Un juez acusa al HHS de citar estudios inexistentes, quizá generados por IA, para recortar fondos contra el embarazo adolescente

Por Zendoric · 1 de septiembre de 2026.

Un juez federal ha reprendido al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos por sustentar los recortes a los programas de prevención del embarazo adolescente en solicitudes de subvención que citan estudios de salud pública que, según su propio fallo, «parecen no existir» o no respaldan lo que se les atribuye. El magistrado apunta directamente a la posibilidad de que esas referencias sean citas generadas por inteligencia artificial, según recoge The Washington Post.

El HHS está dirigido por Robert F. Kennedy Jr., bajo cuya gestión se han impulsado cambios de gran alcance en estos programas federales. La reprimenda judicial se centra en la documentación que sostiene esos cambios: si las citas científicas que la agencia usa para justificar el fin de la financiación no existen o dicen algo distinto de lo que se les hace decir, la base legal del recorte se tambalea.

No es la primera vez que un tribunal detecta citas fantasma con huella de IA generativa. En general, los casos de abogados sancionados por presentar jurisprudencia inventada por chatbots son ya un patrón conocido en Estados Unidos desde 2023; lo nuevo aquí es que el señalamiento afecta a un documento de política pública con impacto directo en la financiación de programas de salud, no a un escrito legal aislado, sino a la justificación oficial de una decisión administrativa que recorta servicios a adolescentes.

Nuestra lectura: el problema de fondo no es que una agencia use IA para redactar documentos -eso ya es rutina en cualquier despacho u organismo-, sino que lo haga sin verificación humana cuando el resultado tiene fuerza de ley. Venimos señalando que la próxima exigencia sobre la IA que decide o justifica decisiones no es que acierte más, sino que rinda cuentas: que cite fuentes reales, permita auditoría y resista el escrutinio de un juez. Cuando eso falla, como parece haber ocurrido aquí, el fallo no es solo técnico, es de gobernanza, y tiene consecuencias muy tangibles para las personas que dependían de esos programas.

A corto plazo es previsible que veamos más litigios de este tipo: la IA generativa se ha colado en la maquinaria administrativa más rápido que los controles para verificarla, y los tribunales empiezan a actuar como el freno que faltaba. A largo plazo, el episodio no debería leerse como una condena al uso de IA en la administración pública, sino como el primer tramo de un aprendizaje necesario: ninguna agencia debería justificar una decisión que afecta a la salud de las personas con una cita que nadie comprobó. Esa disciplina de verificación es, precisamente, la que separa la promesa de la IA de su uso irresponsable.