Filipinas propone avisar 6 meses antes de despidos por IA: el empleo se protege con tiempo, no con frenos

Por BigGo Finance · 8 de noviembre de 2026.

El senador filipino Erwin Tulfo ha presentado el Proyecto de Ley del Senado n.º 2563, que modificaría el artículo 298 del Código de Trabajo del país para regular los despidos vinculados a la inteligencia artificial. Según el texto descrito por BigGo Finance, el empleador deberá avisar al Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE) al menos seis meses antes de recortes derivados de la IA.

La propuesta añade más exigencias. Habrá consultas obligatorias con los trabajadores afectados. Se priorizarán la recualificación y la reubicación. El despido solo sería válido si la adopción de IA es genuina, de buena fe y con una justificación económica real, como ahorro de costes o eficiencia, y si no existe otra alternativa. Además, los criterios de selección deberán ser justos y razonables.

Quienes pierdan el empleo cobrarían una indemnización de al menos dos meses de salario, o dos meses por año de servicio, lo que resulte mayor. Tulfo, que preside la comisión de justicia social, bienestar y desarrollo rural, justifica la medida en su nota explicativa: el progreso tecnológico es inevitable, pero los trabajadores filipinos no deben cargar solos con su coste.

El proyecto aún debe pasar por el Senado y la Cámara de Representantes, y sus perspectivas son inciertas. Según la fuente, las patronales probablemente cuestionarán los costes de cumplimiento y la flexibilidad de contratación. Malacañang, la presidencia, ha reconocido que la IA puede desplazar trabajadores, pero también abrir oportunidades.

El contexto importa. En general, Filipinas tiene un peso notable de la externalización de procesos de negocio (BPO) y de los servicios de oficina, el tipo de trabajo administrativo que nuestra lectura sobre empleo considera más expuesto a la automatización. La propia fuente señala que la norma añadiría una capa de protección procedimental para los trabajadores de estos sectores, grandes usuarios de la automatización.

Nuestra lectura: el proyecto es un buen síntoma y tiene un defecto de diseño. El síntoma es que los gobiernos empiezan a tratar la transición como un problema de gestión y no como un debate abstracto. Seis meses de preaviso, consulta y recualificación reconocen con honestidad que el corto plazo será duro y que alguien debe amortiguarlo. Eso es preferible tanto a ignorar el problema como a prohibir la tecnología.

El defecto es la cláusula de «último recurso». Exigir a la empresa que demuestre que no existe ninguna alternativa es una prueba difícil de verificar y fácil de litigar. Puede convertir la automatización en un trámite judicial y empujar a las compañías a reestructurar fuera del país o a no contratar desde el principio. Si el objetivo es proteger a la persona, y no el puesto concreto, pesan más el preaviso, la indemnización y la recualificación real que el veto encubierto.

También conviene separar lo que el texto promete de lo que logrará. Una recualificación obligatoria solo funciona si hay a dónde recolocar: formar a un agente de atención telefónica para un puesto que tampoco existirá en dos años es papel mojado. Aquí el éxito dependerá de que DOLE y las empresas conecten la formación con demanda real.

Quien gana, si prospera, son los trabajadores de back-office, que ganan tiempo y colchón. Quien pierde es la empresa que planeaba un recorte rápido, y a la larga quizá el propio país si la norma encarece demasiado la inversión en IA frente a competidores vecinos.

La tesis de fondo es la nuestra: la transición será difícil a corto plazo y justifica amortiguadores, pero la abundancia que promete la IA a largo plazo se alcanza adoptando la tecnología, no frenándola. La buena regulación es la que reparte el coste de la transición sin impedirla. Este proyecto apunta en esa dirección, aunque su redacción actual corre el riesgo de quedarse a medio camino.