan en la IA las tareas que antes servían para formar el criterio, la profesión pierde su cantera de jueces, socios y fiscales con juicio propio dentro de una generación. Prohibir portátiles en primer año es un gesto casi anacrónico, pero funciona como cortafuegos deliberado en el tramo donde ese criterio se forja.

A corto plazo, esto es honestidad incómoda sobre una transición dura: los bufetes ya están reduciendo la contratación de asociados junior porque buena parte de su trabajo histórico es automatizable, y las facultades de Derecho tendrán que redefinir qué significa "estar preparado para ejercer" cuando gran parte del trabajo de entrada desaparece o se transforma. UChicago Law no finge que este problema no existe: reconoce que sus egresados usarán IA en sus prácticas de verano y en su vida profesional, y por eso arma también laboratorios de IA y licencias para las clínicas, en lugar de limitarse a prohibir.

A largo plazo, sin embargo, el diseño apunta en la dirección que sostenemos en Zendoric: la IA no elimina el valor humano, desplaza dónde reside. Si los abogados que salgan de programas como este dominan tanto el uso responsable de la IA como el criterio que un modelo no puede fingir de forma fiable, se abre la puerta a que el trabajo jurídico de calidad —incluido el acceso a la justicia que hoy es prohibitivamente caro para millones de personas— se abarate y se amplíe sin degradar su fiabilidad. Las clínicas legales con IA orientadas a asistencia jurídica gratuita son, en pequeño, un ensayo de esa abundancia: más capacidad de ayudar, sin que el criterio humano deje de ser el filtro final.

El riesgo, claro, es la fragmentación. Que una escuela T14 se mueva no garantiza que el resto lo haga, y un mosaico de estándares —algunas facultades exigiendo dominio crítico sin IA, otras entregando el título a quien simplemente sepa usar bien un asistente— podría erosionar la confianza en la credencial misma del título de abogado. Habrá que ver si los colegios de abogados y los exámenes de acceso a la profesión siguen el mismo criterio que Chicago está aplicando en el aula, o si la formación legal se divide en distintas velocidades según qué facultad —y qué generación de abogados— decidió tomarse en serio el problema a tiempo.