40 fiscales generales vigilan la quiebra de Character.AI: las conversaciones con menores no son un activo más

Por 3B Media News · 23 de octubre de 2026.

Una coalición de 40 fiscales generales estadounidenses, con el de Tennessee, Jonathan Skrmetti, al frente, ha presentado un escrito formal en el proceso de quiebra (Capítulo 11) de Character Technologies, Inc., creadora del chatbot Character.AI. Se trata de una «Notice of Interest and Reservation of Rights», un aviso de interés con reserva de derechos.

Según la información de 3B Media News, el objetivo es que la empresa no pueda eludir las leyes de protección del consumidor ni la rendición de cuentas ante los reguladores durante su reestructuración o una eventual venta de activos. El Capítulo 11 es el procedimiento de EE. UU. que permite reorganizar una empresa insolvente o venderla por partes.

Los fiscales, según la misma fuente, señalan dos frentes. El primero son las prácticas de seguridad de la plataforma. El segundo es el manejo de datos sensibles: sostienen que Character.AI ha recopilado conversaciones muy personales, confidencias sobre salud mental e información privada de millones de usuarios, niños incluidos. El escrito advierte además de que los chatbots de compañía pueden fomentar la dependencia emocional y exponer a menores a riesgos. Skrmetti afirmó que los desarrolladores de IA deben responder por la seguridad y la privacidad de los usuarios sea cual sea su situación financiera.

El material disponible es escueto. No detalla cifras de la quiebra, el calendario judicial ni los compradores posibles. Tampoco concreta qué prácticas concretas se cuestionan. Lo que sigue es, por tanto, nuestra lectura, no un resumen del expediente.

**Nuestra lectura.** Cuando una empresa quiebra, sus datos pasan a ser un activo que puede venderse al mejor postor. Aquí el activo son confesiones íntimas de personas vulnerables, y la pregunta es si el comprador heredará las obligaciones con que se recogieron. Los fiscales intentan que la respuesta sea sí: que la responsabilidad acompañe a los datos y no se quede en la sociedad en quiebra. Conviene recordar que, por ahora, se trata de una reserva de derechos y no de una acusación probada: las preocupaciones son las de los fiscales y no constan hallazgos judiciales en el material.

En general, el sector de la IA de compañía se financia con suscripciones y microtransacciones y compite por retener usuarios. Eso crea incentivos que casan mal con la protección de menores. Si el mercado no sostiene la seguridad, la regulación acaba llegando por la vía menos cómoda: la judicial y la estatal, como ocurre aquí.

El caso conecta con una tesis que repetimos: un compromiso de seguridad vale lo que valen sus consecuencias. Una quiebra es la prueba de fuego, porque es el momento en que desaparece el incentivo económico para cumplir. Que 40 estados actúen a la vez sugiere que existe consenso político, poco habitual en EE. UU., sobre proteger a los menores frente a esta tecnología.

A corto plazo, la transición es incómoda: hemos desplegado a escala compañeros artificiales sin entender bien sus efectos emocionales y sin normas claras sobre los datos. A largo plazo, una IA que acompañe, enseñe y cuide puede ser una de las grandes ventajas de la abundancia que perseguimos. Pero llegar ahí exige que la confianza se construya antes que el negocio, con datos tratados como un depósito de confianza y no como un inventario liquidable.