Antes de comprar una sola cámara: así blinda por ley Milton (Virginia Occidental) la vigilancia con IA

Por Zendoric · 10 de octubre de 2026.

El concejo municipal de Milton, una pequeña localidad de Virginia Occidental, dio el martes la primera luz verde a una ordenanza sobre vigilancia con inteligencia artificial. No regula una tecnología que la ciudad ya use: regula una que, de momento, no tiene. Esa es la particularidad del caso y lo que lo hace relevante mucho más allá de sus pocos miles de vecinos.

La norma, que tendrá su segunda y última lectura el 10 de noviembre, no autoriza ni prohíbe la vigilancia automatizada. Establece el procedimiento que la ciudad tendría que seguir si alguna vez quisiera adoptarla: audiencia pública antes de buscar financiación, adquirir el sistema o firmar un contrato con un proveedor; una "política de uso" pública que el concejo debe aprobar expresamente; un informe anual de resultados abierto a los vecinos; y la obligación de cancelar, tan pronto como sea legalmente posible, cualquier contrato firmado antes de la ordenanza que la incumpla. El texto define la vigilancia que cubre con bastante amplitud: lectores automáticos de matrículas, biometría, detección de disparos, localización y cámaras. Quedan fuera las cámaras de los coches patrulla, las grabaciones de emergencias, los contadores de los servicios públicos y las cámaras corporales de la policía.

El motivo que da el alcalde, Shane Evans, es sencillo y bastante representativo de todo el debate: según recoge el artículo, no cree que la tecnología esté todavía lista para proteger de verdad los derechos de la comunidad, y aunque reconoce que puede ser positiva en algunos sentidos, le preocupa que esa información acabe usándose para otros fines. En agosto, el mismo concejo ya había votado a favor de crear una ordenanza contra el uso de Flock Safety -la red de lectores de matrículas con IA que emplean miles de departamentos de policía en Estados Unidos- o cualquier cámara de vigilancia con IA equivalente. La ordenanza actual convierte ese rechazo puntual en un procedimiento permanente.

En general, el nombre de Flock Safety no aparece aquí por casualidad: en los últimos años, distintas investigaciones periodísticas en Estados Unidos han documentado casos de departamentos de policía locales que, a través de la red nacional de búsquedas entre cámaras que ofrece la compañía, permitieron consultas de matrículas a agencias federales de inmigración o a policías de otros estados, sin orden judicial y, en muchos casos, sin que los vecinos afectados lo supieran. Ese historial explica por qué un concejo pequeño, sin ningún incidente propio que lo empuje, decide actuar antes de comprar nada.

Nuestra lectura: lo interesante de Milton no es el contenido de la ordenanza -parecida a las que ya han aprobado decenas de ciudades estadounidenses desde hace una década bajo el paraguas del llamado control comunitario sobre la vigilancia policial-, sino el orden en el que llega. La secuencia habitual con este tipo de tecnología es: un proveedor hace una demostración, la policía la adopta con una aprobación administrativa mínima, se despliega, y solo cuando surge un abuso o una filtración de datos la política reacciona a posteriori. Milton invierte esa secuencia: construye la autorización, la transparencia y el informe público antes de tener nada que vigilar. Es gobernanza preventiva en su forma más literal, y encaja con algo que venimos observando: el freno que de verdad empieza a contener a la IA en Estados Unidos no es una ley federal específica sobre inteligencia artificial -que sigue sin existir de forma consolidada-, sino el ejercicio ordinario de competencias que un ayuntamiento ya tenía (aprobar contratos, exigir audiencias, publicar informes), aplicado ahora a una tecnología nueva.

A corto plazo, esto tiene un coste real y conviene no maquillarlo: cada municipio que opta por este camino retrasa, o directamente descarta, herramientas que, bien gobernadas, podrían ayudar a la seguridad pública, desde la detección automática de disparos hasta la localización más rápida de un vehículo robado. La desconfianza que expresa el alcalde Evans no es alarmismo gratuito: es la respuesta razonable a una industria que todavía no ha resuelto, de forma convincente para el ciudadano medio, quién accede a los datos que genera, durante cuánto tiempo y con qué propósito. Mientras ese problema de gobernanza de datos siga abierto, es comprensible que las ciudades pequeñas prefieran esperar.

A largo plazo, sin embargo, el patrón que representa Milton es una buena noticia, no una mala. Cuantos más municipios construyan marcos de transparencia y rendición de cuentas antes de adoptar vigilancia algorítmica, más fácil será que la próxima generación de estas herramientas -con biometría y capacidades de análisis muy superiores a las actuales- se despliegue con las salvaguardas incorporadas desde el diseño, en lugar de perseguir el abuso después de que ya haya ocurrido. La abundancia que puede traer la IA no depende solo de que los modelos mejoren; depende también de que las instituciones que los adoptan aprendan, como está haciendo este concejo de un pueblo de Virginia Occidental, a decir "todavía no" sin decir "nunca".