Del chatbot al Despacho Oval: el Congreso pide cuentas por el uso de IA en decisiones de Trump, y el problema es de registro

Por FedScoop · 29 de octubre de 2026.

Los representantes demócratas Jamie Raskin (Maryland) y Robert Garcia (California), miembros de mayor rango de los comités de Justicia y de Supervisión del Congreso, enviaron el jueves una carta a Donald Trump. Piden un briefing a puerta cerrada con un representante de la Casa Blanca antes del 11 de noviembre.

Quieren saber varias cosas: las políticas de conservación de documentos para las entradas y salidas de IA, los contratos con proveedores, los sistemas para detectar incumplimientos y las salvaguardas de ciberseguridad y control de acceso a los datos. También piden información sobre incidentes previos con chatbots que hayan generado preocupación.

La carta se apoya en informaciones públicas, según los propios legisladores. Afirman que en diciembre de 2025, en una reunión en el Despacho Oval con Elon Musk, Trump «pasó horas» hablando con Grok, el asistente de xAI, y le habría pedido opinión sobre cómo reaccionarían los venezolanos a la captura de Nicolás Maduro. Es una afirmación de los congresistas basada en esas informaciones; el artículo no aporta confirmación independiente.

Raskin y Garcia citan además, como ejemplos de uso problemático de la IA, el ataque militar estadounidense a una escuela primaria iraní, que según la carta causó la muerte de 123 niños, y un casi-incidente en el que se preparaba la interceptación de un barco mal identificado y que, dicen, «podría haber precipitado una guerra con China». Conviene subrayar que son los legisladores quienes vinculan esos episodios con la IA; la fuente no detalla pruebas de esa conexión, y por eso la petición es de información, no de conclusiones.

El argumento legal es la Ley de Registros Presidenciales de 1978 (Presidential Records Act), que convirtió los documentos oficiales del presidente de propiedad privada en pública. Los congresistas sostienen que lo que Trump y su equipo escriben a un chatbot, y lo que este responde, está bajo esa ley.

El contexto institucional es difuso. Los Archivos Nacionales (NARA) indican que las agencias deben conservar el uso de IA y sus resultados como registro si se apoyan en ellos para decidir, para gestionar asuntos oficiales o si los incorporan a un sistema de la agencia. Pero corresponde a cada agencia decidir cuándo se pasa de la comodidad personal a algo digno de registro federal. Es una zona gris abierta a interpretaciones muy distintas.

Grok, mientras tanto, avanza en la administración. Según FedScoop, el Departamento de Agricultura respalda su búsqueda de la autorización FedRAMP High (el nivel más exigente del programa federal de certificación de seguridad en la nube), y Salud (HHS), Tesoro y la Oficina de Gestión de Personal (OPM) lo usan en distinto grado. En febrero, una coalición de más de 30 organizaciones civiles denunció ante la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) fallos «persistentes y crecientes» de Grok en precisión, neutralidad y seguridad. La carta de los congresistas emplea además un lenguaje muy duro sobre el chatbot, y se inscribe claramente en una batalla política en año electoral.

**Nuestra lectura.** Descontemos el tono partidista: la pregunta de fondo es legítima y sobrevivirá a esta legislatura. Cuando un jefe de Estado consulta a un modelo, ese intercambio es potencialmente un insumo de decisión, y hoy no hay una regla clara que lo trate como tal. Un historial de conversaciones puede ser tan revelador como un memorando, y mucho más fácil de borrar.

Hay dos riesgos distintos que no deben mezclarse. El primero es de gobernanza: trazabilidad, retención y auditoría. Es resoluble con normas simples, como registrar por defecto cualquier uso que influya en una decisión oficial. El segundo es de calidad: qué modelo, con qué sesgos y con qué incentivos de su fabricante. Aquí el conflicto de intereses es evidente si el proveedor del asistente es, además, una figura con relación personal y política con quien lo usa. Medir antes que fiarse del marketing aplica con más razón cuando hay vidas en juego.

También hay que ser honestos con el corto plazo: la IA ya está entrando en operaciones críticas más rápido que los controles, y los hechos que citan los legisladores, de confirmarse, apuntan a la necesidad de mantener humanos con criterio real en el circuito, no como mero sello. Lo advierte incluso un responsable de TI del USDA citado por FedScoop en otro artículo, para quien mantener a un humano en el bucle es «inviable» por los recortes de personal.

No es un argumento contra la IA en el Estado. A largo plazo, asistentes bien gobernados pueden mejorar la calidad de las decisiones públicas, desde sanidad hasta logística. Pero esa promesa depende de que la confianza se construya antes que la dependencia: registros auditables, proveedores evaluados con rigor y responsabilidad humana clara. Quien gane esta discusión sobre el papel, aparentemente árido, de los registros definirá si la IA en el poder es una herramienta supervisable o una caja negra con acceso al Despacho Oval.