Reino Unido no ve aún destrucción neta de empleo por IA, pero ya prepara un plan de contingencia

El ministro de IA del Reino Unido, Kanishka Narayan, afirmó en un acto paralelo al congreso del Partido Laborista en Liverpool que el Gobierno debe "tomarse en serio la posibilidad de un impacto sin precedentes en el mercado laboral" por la inteligencia artificial. En la misma intervención reconoció que, por ahora, no hay evidencia de una reducción global del empleo atribuible a la IA. Las dos frases conviven: su prioridad, dijo, es tener preparado un plan de contingencia para el peor escenario. "Si nos va a golpear de forma grande, vas a querer ir lo más por delante posible de la curva", declaró según la crónica.

Las cifras del acto vinieron del laboratorio de ideas IPPR, por boca de Carsten Jung, que prepara un informe sobre disrupción laboral con enfoque de "preparación ante pandemias". Jung habló de hasta 8 millones de empleos negativamente afectados en el escenario más adverso, y sostuvo que en torno al 11% de los puestos británicos están "altamente expuestos" a ser sustituidos por chatbots, encabezados por ocupaciones de secretaría y administrativas. Con la llegada de la IA agéntica —sistemas que encadenan y ejecutan tareas por su cuenta, no solo responden preguntas—, calculó que la exposición podría subir al 60% de las tareas de la economía. Conviene no mezclar las dos cifras: una habla de empleos sustituibles, la otra de tareas automatizables dentro de empleos que seguirán existiendo transformados. Es la diferencia entre perder el puesto y cambiar de oficio sin cambiar de nombre.

El detalle más honesto de la jornada fue la autocrítica: Jung admitió que los "escenarios severos" que el IPPR publicó en 2024 estaban "hasta cierto punto" equivocados, aunque argumentó que la tecnología ha pasado desde entonces de tareas aburridas a razonamiento de alto nivel y trabajo creativo. Narayan añadió el problema contrario, el de la infraestimación: la "adopción silenciosa" por parte de los propios trabajadores no aparece en las encuestas sectoriales, y una empresa tecnológica le contó que había contratado a menos gente porque ya había automatizado tareas. Ninguna estadística oficial recoge la contratación que no llega a producirse. Por eso el ministro prometió "mucha mejor transparencia" cuando se adopte IA, para poder medir las ganancias de productividad.

En política concreta, Jung planteó dos vías: reciclaje profesional para el sector servicios y medidas para "frenar ligeramente la transición" y mantener a la gente en su puesto, incluido rediseñar la fiscalidad para que retener trabajadores salga más a cuenta que automatizarlos. Él mismo avisó del coste: en una economía tan terciarizada como la británica, las políticas del escenario duro serían muy caras. Añadió que las mujeres están "un 40% más expuestas que los hombres" por su mayor peso en empleos de servicios. Mike Clancy, del sindicato Prospect, celebró que se dé voz a los trabajadores pero advirtió contra "crear las condiciones para que la gente trabajadora sea víctima" de la IA. Y el ministro de Exteriores, Ed Miliband, cargó en su discurso contra los "titanes tecnológicos": la lección de la historia, dijo, es que no se puede dejar en manos de las corporaciones poner las barreras de seguridad, porque su función es maximizar beneficios. Anunció que el Reino Unido usará su presidencia del G20 el año que viene para liderar la gestión de los riesgos de la IA.

Nuestra lectura: lo valioso aquí no es el número de 8 millones —un escenario extremo de un laboratorio de ideas que acaba de reconocer que se pasó de frenada hace dos años—, sino el método. Planificar la contingencia sin afirmar que el desastre ya ocurre es exactamente la gobernanza basada en evidencia que llevamos tiempo defendiendo frente a la tentación de regular el pánico. Encaja además con lo que venimos observando sector a sector: lo administrativo y el back-office son lo más expuesto; el criterio, la relación humana y lo presencial resisten mejor. Y la brecha de género que señala el IPPR no es un efecto de la tecnología, sino de la segregación ocupacional previa que la tecnología amplifica.

Dos cautelas. La primera: "frenar la transición" vía impuestos a la automatización suena protector y puede acabar siendo un subsidio a la ineficiencia que encarece el ajuste en vez de evitarlo; lo que protege a una persona es su capacidad de moverse, no el congelado de su puesto. La segunda: el reproche de Miliband a las tecnológicas es justo en el diagnóstico, pero ya hemos visto que los laboratorios pueden pedir el freno y nadie accionarlo, porque el punto de veto real está en la competencia geopolítica. Un Estado que promete transparencia en la adopción de IA y se sienta a la cabecera del G20 tiene al menos una palanca propia. A largo plazo seguimos viendo el mismo horizonte —automatizar lo tedioso libera tiempo humano para lo que importa, desde la salud hasta la creación—, pero ese destino no llega solo: llega si el tramo intermedio se gestiona con datos, no con relatos. Reconocer que aún no se ve el golpe y prepararse igualmente es, por ahora, la actitud más adulta que hemos leído en un congreso de partido.