Barrancabermeja suma drones con IA a su vigilancia urbana, pero el anuncio no dice qué hace esa inteligencia artificial

Por Zendoric · 31 de julio de 2026.

El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez Gómez, anunció la incorporación de dos drones con inteligencia artificial (IA) al sistema de seguridad del distrito petrolero colombiano. Según explicó el propio mandatario, los equipos se gestionaron ante la Federación Colombiana de Municipios y reforzarán el Centro de Monitoreo Distrital, hoy apoyado en cámaras de videovigilancia y botones de pánico instalados en distintos sectores.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia coordina la iniciativa, que —según las autoridades locales— busca optimizar la vigilancia del espacio público, hacer seguimiento a situaciones de riesgo y mejorar la capacidad de reacción ante hechos que afecten la convivencia. El anuncio llega en paralelo a un refuerzo de patrullajes de la Policía Nacional en la comuna 3 de la ciudad, según reportó el propio cuerpo policial.

Lo llamativo, y esto es lectura nuestra, es lo que el anuncio NO dice. No se especifica qué hace exactamente la IA de estos drones: si es reconocimiento facial, detección automática de objetos o personas, analítica de patrones de movimiento, o simple transmisión de vídeo con etiquetado automático. Tampoco se menciona el proveedor de la tecnología, el coste de la operación ni, sobre todo, el marco legal que regirá el tratamiento de los datos captados sobre ciudadanos que no han cometido ningún delito.

Esa opacidad no es un detalle menor: es el patrón. En general, la incorporación de vigilancia algorítmica en ciudades medianas de América Latina avanza más rápido que la normativa de protección de datos que debería acompañarla. Los anuncios políticos suelen presentar los drones y las cámaras como sinónimo de modernización y seguridad, pero rara vez incluyen auditorías independientes, límites de retención de datos o mecanismos de rendición de cuentas sobre cómo se usa lo grabado.

Esto conecta con una tensión que ya hemos señalado en otros análisis: la IA aplicada a la seguridad pública puede ser una herramienta legítima —ayudar a detectar incendios, accidentes o delitos en tiempo real y salvar vidas— o puede convertirse en una infraestructura de control que se despliega sin que la ciudadanía sepa qué se vigila, quién accede a esos datos y con qué propósito. La diferencia entre ambos escenarios no la marca la tecnología en sí, sino la gobernanza que la rodea, y en este caso esa gobernanza no aparece en ningún lugar del anuncio.

A corto plazo, casos como este son un recordatorio honesto de que la adopción de IA por parte de gobiernos locales avanza, a menudo, sin los contrapesos institucionales necesarios: transparencia sobre los algoritmos, supervisión judicial del uso de reconocimiento facial, o límites claros al almacenamiento de imágenes de personas comunes. A largo plazo, herramientas de este tipo —bien auditadas y con reglas claras— pueden formar parte de ciudades más seguras y eficientes, coherentes con la promesa de una IA que libera recursos y tiempo humano en lugar de concentrarlos en manos opacas. Pero ese horizonte solo llega si la discusión sobre las reglas del juego avanza al mismo ritmo que la compra de los drones, y hoy, en Barrancabermeja, no hay señales de que así esté ocurriendo.