Una coalición de 17 países quiere que los niños opinen sobre la IA que los educa y vigila

Por Mirage News · 8 de julio de 2026.

La Coalición para los Derechos y la Protección de la Infancia en la Era de la Inteligencia Artificial se presentó esta semana en Ginebra, en el marco del Diálogo Global de la ONU sobre Gobernanza de la IA. La integran seis agencias de Naciones Unidas —entre ellas UNICEF, UNESCO, la UIT y la oficina de derechos humanos OHCHR— junto con 17 gobiernos (Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, República Checa, El Salvador, Estonia, Francia, Indonesia, Italia, Japón, Kenia, Luxemburgo, Marruecos, Países Bajos, Corea del Sur y España) y la Comisión Europea. Su punto de partida es la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado del planeta, y su propuesta central es un cambio de enfoque: los menores no deberían ser tratados como usuarios que se protegen a posteriori, sino como titulares de derechos cuya voz debe incorporarse desde el diseño mismo de los sistemas de IA. La iniciativa llega tras el llamamiento del secretario general de la ONU a un 'Pacto de Seguridad Infantil para la IA' en la apertura del diálogo.

Es una declaración de intenciones, no un tratado. Los miembros se comprometen a compartir evidencia y buenas prácticas y a impulsar que la opinión de los niños 'informe genuinamente' las decisiones sobre sistemas que les afectan. No hay, al menos en lo que trasciende del lanzamiento, mecanismos de sanción, auditorías obligatorias ni plazos concretos. Y llama la atención, sobre todo, quién no está en la lista: ni Estados Unidos ni China, los dos países donde se concentra la práctica totalidad del desarrollo de los grandes modelos que estos niños usarán a diario, han firmado. Sin las dos superpotencias de la IA, la coalición corre el riesgo de convertirse en un foro de coordinación entre regulados sin regular a quienes de verdad fabrican la tecnología.

Dicho esto, el diagnóstico de fondo es acertado y honesto sobre el problema de corto plazo: hoy los menores crecen dentro de sistemas —recomendadores, tutores de IA, asistentes conversacionales— diseñados sin ellos en mente, y las salvaguardas suelen llegar después del daño, no antes. Que gobiernos con enfoques regulatorios muy distintos (de la UE a Indonesia, de Japón a Kenia) se sienten a compartir un marco común basado en un tratado de derechos humanos ya consolidado es, en sí mismo, un paso relevante: da un lenguaje jurídico compartido —el 'derecho a ser escuchado'— sobre el que exigir cuentas a las empresas, incluso si estas no han firmado nada.

Nuestra lectura es que este tipo de coaliciones son el andamiaje necesario, aunque insuficiente, para que la promesa de largo plazo de la IA en educación —tutores personalizados, acceso universal a conocimiento de calidad, detección temprana de dificultades de aprendizaje— no se construya sobre una generación de usuarios cuyos datos, atención y bienestar fueron variables de ajuste. La abundancia que puede traer la IA educativa solo se sostiene si la infraestructura de confianza se construye ahora, con reglas claras sobre qué algoritmos deciden qué ve un niño y por qué. El riesgo de corto plazo es que declaraciones como esta se queden en gesto diplomático mientras la industria avanza a otro ritmo; la oportunidad de largo plazo es que sienten precedente para que, cuando la presión regulatoria llegue en serio —y llegará, empujada por padres, educadores y los propios adolescentes—, exista ya un marco de referencia con legitimidad internacional en lugar de partir de cero país por país.