Colombia debate regular la IA en salud: el proyecto 216 pone al médico al mando y reparte la culpa entre proveedor, IPS y clínico

Por IFM Noticias · 25 de octubre de 2026.

El Senado de Colombia avanza en el proyecto de ley 216 de 2026, que fija límites al uso de algoritmos en diagnósticos, tratamientos y datos de pacientes. Según IFM Noticias, el texto pasó por una audiencia pública en la Comisión Séptima del Senado y se prepara para su primer debate. Todavía no es ley vigente y, según la misma fuente, no hay fecha para ese primer debate.

El principio central, según el análisis de Fepasde que recoge el medio, es que la IA debe apoyar el criterio clínico, no reemplazarlo. El profesional conserva la facultad y el deber de aceptar, cuestionar o descartar las recomendaciones de un algoritmo.

El proyecto clasifica los sistemas en cuatro niveles de riesgo: mínimo, limitado, alto y crítico. Los usos administrativos tendrían requisitos más ligeros. Las herramientas que apoyan diagnósticos, prescripciones o decisiones de tratamiento deberían cumplir exigencias más estrictas de validación, monitoreo y supervisión. Los sistemas de riesgo alto y crítico necesitarían planes de gestión de riesgos, evaluación de sesgos (errores sistemáticos que pueden perjudicar a ciertos grupos de pacientes) y protocolos de incidentes.

La supervisión humana sería obligatoria. Los pacientes podrían pedir que un profesional revise una decisión automatizada que afecte a su atención. Los robots clínicos no podrían hacer procedimientos diagnósticos, terapéuticos o quirúrgicos de forma autónoma sin la supervisión directa y continua de un médico especialista. Los informes clínicos generados por IA tendrían que ser revisados por personas, y el texto incluye mecanismos para detectar contenido sintético y evitar imágenes o documentos médicos falsificados.

Uno de los puntos más relevantes es el reparto de responsabilidades. Los proveedores responderían por el diseño, la calidad de los datos, las actualizaciones y las fallas del sistema. Las instituciones prestadoras de salud (IPS) responderían por la selección de las herramientas, su integración técnica y el monitoreo institucional. El médico tratante no respondería por defectos ocultos, errores algorítmicos o fallas técnicas que no pudiera detectar razonablemente. Solo respondería por un uso manifiestamente contrario a los estándares o a las indicaciones autorizadas.

En la audiencia hubo observaciones de varios actores. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) valoró que el texto cubra todo el ciclo de vida de los sistemas, del diseño al retiro, aunque pidió ajustes puntuales. El Instituto Nacional de Salud (INS) y la Adres pidieron incluir la vigilancia epidemiológica y funciones administrativas, como la detección temprana de brotes y de anomalías en la facturación. Otros participantes propusieron una ley de principios con el detalle técnico delegado a reglamentación posterior, validación con población colombiana, presencia de todas las profesiones sanitarias (enfermería incluida) en la gobernanza y entornos controlados de prueba. El Senado indicó que estudiará convertirla en una ley marco.

El panorama es fragmentado. Según el Senado, cursan en el Congreso más de diez proyectos sobre IA. En la Cámara avanza además el proyecto 392 de 2026, sobre la continuidad de la atención cuando fallan o se degradan los sistemas de IA en funciones clínicas críticas. Está pendiente de ponencia para primer debate, según el registro de la Universidad de los Andes que cita la fuente.

**Nuestra lectura.** La mejor idea del proyecto no es la lista de prohibiciones, sino la cadena de responsabilidad. Hoy, cuando un algoritmo falla, la tentación es que el médico cargue con la culpa de haber firmado, aunque no pudiera ver el defecto. Si la norma exime al clínico de los errores indetectables y obliga al proveedor y a la IPS a responder por lo suyo, los incentivos se ordenan: quien controla el diseño y los datos asume el riesgo. Esa lógica ayuda además a que los médicos usen la herramienta sin miedo.

El riesgo está en el otro extremo. Un esquema de cuatro niveles con exigencias detalladas puede quedar viejo en meses si el texto fija requisitos técnicos en la propia ley. Por eso nos parece sensata la propuesta de una ley marco con reglamentación posterior y entornos de prueba. En general, la regulación sanitaria de IA funciona mejor cuando se ancla en el riesgo clínico real y se apoya en evidencia, y peor cuando regula el pánico. Exigir validación con población colombiana también pesa: un modelo entrenado en otros países puede rendir peor con pacientes locales.

A corto plazo, esto añadirá fricción y costes de cumplimiento, sobre todo para startups y para hospitales pequeños. Pero la medicina asistida por IA solo escalará si la confianza está resuelta, y esa confianza se construye con supervisión humana, trazabilidad y responsabilidades claras. Es una condición para que, a largo plazo, el diagnóstico temprano y la medicina personalizada lleguen de forma segura a más gente. La duda es política: con más de diez proyectos en paralelo, el mayor peligro es una maraña normativa. Armonizarlos sería la mejor noticia que podría salir de este debate.