Illinois aprueba la ley de seguridad de IA más estricta de EE. UU., con auditorías obligatorias

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó el lunes la Artificial Intelligence Safety Measures Act, una ley que sitúa al estado a la cabeza de la regulación estatal de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Según el comunicado de la oficina del gobernador, la norma obliga a los "desarrolladores de los sistemas de IA avanzados más grandes" —una categoría que en la práctica apunta a compañías como OpenAI, Anthropic o Google— a publicar información sobre sus prácticas de seguridad, notificar cualquier incidente de seguridad significativo y cumplir con un conjunto de procesos de cumplimiento normativo. La ley también crea un canal para que empleados de los laboratorios de IA puedan denunciar de forma segura y confidencial posibles riesgos, sin temor a represalias.

Buena parte del contenido de la ley sigue la línea de lo ya aprobado en California y Nueva York, pero Illinois reclama para sí una distinción de "primera en la nación": es el único estado que exigirá auditorías de seguridad independientes y periódicas realizadas por terceros. Esta obligación se aplicará a las empresas de IA que reporten más de 500 millones de dólares en ingresos, y entrará en vigor el 1 de enero de 2028.

Uno de los aspectos más llamativos del caso es que, a diferencia de otras batallas regulatorias sobre IA, esta ley ha contado con el respaldo explícito de las propias compañías a las que pretende regular. Tanto OpenAI como Anthropic la avalaron mientras avanzaba por la legislatura estatal. Esto contrasta con un episodio previo en el que ambas empresas convirtieron Illinois en un campo de batalla: OpenAI había impulsado un proyecto de ley separado que habría protegido a las compañías de IA frente a demandas por daños a gran escala causados por sus sistemas, una medida a la que Anthropic se opuso y que, según el artículo, parece haberse estancado por completo.

El artículo apunta que no hubo oposición significativa a la Artificial Intelligence Safety Measures Act, probablemente porque su contenido se asemeja mucho al de las leyes ya vigentes en California y Nueva York. Ante la falta de un marco federal significativo para la seguridad de la IA en Estados Unidos, empresas como OpenAI han optado por presionar a nivel estatal con el objetivo de ir construyendo un conjunto de regulaciones lo suficientemente parecidas entre sí como para facilitar el cumplimiento normativo a nivel nacional. La compañía ya había participado activamente en los procesos legislativos de California y Nueva York, y ahora puede sumar Illinois como otro paso en esa estrategia de ir cosiendo, estado a estado, una especie de colcha regulatoria uniforme que le resulte más manejable que enfrentarse a un mosaico de normas dispares.

En conjunto, el caso de Illinois ilustra una dinámica cada vez más visible en la gobernanza de la IA en Estados Unidos: ante el vacío regulatorio a nivel federal, son los estados los que están marcando el ritmo, y las propias grandes empresas de IA —lejos de resistirse siempre a la regulación— a veces prefieren apoyar leyes predecibles y armonizadas con otros estados antes que arriesgarse a un mosaico de normas contradictorias o a marcos más duros impuestos sin su participación.