Nueva York se convierte en el primer estado de EE.UU. en frenar la construcción de grandes centros de datos

Nueva York ha dado un paso sin precedentes en Estados Unidos: la gobernadora Kathy Hochul firmó una orden ejecutiva que detiene temporalmente la aprobación de permisos para nuevos centros de datos de gran tamaño, definidos como aquellos de 50 megavatios o más. La medida podría afectar a más de una docena de proyectos que estaban en trámite, ya que el Departamento de Conservación Ambiental del estado dejará de emitir cualquier permiso que no estuviera ya completado antes del anuncio. Es la primera vez que un estado estadounidense pone en práctica una moratoria de este tipo, aunque la idea llevaba tiempo debatiéndose tanto a nivel estatal como federal.

La justificación oficial combina preocupaciones ambientales y sociales muy concretas. Hochul fue tajante en su comparecencia en Brooklyn: 'el progreso no debería llegar con una factura de la luz más alta, con el agua desaparecida o con contaminación acústica'. Añadió que estos centros de datos 'solo pueden construirse, solo deberían construirse en los lugares que los quieran', y que nunca estarán exentos de la zonificación ni de las aprobaciones locales. Este discurso conecta con una tendencia de fondo: hace apenas unos años los estados competían por atraer centros de datos como motor de desarrollo económico, pero el sentimiento público ha cambiado a medida que los proyectos han crecido en tamaño y en impacto sobre la red eléctrica, el agua y el suelo agrícola de las comunidades cercanas.

Los datos de opinión pública citados en la noticia son reveladores del clima actual hacia la inteligencia artificial en general. Según un informe reciente de Pew Research, solo el 10% de los estadounidenses se muestra más entusiasmado que preocupado por el uso de la IA en la vida diaria, y apenas un 23% cree que la tecnología tendrá un impacto positivo en cómo la gente hace su trabajo. Menos de una cuarta parte del público piensa que la IA impulsará la economía, y menos de un tercio confía en que el gobierno vaya a regular la tecnología de forma responsable. A esto se suma que dos tercios de los encuestados en otra encuesta expresaron preocupación por que los centros de datos disparen los precios de la electricidad, y que otra encuesta encontró que la gente preferiría tener un almacén de Amazon en su vecindario antes que un centro de datos. En conjunto, estas cifras dibujan un escepticismo social hacia la IA que va mucho más allá de la infraestructura física y que probablemente está alimentando el respaldo político a medidas como la de Hochul.

La orden ejecutiva no es una medida aislada, sino que se inserta en un proceso legislativo más amplio en Nueva York. El mes pasado, la legislatura estatal ya había avanzado un proyecto de ley para pausar durante un año la construcción de centros de datos de más de 20 megavatios, y otro proyecto, todavía en comisión, plantea una moratoria de tres años. La propia gobernadora ha planteado medidas adicionales para cuando se levante la pausa: estudia exigir que los centros de datos contribuyan a un fondo de apoyo a la red eléctrica estatal, y quiere impedir que los centros de datos a hiperescala reciban beneficios fiscales. La moratoria actual se levantará cuando el estado complete un proceso de revisión ambiental específico para centros de datos, un proceso que Hochul calcula que tomará aproximadamente un año.

El contexto de crecimiento de estas instalaciones ayuda a entender la urgencia de la respuesta regulatoria. El tamaño medio de los centros de datos construidos en los últimos años se ha mantenido por debajo de los 100 megavatios, pero los proyectos actualmente en desarrollo apuntan a ser mucho mayores debido al aumento de la demanda de cómputo que exige la IA. Según BloombergNEF, hasta 2030 casi una cuarta parte de los nuevos centros de datos superará los 500 megavatios, impulsados por la creciente inversión en inteligencia artificial. Es precisamente ese salto de escala —de instalaciones que antes se medían en decenas de megavatios a otras que rondan varios cientos— lo que ha tensionado la red eléctrica y otros recursos regionales como el agua y las tierras de cultivo, y lo que explica que el umbral elegido por Hochul (50 megavatios) sea deliberadamente bajo para capturar buena parte de los proyectos nuevos.

Nueva York no actúa en el vacío: el debate sobre moratorias a los centros de datos se ha planteado también en otros lugares, aunque con resultados dispares. En diciembre, más de 230 organizaciones pidieron una pausa nacional en la construcción de nuevos centros de datos. El senador de Vermont Bernie Sanders también ha propuesto una moratoria a nivel nacional, aunque sin apenas avances. Más recientemente, la legislatura de Maine aprobó una ley que habría pausado la construcción de nuevos centros de datos hasta el 1 de noviembre de 2027, pero la gobernadora Janet Mills la vetó. Este mosaico de intentos fallidos o estancados en otros estados subraya lo excepcional de que Nueva York haya conseguido llevar la medida a la práctica.

La decisión de Hochul también abre la puerta a un choque político con la administración Trump, que hasta ahora ha respaldado activamente el desarrollo de centros de datos. El mes pasado, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), dirigida por un nombramiento de Trump, instruyó a los operadores de red para que desarrollen 'carriles rápidos' especiales que agilicen las interconexiones de los centros de datos. La contraposición entre un gobierno federal que acelera trámites y un estado que los congela anticipa una fricción regulatoria que probablemente se repetirá en otros estados a medida que crezca la presión ciudadana sobre el consumo energético e hídrico de la infraestructura de IA.

En definitiva, el caso de Nueva York marca un precedente que otros estados observarán de cerca: es la primera vez que la preocupación pública sobre el coste ambiental y energético de la IA se traduce en una parálisis administrativa real sobre construcciones ya en marcha, y no solo en propuestas legislativas o debates de opinión. Para la industria de la IA, que depende de una expansión rápida y continua de infraestructura de cómputo, la señal es clara: el respaldo político incondicional que los centros de datos disfrutaban hace pocos años ya no puede darse por sentado, y la aceptación social de estas instalaciones dependerá cada vez más de compromisos concretos sobre costes energéticos, uso del agua y beneficios fiscales.