Flock Safety despide al 18% de su plantilla mientras crece el rechazo a sus cámaras de vigilancia con IA

Por Zendoric · 10 de octubre de 2026.

Flock Safety, la empresa de Atlanta que opera una de las mayores redes de cámaras lectoras de matrículas de Estados Unidos, prepara el despido de unos 270 empleados —el 18% de su plantilla de aproximadamente 1.500 personas—, según fuentes con conocimiento directo del plan citadas por Reuters en exclusiva. Los afectados dejarán la compañía a finales de octubre.

La empresa prefiere otro nombre para el ajuste. Su portavoz, Paris Lewbel, dijo a TechCrunch que se trató de un "generoso Programa de Separación Voluntaria" y no de un despido, y evitó precisar si el consejero delegado, Garrett Langley, u otros directivos asumieron recortes salariales como parte del plan.

El recorte llega en pleno examen público de su negocio. La red de Flock suma unas 120.000 cámaras con inteligencia artificial instaladas en calles y autopistas de 49 estados, que leen matrículas de forma automática y registran el paso de vehículos; la compañía vende ese sistema y el software asociado a más de 4.800 cuerpos policiales y cerca de 1.000 empresas. Florida prohibió en septiembre el uso de estas lectoras en sus autopistas estatales por motivos de privacidad, y Flock afronta en Virginia una demanda que sostiene que el despliegue masivo de sus cámaras equivale a vigilancia sin orden judicial, según Reuters. Inversores de Home Depot han pedido además que se revisen los acuerdos del minorista con proveedores de tecnología de vigilancia después de que trascendiera que datos de Flock se usaron en labores de control migratorio. TechCrunch ha reportado también fallos de ciberseguridad que dejaron cámaras de la red expuestas en internet, un hallazgo que el resto de medios comparados no recoge.

El respaldo financiero contrasta con ese clima. Fundada en 2017, Flock ha levantado más de 950 millones de dólares de capital riesgo, incluida una ronda de 275 millones liderada por Andreessen Horowitz en marzo que valoró la compañía en 7.500 millones. Una encuesta de Reuters/Ipsos sitúa el apoyo social a sus cámaras en el 38%, frente a un 47% que se opone, y Reuters ya describe el asunto como un arma política de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Lo distinto de este caso es a quién golpea el ajuste. La mayoría de las noticias sobre IA y empleo que cubrimos hablan de compañías que usan IA para prescindir de personal propio. Aquí ocurre lo contrario: una empresa de IA recorta su propia plantilla porque el producto que vende —vigilancia perimetral persistente conectada a policía y, según las denuncias, a control migratorio— ha topado con un límite social que ni el capital ni el crecimiento compraron. El dinero compró escala; no compró licencia social para esa escala.

Ese límite, además, no lo ha puesto una ley de IA. Lo ha puesto un estado que legisla sobre sus propias carreteras, una demanda que invoca garantías constitucionales ya existentes y accionistas que presionan a un cliente corporativo. Es la misma pauta que venimos observando en otros frentes regulatorios de la IA en Estados Unidos: el freno efectivo llega por el derecho y las instituciones que ya existían, no por normas diseñadas a medida para algoritmos. Para una tecnología que combina reconocimiento automático, bases de datos policiales y escala nacional, ese es probablemente el mecanismo de control más rápido disponible, mientras el debate legislativo específico sobre IA sigue rezagado.

Nuestra lectura es que este episodio no contradice la tesis de fondo de que la IA, bien dirigida, puede liberar tiempo y recursos para las personas: lo que ilustra es que esa promesa depende de qué se despliega y con qué consentimiento. Una IA que acelera el diagnóstico de una enfermedad o abarata la energía construye confianza social hacia toda la tecnología; una IA que normaliza el seguimiento permanente de vehículos sin que el ciudadano pueda opinar la erosiona, y esa erosión acaba pasando factura —en vetos estatales, demandas y, ahora, despidos— incluso a aplicaciones de IA que sí merecen el beneficio de la duda. Flock no anuncia el fin de la vigilancia algorítmica: con 4.800 clientes policiales, su producto seguirá creciendo en muchos sitios. Pero sí confirma que, a corto plazo, el principal riesgo para las empresas de IA no es solo técnico ni regulatorio en sentido estricto: es de legitimidad, y se mide en encuestas, en tribunales y, desde este mes, en nóminas.