Padres usan IA para 'robar' fotos escolares por una libra: el coste real lo pueden pagar sus hijos

Por BBC · 8 de octubre de 2026.

Ian Gilbert, fotógrafo galés y fundador de Emotion Picture Photography, calcula que una cuarta parte de las fotos de muestra que envía terminan siendo capturadas con una captura de pantalla y pasadas por una herramienta de inteligencia artificial que elimina la marca de agua (la marca semitransparente que protege la imagen de previsualización hasta que se paga por ella). Basta con declarar ante el sistema que uno es el propietario de la imagen. El servicio, según cuenta a la BBC, cuesta alrededor de una libra. El resultado es que fotos que se venden desde 9 libras —o desde 2 libras en el caso del fotógrafo deportivo Dylan Evans, de 21 años— dejan de cobrarse para uno de cada cuatro clientes.

No es un fraude sofisticado. Gilbert lo resume con una comparación directa: 'es como quitar la etiqueta a algo en una tienda y llevárselo sin pagar', solo que hacerlo desde el sofá parece, en sus palabras, 'anestesiar' el sentido de culpa. El dato legal lo confirma Matthew Sammon, abogado especializado en propiedad intelectual del despacho Sonder & Clay: el copyright de la foto pertenece a quien la toma, y retirar la marca de agua es una infracción que permite reclamar daños, costas e incluso una orden judicial. El problema, admite el propio Sammon, es que litigar es caro, y los fotógrafos escolares —muchos de ellos autónomos con márgenes estrechos— dependen en la práctica de la honestidad de sus clientes. El Guild of Photographers, el gremio del sector, estudia ahora vías para perseguir estos casos, aunque sin un marco claro de por dónde empezar.

El dato que de verdad importa, sin embargo, no es el de la factura impagada sino el de la privacidad. Simon Thorne, profesor de informática en la Cardiff School of Technologies, advierte de que subir la foto de un menor a un sistema de IA generativa para 'limpiarla' implica ceder el control sobre esa imagen sin saber qué ocurre después: si se conserva, durante cuánto tiempo, si se usa para entrenar futuras versiones del modelo o si se revende a terceros. Thorne cita un caso ya real: un padre cuyo hijo se perdió la foto de clase por enfermedad usó IA para insertarlo artificialmente después, sin reparar en que en esa misma imagen aparecen otros niños cuyos padres jamás dieron su consentimiento para que el archivo circulara por un sistema externo.

Ahí está, a nuestro juicio, la verdadera noticia detrás de esta historia aparentemente menor. No es que exista una fuga masiva de datos de menores —no hay prueba de eso en este caso—, sino que muchas familias normalizan sin pensarlo un gesto que, multiplicado, construye exactamente el tipo de exposición que después lamentamos: cargar material identificable de niños en herramientas cuyas políticas de retención y reutilización la mayoría de usuarios no ha leído nunca. Es el reverso doméstico y silencioso de los grandes debates sobre gobernanza de datos de IA: no decide el regulador ni la gran tecnológica, decide cada madre o padre en la puerta del colegio, con una app y sin fricción alguna que le haga dudar.

También hay una lectura económica que conecta con un patrón que venimos señalando en otros sectores: la IA no destruye aquí el oficio del fotógrafo automatizando la tarea —seguimos necesitando a alguien detrás de la cámara—, sino que abarata hasta casi cero el coste de eludir el pago por el resultado de ese oficio. Es la misma dinámica que vivió la industria musical con la piratería hace dos décadas, pero sin necesidad de ningún conocimiento técnico: ya no hace falta crackear nada, basta con pedírselo a un chat. Eso presiona a la baja a un segmento ya precario del trabajo creativo —fotógrafos escolares y deportivos cuyas fotos se venden desde 2 o desde 9 libras por imagen— y los obliga a una carrera armamentística de marcas de agua cada vez más agresivas, encareciendo el producto para quienes sí pagan.

Nada de esto debería leerse como una condena de la IA como herramienta: la misma capacidad que hoy borra una marca de agua sin preguntas podría, con las salvaguardas adecuadas, verificar automáticamente derechos de autor y consentimiento antes de procesar una imagen. Pero esas salvaguardas no se han construido todavía, y mientras tanto el coste de esa laguna lo pagan, por partida doble, un gremio de autónomos con poca capacidad de litigar y unas familias que ceden datos de menores sin saber muy bien a cambio de qué. Si la promesa de fondo de la IA es una sociedad de abundancia y confianza, episodios como este —pequeños, domésticos, sin titulares de catástrofe— son precisamente los que hay que resolver ahora, con educación digital y con límites técnicos incorporados por defecto, antes de que la próxima generación dé por hecho que subir la cara de un niño a cualquier sistema es gratis en todos los sentidos.