PJM podrá cortar la luz a los centros de datos en EE UU para evitar apagones en la mayor red eléctrica del país

PJM Interconnection, el operador de la red eléctrica más grande de Estados Unidos —con territorio que va desde Virginia hasta Illinois y cubre a 67 millones de clientes—, ha anunciado que a partir de junio de 2027 podrá cortar temporalmente el suministro eléctrico a los centros de datos y otros grandes consumidores durante situaciones de escasez de energía. La medida llega después de que una subasta para añadir nueva capacidad de generación no lograra cubrir las necesidades previstas, y PJM ya está organizando otra subasta adicional para intentar sumar más capacidad.

La decisión no afectará a cualquier instalación: los cortes solo se aplicarán a centros de datos de 50 megavatios o más. Se trata, en esencia, de una extensión de los programas de respuesta a la demanda ("demand response"), un mecanismo que existe desde hace décadas y que tradicionalmente ha incluido a grandes usuarios industriales como fábricas. Como en esos programas, los clientes afectados recibirán compensación económica, y el aviso previo antes de un corte podría oscilar entre 30 minutos y varios días, dependiendo de cómo evolucione la demanda prevista.

El trasfondo de esta medida es el ritmo desbordante de construcción de centros de datos, que está poniendo contra las cuerdas a los operadores de red a la hora de garantizar suministro suficiente. Según el artículo, se espera que hacia 2035 los centros de datos consuman cuatro veces más electricidad que en la actualidad, un salto de demanda que ayuda a explicar por qué PJM ha tenido que recurrir a este tipo de cortes selectivos como válvula de seguridad para evitar apagones generalizados en toda la red.

Una consecuencia previsible de esta política es que empujará a muchos centros de datos —tanto nuevos como ya existentes— a desarrollar sus propias fuentes de energía in situ, para no depender de una red que puede cortarles el suministro en momentos críticos. Aquellos operadores que no inviertan en generación propia probablemente recurrirán a generadores de respaldo, que suelen ser más caros de operar y, con frecuencia, más contaminantes. Los generadores diésel son especialmente populares en el sector porque el combustible es fácil de conseguir y se puede almacenar en el propio recinto. La normativa federal permite usar estos generadores diésel hasta 50 horas al año en eventos de respuesta a la demanda, y hasta 100 horas al año en situaciones como emergencias o mantenimiento.

Este asunto de los generadores diésel no es meramente teórico: el propio artículo señala que, esta misma semana, Vantage Data Centers ha sido señalada por su aparente coordinación con reguladores medioambientales de Virginia para sembrar dudas sobre un informe que advertía de que los generadores diésel de respaldo podrían contribuir a decenas de millones de dólares en daños sanitarios anuales para las personas que viven cerca de un centro de datos de 96 megavatios en el norte de Virginia. El caso ilustra la tensión creciente entre la expansión acelerada de la infraestructura de IA y las comunidades que conviven con sus externalidades ambientales.

PJM, por su parte, ya venía siendo objeto de críticas en los últimos meses por su gestión tanto de la nueva capacidad de generación como de la llegada de grandes nuevos consumidores, entre ellos los centros de datos. El artículo apunta que, durante el último año, los precios mayoristas de la electricidad en su territorio casi se han duplicado, y que el propio supervisor independiente del mercado de PJM ha atribuido buena parte de ese incremento a los centros de datos.

En conjunto, la noticia retrata un punto de inflexión en la relación entre la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial y las redes eléctricas que la sostienen: cuando ni siquiera la mayor red del país logra subastar suficiente capacidad nueva para seguir el ritmo de la demanda, la respuesta pasa por racionar selectivamente a quienes más consumen, trasladando a la industria tecnológica —y, en última instancia, a las comunidades cercanas a sus instalaciones de respaldo— parte del coste de esa escasez.