Florida y Texas frenan a Flock: cuando la vigilancia con IA se convierte en tema de campaña republicano

Por Reuters · 3 de septiembre de 2026.

El Departamento de Transporte de Florida ha anunciado que revocará los permisos existentes para las cámaras que leen matrículas de forma automática (ALPR, por sus siglas en inglés) en las autopistas estatales y que dejará de emitir otros nuevos. El motivo, según el memo publicado esta semana, es el "incremento exponencial" de estos dispositivos junto a "reportes preocupantes de mal uso, problemas de privacidad de datos y esquemas de vigilancia". La medida llega días después de que el gobernador Ron DeSantis afirmara que el uso de estas cámaras "se ha descontrolado".

La empresa detrás de la mayoría de estos despliegues es Flock Safety, con sede en Atlanta: una red de unas 120.000 cámaras con inteligencia artificial instaladas en calles y autopistas de 49 estados de EE.UU., que fotografían y registran automáticamente cada matrícula que pasa por delante. Se comercializan como herramienta para que la policía identifique y localice vehículos vinculados a delitos, pero están en el punto de mira por usos indebidos de algunos departamentos policiales y por vulnerar la privacidad de los ciudadanos, según las críticas que recoge la fuente.

Florida no es un caso aislado. La semana pasada, el gobernador de Texas, Greg Abbott —también republicano—, ordenó a las agencias estatales pausar la financiación de las cámaras de Flock. Que sean dos gobernadores republicanos, y no demócratas, quienes lideren el frenazo es el dato que más debería llamar la atención: rompe el guion habitual en el que la vigilancia policial se asocia a la derecha y su rechazo a la izquierda.

Flock Safety ha respondido defendiendo su tecnología como "herramienta crítica de seguridad pública" que ayuda a resolver delitos en Florida y en el resto del país, y ha pedido explícitamente que no se prohíba sino que se legisle: "apoyamos una legislación meditada y garantías sólidas de privacidad, transparencia y rendición de cuentas que permitan usar la tecnología de forma responsable sin renunciar a la capacidad de las fuerzas de seguridad de proteger a la gente", según su comunicado.

El trasfondo es más amplio que Florida o Texas. Junto a los centros de datos de inteligencia artificial, las cámaras de Flock se han convertido en un asunto candente de las elecciones de mitad de mandato de este año, con candidatos atacando a sus rivales por su vinculación con la tecnología. Una encuesta de Reuters/Ipsos cerrada este lunes retrata una sociedad dividida: un 38% de los estadounidenses apoya el uso de cámaras Flock en su comunidad, frente a un 47% que se opone. El apoyo es más fuerte entre republicanos (54% a favor), mientras que exactamente el mismo porcentaje de demócratas se declara en contra.

Esa paradoja —republicanos divididos entre sí, con gobernadores del partido enfrentados a su propia base más proclive al "orden"— es la pieza más interesante de esta historia. La vigilancia automatizada activa dos instintos que conviven mal dentro de un mismo electorado: la desconfianza hacia un Estado que registra los movimientos de cada coche, y la exigencia de herramientas contundentes contra el delito. Cuando la tecnología escala tan deprisa como lo ha hecho la red de Flock —hasta 120.000 cámaras en 49 estados—, esa tensión estalla antes de que exista un marco legal que la absorba.

Nuestra lectura es que este episodio encaja en un patrón que ya hemos visto con otras aplicaciones de IA que toman decisiones sobre personas: el problema no es tanto la capacidad técnica —leer una matrícula con precisión no es lo más sofisticado que hace la IA hoy— como la ausencia de guardarraíles proporcionales a la escala del despliegue. Sin límites claros sobre cuánto tiempo se conservan los datos, quién puede consultarlos, para qué casos y con qué supervisión judicial, cualquier red de sensores masiva termina generando el mismo ciclo: adopción acelerada, casos de uso indebido, backlash político y, finalmente, prohibiciones que a menudo son más torpes que la regulación que se pudo hacer a tiempo. Es el mismo guion, distinto actor, que hemos visto con la moderación algorítmica sin apelación o con agentes de IA desplegados sin capas de permisos adecuadas: la gobernanza llega después del daño reputacional, no antes.

A corto plazo, es previsible que más estados sigan el camino de Florida y Texas antes de las elecciones de noviembre, y que la propia Flock Safety acabe presionando por una legislación federal de mínimos —transparencia sobre qué se capta, auditorías de acceso, límites de retención— antes que enfrentarse a un mapa de prohibiciones estado por estado que fragmente su negocio. A largo plazo, herramientas de reconocimiento como esta pueden formar parte legítima de una sociedad más segura si el diseño institucional acompaña a la capacidad técnica: la vigilancia con IA no tiene por qué ser sinónimo de Estado opaco, pero solo dejará de serlo cuando la rendición de cuentas se construya con el mismo rigor con el que se construye el propio sistema de cámaras.