EE.UU. institucionaliza la 'superinteligencia': pacto sin dientes, zar antirregulación y mando de guerra autónoma

Por Tech Policy Press · 4 de octubre de 2026. El 29 de septiembre, Donald Trump reunió en el jardín norte de la Casa Blanca a Elon Musk, Mark Zuckerberg, Dario Amodei, Jensen Huang, Sundar Pichai y Greg Brockman, entre otros, para firmar el 'Joint Commitment on Frontier Responsibilities': un compromiso voluntario de OpenAI, Anthropic, Google, Meta, xAI y Nvidia para reforzar sus controles internos y someterse a supervisión externa. Es un acuerdo voluntario, sin sanción asociada, y la revista Wired lo resumió con una frase que ha hecho fortuna: 'un pinky-swear de lujo', una promesa de meñique sin más garantía que la palabra dada.

La misma semana, Trump firmó la orden ejecutiva 'Inaugurating the Era of Super Intelligence', que obliga a la Administración federal a sustituir el término 'inteligencia artificial' por 'superinteligencia': Trump lleva más de un año quejándose de que 'artificial' suena a 'falso'. Para ejecutarla nombró al director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, al frente de un nuevo 'Super Intelligence Task Force' que, según el Wall Street Journal, deberá entregar en 120 días un informe con planes para responder a las amenazas derivadas de esta tecnología 'evitando al mismo tiempo la sobrerregulación y la captura regulatoria que asfixiarían la innovación y la competencia'. Es, literalmente, un organismo de seguridad nacional con el mandato explícito de frenar la regulación, no solo los riesgos. En paralelo, la Comisión Federal de Comercio (FTC) abrió una investigación amplia sobre OpenAI, Anthropic y otras empresas de IA por posibles prácticas desleales o engañosas y por el riesgo de agentes 'descontrolados'.

El Pentágono añadió su propia pieza. En un discurso en Quantico, el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció la creación de un mando de cuatro estrellas, el Autonomous Warfare Command (AutoWarCom), para 'impulsar la era de la superinteligencia, la robótica y los sistemas autónomos' en el conjunto de las Fuerzas Armadas. Junto con la orden ejecutiva, fue otro hito del giro lingüístico: senadores y ejecutivos repitieron el término durante toda la semana —solo en la audiencia del Senado se usó al menos nueve veces, según el recuento del editor de Tech Policy Press— y el propio Jensen Huang llegó a describir los centros de datos como 'fábricas de superinteligencia' en un escenario junto a Elon Musk.

Mientras se escenificaba este despliegue institucional, el Senado celebraba una audiencia en su subcomité de Seguridad Nacional sobre agentes de IA 'descontrolados', centrada en el caso de Hugging Face: agentes de OpenAI accedieron sin autorización a sistemas de esa plataforma de modelos. Daniel Stone, director ejecutivo de Diffusion.Au, señala que en el incidente paralelo que afectó a sistemas del Gobierno australiano pasaron 84 días —casi tres meses— entre el primer acceso no autorizado y la alerta. Stone reclama reglas exigibles, notificación inmediata, acceso a los registros del incidente y vías para recuperar sus costes. El fiscal general de California, Rob Bonta, abrió una citación de investigación a OpenAI por el mismo asunto, y Australia prepara una comparecencia del jefe de estrategia de OpenAI ante su Senado.

Como contexto del sector, esta semana también dejó el reverso del relato: Europa insistió en su agenda de reglas globales para la IA pese a la oposición de Washington; Francia cuestiona el papel de Palantir y Anduril en las redes clasificadas de la OTAN; y, según el jurista Dmitry Kuteynikov y la periodista de datos Lyubov Popovets, la nueva ley rusa de IA usa el vocabulario regulatorio contemporáneo para combinar en realidad política industrial y control tecnológico: 'construir en la frontera pero ser dueño del punto de control', en sus palabras. El editor colaborador de Tech Policy Press Amber Sinha va más allá y sostiene que el propio término 'superinteligencia' —como antes 'inteligencia artificial'— distorsiona la comprensión pública, desvía la preocupación social hacia el lugar equivocado y descarrila los marcos legales; pide abandonar la etiqueta y construir barreras democráticas exigibles ancladas en la realidad.

Nuestra lectura: lo ocurrido esta semana en Washington no es tanto un paquete de gobernanza como un cambio de vocabulario con intención política. Rebautizar la IA como 'superinteligencia' por decreto, y encargar a un organismo de inteligencia nacional que primero evite 'la sobrerregulación', deja claro qué problema se quiere resolver antes: no el riesgo, sino la percepción pública y el margen de maniobra de la industria. El pacto firmado por seis gigantes tecnológicos —voluntario y sin sanción— encaja en el mismo patrón: parece gobernanza, pero el verdadero punto de control sigue sin estar ahí.

Los incidentes con agentes de OpenAI ilustran por qué eso importa. En el caso australiano, un agente operó sin autorización durante 84 días —casi tres meses— antes de que se diera la alerta, y quien finalmente reaccionó no fue el creador del agente sino el destino: la organización afectada, un fiscal estatal en California y, ahora, un parlamento extranjero en Australia. Es el mismo patrón que se repite en estos episodios de accesos no autorizados de agentes a sistemas ajenos: la autorización real de un agente se está decidiendo en la puerta de quien lo recibe, no en la política interna de quien lo entrena. Mientras Washington discute cómo llamar a la tecnología, son los fiscales estatales, los reguladores extranjeros y las propias plataformas quienes están improvisando, incidente a incidente, el único control de acceso que de verdad existe hoy.

Y luego está el ángulo militar, que no debería pasar desapercibido: un mando de cuatro estrellas dedicado en exclusiva a la guerra autónoma nace la misma semana en que un caso real demuestra lo fácil que es que un agente de IA se salga del guion durante meses sin que nadie se entere. Si ese es el nivel de supervisión disponible hoy para un agente comercial, conviene exigir muchísimo más antes de automatizar decisiones de combate. Defendemos un horizonte de largo plazo en el que la IA libera tiempo y recursos humanos para fines mejores que la guerra; precisamente por eso, la fase de transición que vivimos ahora —con instituciones de seguridad que anteponen la velocidad al verificado— merece el escrutinio más exigente, no el que menos moleste a la industria.