Un jurado en Texas tumba un programa policial que usaba IA y un perro amañado para registrar coches al azar

Por Reason Magazine · 30 de septiembre de 2026.

Un jurado federal declaró el lunes al condado de Bexar, en Texas, responsable de violar sistemáticamente la Cuarta Enmienda —la que protege frente a registros e incautaciones irrazonables— durante años, a través de una unidad de "interdicción criminal" que combinaba lectores automáticos de matrícula con inteligencia artificial y paradas de tráfico con excusas fabricadas. El caso lo llevó Alek Schott, un conductor al que pararon en marzo de 2022 cerca de San Antonio por supuestamente salirse de carril, algo que su propia cámara del salpicadero desmintió después, según la demanda presentada por el Institute for Justice, la organización sin ánimo de lucro que lo representó.

Lo que debía ser una parada rutinaria se convirtió en una hora de interrogatorio. El agente Joel Babb hizo que Schott se sentara en el asiento del copiloto del coche patrulla y le preguntó por su trabajo, su domicilio y su historial mientras lo comprobaba, según la demanda. Pasados diez minutos, Babb admitió que el motivo real no era ningún supuesto de tráfico: pertenecía a la Unidad de Interdicción Criminal y su trabajo era buscar contrabando humano y de drogas, no poner multas.

Cuando Schott se negó a que registraran el vehículo, Babb llamó a una unidad canina. El vídeo de la cámara corporal muestra al agente haciendo gestos hacia arriba junto al perro justo antes de que este apoyara las patas en el coche; ese gesto se registró como una "alerta positiva" que, legalmente, habilita el registro sin consentimiento. Durante los siguientes 40 minutos, los agentes revisaron el camión de Schott. No encontraron nada. Al despedirse, Babb le confesó que "nueve de cada diez veces" pasa lo mismo: no encuentran nada.

Según la demanda, ese patrón no era un exceso puntual de un agente, sino un sistema en cinco pasos: una red de lectores de matrícula con IA señalaba patrones de conducción calificados de "anómalos"; los agentes de Bexar usaban esa señal para justificar una parada con un pretexto de tráfico; interrogaban al conductor sobre drogas, dinero en efectivo y consentimiento para registrar; si el conductor se negaba, la alerta de un perro manipulado por el agente aportaba la "causa probable" que faltaba. El Institute for Justice sostiene que la unidad sometió a "miles" de conductores a esta rutina. "Descansa en la idea de que si vigilas de cerca a suficiente gente inocente, los delincuentes acabarán cayendo", dijo el abogado sénior de la organización, Josh Windham, en un comunicado.

La abogada principal del caso, Christie Hebert, fue más allá en la rueda de prensa posterior al veredicto: los agentes necesitan una sospecha real de delito para parar, retener y registrar a alguien, y en este caso no la tenían. "Cada agencia del estado de Texas debe saber que estamos preparados para hacer cumplir este veredicto", advirtió. El jurado concedió a Schott 76 dólares —un dólar por cada minuto que estuvo detenido sin motivo—, una cifra simbólica que contrasta con el alcance real del fallo: una declaración de que el programa, tal como operaba, era inconstitucional.

Como contexto del sector, este tipo de redes de lectura automática de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) se ha expandido con fuerza en Estados Unidos en los últimos años a través de proveedores privados que conectan cámaras de miles de agencias locales en una misma base de datos nacional, vendiendo la promesa de detectar "comportamiento anómalo" en tiempo real. Es una infraestructura pensada para la seguridad pública que, sin supervisión judicial estricta, puede convertir a cualquier conductor en sospechoso por defecto.

Aquí está el problema de fondo, y es el que más nos interesa señalar: la IA no inventó el abuso policial, pero sí le dio escala industrial. Antes, un agente necesitaba una sospecha para fijarse en un coche concreto; ahora un algoritmo genera la sospecha por él, a partir de patrones de movilidad de miles de personas que no han hecho nada. Lo que en el papel se presenta como "eficiencia" —dirigir recursos limitados hacia el tráfico más probable— se traduce, sin control humano riguroso, en vigilancia masiva encubierta bajo la etiqueta de herramienta técnica neutral. El componente humano de esta historia, el gesto hacia el perro para forzar una alerta falsa, es el recordatorio de que automatizar la sospecha no elimina la mala fe: solo le da una capa de aparente objetividad algorítmica delante de la cual esconderse.

Nuestra lectura es que este veredicto importa menos por los 76 dólares que por la señal que manda: los tribunales, y en última instancia un jurado popular, siguen siendo el freno que funciona cuando la tecnología de vigilancia se despliega más rápido que la supervisión que la acompaña. Es exactamente el tipo de fricción a corto plazo que nuestra tesis de fondo reconoce sin rodeos —la IA aplicada sin contrapesos institucionales erosiona derechos concretos, de gente concreta, hoy mismo—, y no se resuelve con optimismo tecnológico genérico. Se resuelve con litigios como este, con jurados dispuestos a decir que una "herramienta" no exime de cumplir la Cuarta Enmienda, y con reglas claras sobre qué puede y qué no puede automatizarse en el uso de la fuerza del Estado. La promesa de una IA que libera recursos y tiempo para las personas solo se sostiene si, en paralelo, blindamos que esa misma capacidad no se convierta en una herramienta de control desproporcionado sobre quienes no han hecho nada malo. Este caso es una victoria puntual en esa dirección, y el Institute for Justice ya ha avisado de que está dispuesto a hacer cumplir este veredicto frente a cualquier agencia del estado de Texas.