El proyecto de ley de Anthropic para el Congreso: un regulador con las manos atadas y un freno que tarda 72 horas

Por Crowdfund Insider (con referencias a Politico y Mashable) · 18 de octubre de 2026.

Anthropic ha estado haciendo circular de forma privada, entre legisladores en Capitol Hill, un borrador de ley federal para sistemas de IA de frontera. Según Politico, que obtuvo el documento confidencial y habló con tres personas al tanto de las conversaciones, el texto sigue de cerca el Advanced AI Framework, el marco interno que la empresa promueve ante autoridades federales y estatales desde mediados de 2025. Un portavoz de Anthropic lo describió como reflejo de «políticas sensatas» que Congreso debería aprobar.

El núcleo del borrador es el umbral de intervención. Según lo publicado, el Gobierno solo podría bloquear el lanzamiento o el uso continuado de un modelo ante un riesgo previsible e inminente de más de 1.000 millones de dólares en daños o de muerte o lesiones graves para más de 50 personas. Además, el daño debería venir de una de tres vías: la creación o liberación de un arma biológica, que el modelo escape o eluda los controles de su desarrollador, o un ciberataque.

El mecanismo de aplicación también es estrecho. Evaluadores independientes, registrados en el Departamento de Comercio, harían revisiones periódicas de los laboratorios y de sus modelos más avanzados. Los desarrolladores podrían pagarles, siempre que el cobro no dependa del resultado. Si detectan un «riesgo enumerado inminente», deben avisar a Comercio en 72 horas, y Comercio podría pedir a un juez federal del Distrito de Columbia que suspenda el modelo. El texto impediría que cualquier otro departamento, agencia o funcionario federal suspenda el desarrollo, el despliegue o el uso interno de un modelo.

El borrador incluiría además la prevalencia sobre ciertas exigencias estatales de divulgación de riesgos, evaluación por terceros y notificación de incidentes críticos. A cambio, exigiría marcos de seguridad, informes de transparencia, protección a denunciantes y reporte de incidentes a Comercio. Según el medio, parte del lenguaje recuerda a la SB 53 de California, que Anthropic apoyó.

El contexto legislativo ya está concurrido. Hay iniciativas bipartidistas en ambas cámaras, como la FRONTIER Act en la Cámara de Representantes (impulsada por Lori Trahan y Jay Obernolte) y negociaciones en el Senado con John Thune, Amy Klobuchar y Ted Cruz. Según la fuente, algunos defensores de la seguridad y legisladores quieren un papel más amplio del Estado en la revisión de modelos.

La investigadora de gobernanza de IA Mana Onishi plantea la duda central: si un sistema avanzado empezara a mostrar comportamiento autónomo peligroso, ¿habría autoridad clara y medios técnicos para frenarlo en tiempo real? Los disparadores estrechos, las vías de daño limitadas y el reducido número de actores que pueden pedir amparo judicial dejan abierta la cuestión de la velocidad de respuesta.

**Nuestra lectura.** Que una empresa proponga la regulación que quiere cumplir no es nuevo ni, en sí, ilegítimo. Es más: un texto concreto sobre la mesa, con transparencia obligatoria, protección a denunciantes y evaluadores externos, es mejor que el vacío. Pero conviene leerlo como lo que es: una propuesta de parte, y no se puede afirmar que busque capturar al regulador; lo que sí podemos señalar es que su diseño concentra el poder de frenar en un único cauce y lo somete a un listón muy alto.

La asimetría está en los números. Un umbral de 1.000 millones y de 50 muertos protege contra el desastre, pero deja fuera daños graves y más difusos, como fraude masivo, manipulación o fallos en infraestructuras que no encajen en las tres vías. Y el plazo de 72 horas más un proceso judicial es una cadencia pensada para el litigio, no para un incidente que evoluciona en minutos. Es la objeción de Onishi, y nos parece la más seria.

En general, la gobernanza de la IA avanza por tres canales: la regulación ex ante, el litigio ex post y la divulgación auditada. Este borrador apuesta por el tercero y por una prevalencia federal que simplifica el cumplimiento, algo valioso para quien opera en 50 estados. El riesgo es que esa simplificación se compre rebajando exigencias estatales más estrictas.

Nuestra posición encaja con la línea de siempre: regular la capacidad real, con evidencia, y no el pánico. Eso exige instrumentos técnicos de verdad: evaluaciones independientes, capacidad demostrada de intervención y un procedimiento que se ejecute antes de la compra o el despliegue, no solo tras la catástrofe. A corto plazo el debate será áspero y los intereses, evidentes. A largo plazo, si la IA nos acerca a curar enfermedades y a la abundancia, tener reglas creíbles que mantengan la confianza pública será parte de cómo llegamos allí. Lo que habrá que vigilar es qué sobrevive de este borrador cuando se confronte con las propuestas de Trahan, Obernolte, Thune, Klobuchar y Cruz.