El caso Anthropic–Pentágono: 17 exfuncionarios advierten de que castigar las salvaguardas de IA sale caro a la seguridad nacional

Por MeriTalk · 23 de octubre de 2026.

Diecisiete antiguos altos cargos de seguridad nacional de EE.UU. han pedido al Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. que reconsidere su fallo sobre Anthropic. El tribunal, por 2 votos a 1, rechazó el recurso de la compañía contra su designación como «riesgo para la cadena de suministro» por parte del Pentágono. Según el escrito presentado el 20 de octubre, esa decisión podría debilitar la seguridad nacional y desincentivar que los desarrolladores de IA adopten salvaguardas.

Entre los firmantes figuran la exdirectora de Inteligencia Nacional Avril Haines, los exasesores de seguridad nacional Jake Sullivan y Susan Rice, la exsubsecretaria de Estado Wendy Sherman y la exsubsecretaria de Seguridad Nacional Suzanne Spaulding. Según el medio, sus carreras abarcan administraciones republicanas y demócratas.

**Qué pasó**

El origen es un desacuerdo contractual. Según MeriTalk, el Pentágono quería usar Claude para «todos los usos legales». Anthropic puso objeciones a dos aplicaciones: la vigilancia masiva y las armas totalmente autónomas. Tras romperse las negociaciones, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó designar a la compañía como riesgo para la cadena de suministro.

El marco legal es la Ley Federal de Seguridad de la Cadena de Suministro de Adquisiciones de 2018 (FASCSA, por sus siglas en inglés), que da al Gobierno autoridad para abordar los riesgos de la cadena de suministro en la contratación federal. El tribunal consideró que el Departamento de Defensa tenía «apoyo amplio» para concluir que el uso de Claude por el departamento o sus contratistas suponía un riesgo. Anthropic alega represalia ilegal; la administración Trump defiende la medida como una decisión de seguridad nacional.

**Los argumentos de los exfuncionarios**

El escrito sostiene tres cosas. La primera es de procedimiento: la designación se anunció antes de completar la revisión administrativa. Hegseth firmó la determinación formal el 3 de marzo, cuatro días después de anunciarla públicamente. Según los firmantes, una determinación legítima exige identificar una amenaza concreta, evaluar sus consecuencias, considerar alternativas y documentar el razonamiento antes de actuar. «Conclusión primero y justificación después es la marca del pretexto», escriben.

La segunda es de coste estratégico. El escrito señala que el Pentágono sigue interesado en Claude Mythos, el modelo de Anthropic con capacidades avanzadas de ciberseguridad, como ejemplo de lo que cuesta excluir a la compañía mientras EE.UU. compite con China.

La tercera es de libertad de expresión. Citan las críticas de Hegseth a la «retórica moralista», el «postureo virtuoso» y la «ideología de Silicon Valley» de Anthropic como indicio de que influyó su postura pública. El escrito recuerda además que un tribunal federal de California concedió a Anthropic un juicio sumario el 27 de agosto sobre sus reclamaciones de Primera Enmienda, debido proceso y Ley de Procedimiento Administrativo. Los firmantes piden que el pleno del Circuito de D.C. revise el caso.

Conviene recordar que esto es un escrito de parte, aunque sus firmantes sean de peso. Es una argumentación, no una conclusión judicial. Y el fallo del panel, que sí es una decisión, sostiene lo contrario.

**Nuestra lectura**

La tesis de fondo nos parece correcta y va más allá de Anthropic: un Estado que quiere IA avanzada no debería convertir en delito comercial el hecho de que un proveedor ponga límites a sus usos. Los firmantes lo resumen bien: ninguna empresa puede cumplir su compromiso de desarrollar con seguridad si cualquier salvaguarda que desagrade al Pentágono invita a una designación de riesgo.

Hay una paradoja que el escrito subraya. Se veta a un proveedor por considerarlo un riesgo, y a la vez se mantiene el interés en su modelo más potente en ciberseguridad. Ambas cosas pueden convivir en un trámite, pero cuesta defenderlas como una evaluación coherente de riesgo.

También hay que ser honestos con la otra cara. Un ejército puede legítimamente sostener que no quiere depender de un proveedor que decide caso a caso qué usos acepta. Es un argumento serio sobre control operativo, y el tribunal le ha dado la razón por ahora. La pregunta no es si el Pentágono puede elegir con quién contrata, sino si puede usar un instrumento pensado para amenazas de cadena de suministro como sanción por un desacuerdo de política. Eso es lo que está en juego procesalmente.

En línea con lo que defendemos sobre gobernanza, el precedente importa más que el caso. Si las salvaguardas voluntarias de las empresas son hoy una de las pocas barreras reales frente a usos como la vigilancia masiva, castigarlas envía el mensaje contrario al que necesitamos: que quien pone límites pierde contratos. Como contexto del sector, esto afecta a todos los laboratorios que negocian con el Gobierno federal, no solo a uno.

A corto plazo, la incertidumbre jurídica es real y puede enfriar la relación entre la industria y la administración. A largo plazo, la IA solo llegará a las promesas de salud y abundancia si se despliega con confianza, y la confianza exige que los límites de uso puedan debatirse sin represalias. El fallo definitivo, que podría tardar, sentará precedente sobre dónde está esa frontera.