Delaware estudia crear empresas dirigidas por agentes de IA y el Congreso de EE. UU. abre una investigación

Delaware ultima una propuesta para permitir que empresas sean gestionadas por agentes de inteligencia artificial, sin ningún humano al frente de la operativa diaria. El plan ha provocado la reacción del congresista republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, que en una carta al gobernador Matt Meyer sostiene que la figura serviría para que los propietarios humanos eludan responsabilidades por acciones imprudentes o dañinas de la IA. La información procede de un artículo de Ars Technica fechado el 27 de octubre de 2026.

La nueva figura se llamaría Artificial Intelligence Company (AIC). Según el borrador de ley, que podría presentarse a la legislatura estatal, una AIC puede tener cualquier fin lícito, con o sin ánimo de lucro, salvo la actividad bancaria. El texto prevé que se pueda designar a agentes de IA para gestionar el negocio y los asuntos de la empresa y para llevar a cabo su actividad. El proyecto incluye además un «sandbox» regulatorio de 30 meses para probar la idea.

En julio de 2026, la secretaria de Estado de Delaware, Charuni Patibanda-Sanchez, presentó la propuesta en un artículo de opinión en Fortune, coescrito con John Nay, fundador y director ejecutivo de Norm Ai. Allí sostenía que nada en la legislación de varios estados impide con claridad que un agente de IA opere una empresa sin humanos al mando. Defendía que la respuesta no es prohibir la actividad, sino «envolver la IA en forma jurídica»: dar a un sistema autónomo una identidad legal reconocible para que la responsabilidad y los daños tengan a quién imputarse.

Según ese texto, una AIC sería una entidad legal separada, gestionada en el día a día por un agente de IA. Podría demandar y ser demandada en su propio nombre, poseer y disponer de bienes y contraer obligaciones. Tendría un único miembro, persona o entidad, responsable de mantenerla adecuadamente capitalizada, y debería llevar un registro de su actividad. Ese miembro quedaría protegido frente a las deudas de la AIC, salvo que no la capitalice o la use para cometer fraude o una infracción deliberada de la ley.

El borrador añade que el miembro no responde de ningún acto u omisión de la AIC, ni de lo que otra persona haga o deje de hacer siguiendo sus instrucciones. Las excepciones son el uso de la AIC para fraude o violaciones deliberadas de la ley, y los casos en que el miembro permitió o provocó que la empresa operase sabiendo, o debiendo saber, que la conducta quedaba fuera de su declaración de propósito. Comer interpreta que esto da a quien capitaliza la AIC protección frente a los daños que el control de la IA cause a socios comerciales, consumidores y al público.

La carta de Comer pide documentos sobre el desarrollo de la propuesta y los posibles riesgos para la seguridad de la IA. Alega además que la iniciativa podría proteger a grandes empresas de IA y a sus inversores, y a fuerzas poco transparentes que buscarían una captura regulatoria anticompetitiva. Sugiere que la investigación podría alimentar propuestas legislativas federales para limitar las iniciativas regulatorias estatales sobre IA. El gabinete de Meyer dijo a Ars que ha recibido la carta y la está revisando. La oficina de Patibanda-Sanchez declinó comentar y remitió a la oficina del gobernador.

La propuesta tiene un trasfondo económico. Delaware es el hogar legal de cerca de dos tercios de las empresas del Fortune 500, y la secretaria de Estado afirma que en 2025 se constituyeron allí 334.461 nuevas entidades. Patibanda-Sanchez reconoció en junio de 2026, en una reunión de la Comisión de IA de Delaware, que una nueva forma societaria sería un gran beneficio para los ingresos del estado por las tasas de constitución.

El origen político se remonta a abril de 2026, cuando Mark Cuban sugirió en redes sociales que un gobernador que quisiera aumentar ingresos permitiese constituir empresas mediante un agente de IA y stablecoins. La cuenta oficial de Meyer respondió «On it!». En julio de 2025, Meyer ya había firmado una resolución legislativa para crear un marco de sandbox regulatorio para tecnologías que usen IA agéntica. La Comisión de IA de Delaware formó después un subcomité de sandbox, según su informe anual de diciembre de 2025. El marco para la participación de la industria se desarrolla como una colaboración público-privada liderada por Norm Ai, empresa que dice fabricar agentes de IA legales para empresas.

El principal redactor del proyecto, John Mark Zeberkiewicz, abogado del despacho Richards Layton and Finger, declaró a Spotlight Delaware que la medida permitiría a los agentes de IA realizar casi cualquier actividad empresarial, desde servicios de programación hasta firmar contratos o presentar y defender demandas. Según él, «cualquier cosa que una empresa pueda hacer, la AIC puede hacerla como empresa». Ese medio indicó que el proyecto probablemente se presentaría en la legislatura el próximo año.

Los expertos son críticos o cautelosos. Andrew Baker, profesor de Derecho en UC Berkeley, dijo al Financial Times que el plan parece un escudo de responsabilidad excesivamente generoso, injustificado sin una base política que no se ha desarrollado ni justificado bien. Martin Petrin, profesor de Derecho en la York University de Toronto, dijo a Bloomberg que otros estados probablemente avanzarán con propuestas similares para competir y que un marco federal ayudaría a abordar los problemas de seguridad y una carrera a la baja regulatoria.

El debate enfrenta dos visiones. Los promotores sostienen que dar personalidad jurídica a los agentes autónomos los hace visibles, trazables y responsables, y que el sandbox permitirá probar el modelo con supervisión, con capital vinculado a la responsabilidad y capacidad de apagar el sistema. Los críticos temen que se creen escudos de responsabilidad para los dueños y que Delaware impulse una competencia entre estados a la baja. De momento no es ley: es un borrador a la espera de su posible presentación en la legislatura estatal, y ya afronta presión federal.