Las empresas de IA destinan 265 millones de dólares a las midterms de EE.UU. mientras crece el rechazo a los centros de datos

El sector de la inteligencia artificial ha entrado a fondo en la contienda de las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026 en Estados Unidos, con un desembolso conjunto estimado en 265 millones de dólares en súper PACs y grupos políticos, según un análisis de The Wall Street Journal citado en el artículo. Junto a las industrias de criptomonedas y apuestas, la IA se ha convertido en el sector que más dinero está inyectando en este ciclo electoral, que ya registraba en junio un 40% más de gasto corporativo que las elecciones de 2024.

El detonante de este despliegue es un fenómeno inesperado: el auge de la construcción de centros de datos, indispensables para entrenar y operar sistemas de IA, ha topado con un rechazo ciudadano transversal. Una encuesta de The Economist/YouGov citada en el texto revela que apenas un 20% de los estadounidenses considera positiva la construcción de nuevos centros de datos, con solo un 14% de los demócratas y un 31% de los republicanos viéndolos favorablemente. Las razones del descontento son concretas: temores a que disparen los precios de la electricidad, agoten los recursos hídricos usados para refrigerar las instalaciones y afecten el valor de las propiedades. El artículo señala que unos dos tercios de los centros de datos construidos desde 2022 se ubican en zonas de estrés hídrico, muchas de ellas en el oeste del país.

El volumen de inversión que sostiene este boom es enorme: las cinco grandes 'hyperscalers' —Amazon, Microsoft, Google, Meta y Oracle— proyectan gastar más de 560.000 millones de dólares en infraestructura de IA este año, y el ritmo de construcción de centros de datos en julio creció un 60% interanual, según datos de la Oficina del Censo citados en el artículo. Se espera que la demanda eléctrica de estos centros se duplique en Estados Unidos hacia 2027. Ante ese contexto, estados de ambos signos políticos están planteándose moratorias: Nueva York aprobó en julio la primera suspensión estatal del país para la construcción de grandes centros de datos, con una duración de un año.

El propio presidente Donald Trump se involucró esta semana en el debate, calificando los centros de datos como un 'Golden Goose' (ganso de oro) y afirmando en Truth Social que las comunidades que se oponen a ellos 'quieren acabar siendo atrasadas y pobres', además de acusar a los críticos de actuar en connivencia con China. Según el artículo, Trump habría visto encuestas que muestran el rechazo mayoritario de los estadounidenses, pero eso no ha frenado su respaldo público. Su gabinete ha seguido la misma línea: el secretario de Comercio, Howard Lutnick, llegó a afirmar que los centros de datos 'no usan agua', una declaración que contradice tanto la evidencia disponible como sus propias palabras del año anterior, cuando reconoció que estas instalaciones 'chupan' agua.

En el terreno del dinero político, el súper PAC Leading the Future ha recaudado 140 millones de dólares para las midterms, con planes de financiar a candidatos pro-IA de ambos partidos. Entre sus aportantes figuran 50 millones de dólares de la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz y 25 millones combinados de Greg Brockman, presidente de OpenAI, y su esposa Anna, según registros de la Comisión Federal Electoral (FEC). Anthropic, creadora de Claude, habría donado al menos 40 millones de dólares a través de una organización de 'dinero oscuro' llamada Public First Action, que dispone de un fondo de guerra de 100 millones de dólares. El súper PAC de Elon Musk maneja una suma similar, y Meta está vinculada a varios PACs con decenas de millones de dólares disponibles. OpenAI, por su parte, remitió a un comunicado de junio en el que asegura no haber donado a campañas ni haber fundado o financiado PAC alguno, aclarando que el respaldo de los Brockman a Leading the Future se dio a título personal.

Una particularidad señalada por Brendan Glavin, director de análisis del grupo de transparencia OpenSecrets, es que las empresas de IA han optado por intervenir directamente en contiendas concretas —incluso distritales— en lugar de donar de forma genérica a los partidos, replicando la táctica que usó la industria cripto en 2024. Muchos de los anuncios televisivos financiados por estas compañías ni siquiera mencionan la IA o los centros de datos, centrándose en atacar o respaldar candidatos según su alineamiento con los intereses del sector.

El caso más citado en el artículo es el del distrito 12 de Nueva York, donde el dinero de la IA se volcó en las primarias demócratas contra Alex Bores, asambleísta estatal y exempleado de Palantir, autor de una ley estatal de seguridad en IA. Un PAC vinculado a Public First (ligado a Anthropic) destinó más de 13 millones de dólares a apoyarlo, mientras que un súper PAC vinculado a Leading the Future gastó más de 8 millones en su contra; en total se estima que la contienda movilizó 27 millones de dólares relacionados con la IA. Bores perdió por un estrecho margen ante Micah Lasher, quien, irónicamente, había sido co-patrocinador de la ley de Bores y respalda una moratoria nacional temporal a la construcción de centros de datos; en su discurso de victoria, Lasher afirmó que no seguiría las 'indicaciones' de las empresas que intervinieron en la carrera.

El fenómeno se repite en todo el país: según un análisis de CNN sobre datos de AdImpact, se han gastado más de 31 millones de dólares en anuncios políticos relacionados con centros de datos este año, casi todos de tono negativo, frente a la ausencia total de este tipo de anuncios en 2024. El artículo documenta varios casos que rompen el guion partidista habitual: en Texas, el gobernador republicano Greg Abbott —que en noviembre pasado celebraba que el estado se convirtiera en 'epicentro del desarrollo de la IA' tras una inversión de 40.000 millones de dólares de Google— ha ordenado una auditoría de los proyectos de centros de datos que buscan conectarse a la red eléctrica, mientras su rival demócrata, Gina Hinojosa, pide una moratoria y lo acusa de estar demasiado cercano a la industria. En Pensilvania, el gobernador demócrata Josh Shapiro pasó de declarar que su estado estaba 'totalmente comprometido con la IA' a restringir el desarrollo de nuevos centros y atacar a su rival, la tesorera estatal Stacy Garrity, calificándola de 'la fan número uno de los centros de datos en Pensilvania'; Garrity, a su vez, acusa a Shapiro de 'engañar' a la opinión pública dado su historial de apoyo previo. En Ohio, el demócrata Sherrod Brown acusa a su rival, el senador Jon Husted, de ser 'la cara de los centros de datos' por su labor previa como vicegobernador, mientras Husted ha propuesto una ley para proteger a los usuarios de subidas en las facturas eléctricas ligadas a estas instalaciones.

Frente a este clima de desconfianza, las grandes tecnológicas han lanzado iniciativas de relaciones públicas y comunitarias: Meta presentó un fondo de 1.000 millones de dólares llamado 'Future Is For Everyone' para invertir en las comunidades donde opera centros de datos, y se comprometió a ser 'positiva en agua' para 2030 en esas zonas, además de crear una academia de formación laboral. Otras compañías han financiado centros recreativos, cuerpos de bomberos y redes de wifi municipal. En Virginia Occidental, donde Microsoft y Nvidia construyen uno de los mayores centros de datos del mundo, se ha planteado usar estos proyectos para eliminar el impuesto estatal sobre la renta y aumentar la financiación escolar. La Administración Trump, por su parte, ha promovido un 'Ratepayer Protection Pledge' voluntario para que las grandes empresas de IA se comprometan a no trasladar los costes energéticos a los consumidores, al tiempo que impulsa la desregulación para acelerar la construcción de estas instalaciones.

El artículo recoge las voces de varios expertos para enmarcar el fenómeno. Nicol Turner Lee, directora del Centro de Innovación Tecnológica de Brookings, resume la lección política del momento: intentar esquivar a las comunidades locales en el desarrollo de estos proyectos 'no está funcionando, y la gente lo va a llevar a las urnas'. La periodista y autora Paris Marx, que prepara el libro 'Hyperscale: The Ambition and Excess of Big Tech's Data Empires', sostiene que las preocupaciones ciudadanas son reales y no una simple sobrerreacción; el artículo añade además que la industria a menudo opera con opacidad, recurriendo a sociedades pantalla y acuerdos de confidencialidad con legisladores. Turner Lee añade que el descontento con la IA se entrelaza con otras tensiones económicas, como los altos precios del combustible vinculados a la guerra de Irán, lo que convierte a las grandes tecnológicas —dominadas por multimillonarios— en un blanco fácil para la frustración local. Por último, Chris McGuire, exfuncionario de la Administración Biden y actual investigador del Council on Foreign Relations, advierte que 'la ventana para una política reflexiva y proactiva está abierta ahora, pero no durará para siempre', anticipando que la IA será un tema ineludible en el ciclo presidencial de 2028.

En conjunto, el artículo retrata una paradoja central: mientras la industria de la IA multiplica su gasto político para blindar su expansión de infraestructura, la propia expansión —con su impacto tangible en las facturas de luz, el agua y el paisaje de comunidades concretas— está generando una reacción popular que trasciende las líneas partidistas tradicionales y que ni el dinero ni el respaldo presidencial parecen estar logrando revertir.