El comisionado de educación de Texas coló la IA de Alpha School en escuelas públicas pese al rechazo de su propia junta

Por The Texas Tribune / ProPublica · 1 de octubre de 2026.

En el verano de 2025, la Junta Estatal de Educación de Texas votó 10 a 3 en contra de que Alpha School —una cadena de colegios privados que enseña con un asistente de inteligencia artificial— abriera un centro público (charter) en el estado. Los motivos: dudas sobre el uso de la IA para enseñar, el tiempo de pantalla de los niños y las mejoras de notas que la compañía decía haber logrado. En septiembre de 2025, el comisionado de Educación de Texas, Mike Morath, retomaba el contacto por email con los fundadores de Alpha para explorar cómo llevar esa misma tecnología a las escuelas públicas. Así lo documentan correos obtenidos mediante solicitudes de información pública por ProPublica y The Texas Tribune.

Durante el año siguiente, Morath y su equipo en la Agencia de Educación de Texas (TEA) visitaron varias veces los campus de Alpha, prepararon una ficha de una página para presentar el programa a los distritos y pusieron en contacto a responsables de Alpha con al menos diez distritos escolares, según esos correos. Tres ya han lanzado pilotos: Houston ISD, el mayor distrito del estado y actualmente bajo intervención estatal, lo usará este curso con alumnos de buen rendimiento «para evaluar si este enfoque acelera su progreso académico»; Aldine, junto a Houston, lo aplicará a unos 300 alumnos de cuatro institutos para reforzar matemáticas; y Fort Davis, en el oeste de Texas, lo usará en primaria y secundaria para reforzar lectura y matemáticas entre alumnos rezagados. Otros cinco distritos —entre ellos Ector County y Fort Bend— fueron contactados pero no siguieron adelante. La TEA, preguntada por los periodistas, niega que exista «una asociación formal» con Alpha, aunque admite haber puesto en contacto a ambas partes y dice dejar la decisión final a cada distrito; además, lleva meses sin responder a las preguntas de los reporteros y sigue oponiéndose a la entrega de parte de los correos solicitados bajo la ley de información pública de Texas.

El historial de Alpha no respalda, por ahora, el entusiasmo institucional. La herramienta, hoy comercializada como TimeBack, se desarrolló con 1.000 millones de dólares invertidos por el empresario tecnológico Joe Liemandt, fundador del gigante del software Trilogy. Según reveló la propia cofundadora de Alpha en Instagram —recogido por la investigación de ProPublica y Texas Tribune—, Texas fue uno de al menos nueve estados que rechazaron solicitudes de la compañía para abrir charters públicos con este modelo. En el único que sí se aprobó, en Arizona, los resultados en los exámenes estatales quedaron muy por debajo de lo pronosticado por la empresa. Y en Texas Preparatory School, el colegio de Austin donde ya se usaba la herramienta, solo el 21% de los alumnos aprobó el examen estatal el curso pasado, una cifra que la propia TEA conocía porque fue ella quien calificó al centro con su tercera F consecutiva. Las cifras de éxito que Alpha difunde —que sus alumnos «aprenden al doble de velocidad» que sus compañeros— proceden de un informe autopublicado por la propia compañía, sin verificación independiente.

El trasfondo político añade una capa incómoda. MacKenzie Price, cofundadora de Alpha, ha donado más de 1,5 millones de dólares a la campaña del gobernador Greg Abbott; su oficina no quiso confirmar si respalda la llegada de la herramienta a las aulas públicas, y se limitó a decir que «un buen profesor» sigue siendo el elemento más importante. La candidata demócrata a gobernadora, Gina Hinojosa, se ha opuesto públicamente al piloto en Houston y ha prometido destituir a Morath si gana en noviembre. Dentro de la propia Junta Estatal de Educación, que rechazó el charter hace un año, hay miembros de ambos partidos que ven en esta maniobra una forma de sortear por la vía administrativa una decisión que ya se había tomado democráticamente.

Como contexto del sector, la expansión de Alpha hacia la escuela pública llega justo cuando el péndulo regulatorio se mueve en sentido contrario. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acaba de prohibir la IA generativa en primaria y secundaria en el mayor distrito escolar del país; Los Ángeles ha impuesto restricciones similares; y el propio Abbott propuso en agosto limitar el tiempo de pantalla en las aulas texanas. El contraste —un regulador que promueve en privado lo que su gobernador cuestiona en público— retrata bien la fase en la que está hoy la adopción de IA en educación: cada administración improvisa su propia frontera entre innovación y cautela, sin un estándar común de evidencia.

Nuestra lectura es que el problema de fondo no es que Texas pilote IA en las aulas. A largo plazo, la personalización del aprendizaje es uno de los terrenos donde la IA tiene más que aportar: acelerar a quien va rezagado y liberar al profesor para la parte que de verdad exige criterio humano —motivar, acompañar, detectar lo que un algoritmo no ve—, que es justo el reparto de papeles que Fort Davis y Aldine dicen estar ensayando con prudencia, como refuerzo y no como sustituto. El problema es el orden en el que ha ocurrido todo: primero se descarta una propuesta por falta de evidencia, y un año después se cuela la misma tecnología por la puerta de atrás, sin esa evidencia, en distritos que además atienden a alumnos con más necesidades de apoyo que los que Alpha ha educado hasta ahora. Eso no es gobernanza basada en datos; es gobernanza basada en contactos, y cuando el que abre la puerta es el mismo regulador que debería auditar el resultado, el conflicto de interés se vuelve estructural.

A medio plazo, este tipo de atajos tiene un coste que rara vez se contabiliza: cada piloto mal evidenciado que termina en un titular incómodo —un 21% de aprobados, un resultado muy por debajo de lo prometido— alimenta la desconfianza hacia la IA educativa en general, incluida la que sí funciona. Si Texas quiere de verdad ser un referente en la integración de IA en el aula, necesita exactamente lo que ha evitado en este caso: evaluación independiente, resultados públicos y las mismas reglas para todos los proveedores, empiecen o no con una agenda compartida con el despacho del comisionado.