El senador Ed Markey presenta un paquete de leyes para regular datacenters, contratación automatizada y chatbots

El senador demócrata de Massachusetts Ed Markey ha presentado lo que denomina una "agenda de responsabilidad en IA", un conjunto de cerca de una docena de proyectos de ley destinados a frenar los efectos nocivos de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Según explica en la entrevista concedida a The Guardian, su preocupación abarca prácticamente todos los frentes del despliegue actual de IA: el coste ambiental de los centros de datos que consumen enormes cantidades de energía y agua, la vigilancia intrusiva en los lugares de trabajo, el sesgo en algoritmos discriminatorios, la sustitución del criterio humano por decisiones automatizadas, y el aumento de la desigualdad económica derivado de que quienes más se benefician de la IA concentran ganancias extraordinarias.

La pieza central de la agenda, que Markey planea introducir en las próximas semanas, es un proyecto de ley que exigiría a las empresas propietarias o promotoras de centros de datos obtener una certificación previa de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que acredite que la instalación "no perjudicará el interés público", antes incluso de iniciar la construcción. Según el borrador preliminar compartido con el periódico, la FCC evaluaría el impacto potencial sobre la calidad del aire y el agua, los niveles de ruido, los costes energéticos, la fiabilidad del sistema eléctrico, el ecosistema y la fauna local, y la economía y el empleo de la zona. Para ello, la agencia debería consultar con organismos federales, estatales y locales, incluida la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y las juntas de zonificación. Markey resume la motivación de forma directa: "Tenemos que asegurarnos de que estos centros de datos no se conviertan en bombas de contaminación".

Markey defiende que la regulación debe ser federal y no depender de un mosaico de leyes estatales: "Todos los estadounidenses tienen derecho a estas salvaguardas... no debería limitarse solo por los límites geográficos de cada estado", afirmó. También subrayó que un enfoque fragmentado "dejaría a demasiada gente expuesta" y que el gobierno debe actuar con rapidez en materia de regulación, pese a que ha habido escaso movimiento federal en este ámbito desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022. El senador, que aspira a un tercer mandato completo en el Senado, se muestra optimista sobre las perspectivas a largo plazo: "En última instancia, habrá soluciones nacionales que se plasmarán en la ley", aseguró.

La agenda pone rostro humano a los problemas que busca atajar, citando casos concretos recogidos en la cobertura: unos padres que atribuyen el suicidio de su hijo de 14 años a un proceso de manipulación sexual por parte de un chatbot; una residente de una localidad rural de Georgia que ya no puede beber el agua del grifo de su casa tras el inicio de la construcción de un centro de datos cercano; una mujer que demandó por un algoritmo presuntamente discriminatorio que le denegó una vivienda; y una enfermera veterana que sintió angustia moral al tener que seguir las indicaciones de un modelo de IA por encima de su propio criterio.

Más allá del proyecto sobre centros de datos, el paquete legislativo de Markey incluye otras iniciativas: una ley que prohibiría a los empleadores basarse principalmente en sistemas automatizados para decisiones de contratación, despido o promoción; otra que exigiría salvaguardas más estrictas a las empresas de chatbots de IA para evitar que los menores desarrollen dependencia emocional hacia ellos; y una tercera que obligaría a los desarrolladores de IA a realizar auditorías independientes y detalladas sobre posibles sesgos y discriminación antes de lanzar algoritmos que tomen decisiones importantes.

Otras propuestas de su paquete plantean que cada agencia federal que use, financie o supervise sistemas de IA cuente con una oficina de derechos civiles dedicada a combatir el sesgo y la discriminación; que los centros sanitarios creen opciones de anulación humana frente a las decisiones de la IA; que se proteja a los trabajadores que discrepen de las recomendaciones de estos sistemas; y que las empresas informen de manera estandarizada sobre los efectos energéticos y ambientales de sus centros de datos.

En el terreno de la protección infantil, una de sus propuestas ya ha ganado tracción legislativa: en marzo, el Senado aprobó la Children and Teens' Online Privacy Protection Act, que prohibiría la publicidad dirigida a menores, facilitaría a las familias eliminar los datos personales de un menor y establecería límites estrictos a la recopilación de información personal de menores.

El senador también impulsa una propuesta para restringir el uso creciente de tecnología de vigilancia en el lugar de trabajo, y otra que prohibiría las cuotas de productividad que, según él, empujan al personal más allá de sus límites físicos y provocan lesiones. Markey relaciona este interés con sus conversaciones directas con trabajadores sobre la intensidad con la que se monitorizan sus jornadas, y con su propia historia familiar: su padre trabajó en una fábrica antes de que se creara la Occupational Safety and Health Administration, y sufrió un accidente laboral en el que perdió un dedo, tras lo cual su jefe le pidió que volviera pronto al trabajo. Markey ha citado este episodio en actos públicos como ejemplo de cómo las protecciones laborales conquistadas con esfuerzo no han logrado mantener el ritmo de los avances tecnológicos.

En conjunto, la agenda de Markey representa uno de los intentos legislativos más amplios en el Congreso de EE.UU. para someter a supervisión regulatoria distintos aspectos del despliegue de la IA —desde la infraestructura física de los centros de datos hasta su uso en la contratación laboral, la sanidad y la protección de menores—, en un contexto en el que, según reconoce el propio artículo, la actividad regulatoria federal sobre IA ha sido hasta ahora muy limitada.