Demandan a OpenAI, Anthropic, xAI y Google por pactar frenar la IA: la cautela coordinada choca con la ley antimonopolio

Por Zendoric · 27 de septiembre de 2026.

Cuatro personas que pagan suscripciones a ChatGPT, Claude, Grok o Gemini han demandado a OpenAI, Anthropic, Google y xAI —la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk que fabrica Grok, a la que el medio que ha destapado el caso, el North State Journal, se refiere como "SpaceXAI"—. La demanda, presentada el viernes pasado ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California en nombre de una clase nacional propuesta de abonados, no acusa a estas compañías de fabricar mal sus productos. Las acusa de haber pactado entre sí ir más despacio, algo que, según el escrito, viola las leyes antimonopolio —las que prohíben a competidores coordinarse en vez de competir entre ellos— porque reduce el valor que reciben quienes pagan por esas suscripciones.

El detonante que señala la demanda es concreto y fechado. El 12 de septiembre, el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo pidiendo cooperación de toda la industria para frenar deliberadamente el ritmo de los avances en favor de más seguridad. Ese mismo día, según recoge la demanda, Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (xAI) y Demis Hassabis (cofundador y presidente de Google DeepMind) respondieron públicamente mostrando su acuerdo. Para los demandantes, ese intercambio no fue una coincidencia de opiniones sino la prueba visible de una coordinación que ya se venía gestando desde julio de 2026, cuando altos cargos de varios laboratorios de IA firmaron una declaración conjunta que reconocía la "intensa presión competitiva para no frenar unilateralmente" y pedía al Gobierno que respaldara un esfuerzo global de desaceleración.

El matiz legal es lo que hace interesante el caso. Los demandantes no dicen que estas empresas no puedan frenar su propio desarrollo por seguridad: dicen que no pueden hacerlo juntas y de mutuo acuerdo. El escrito sostiene que la ley antimonopolio impide a los rivales tomar el "atajo" de "sustituir la responsabilidad individual por una restricción colectiva"; un mercado competitivo, argumentan, es precisamente lo que obliga a cada empresa a rendir cuentas por su propio ritmo. "Si permitimos que la seguridad y el protocolo de la IA... queden controlados por acuerdos privados e interesados entre las empresas tecnológicas más poderosas del mundo, la IA escapará rápidamente al control humano y podría matarnos a todos", ha declarado Nick Rowley, abogado principal de los demandantes. Ni Anthropic, ni OpenAI, ni Google ni xAI habían respondido a las peticiones de comentario del medio en el momento de la publicación.

El propio Amodei había anticipado el problema legal en su ensayo: escribió que sería útil que el Gobierno de EE. UU. mediara —o al menos habilitara— estas conversaciones entre laboratorios rivales, para lo que bastaría con una "exención limitada" (un permiso legal específico, conocido como waiver, que autoriza cierto tipo de conducta normalmente prohibida) para determinadas charlas sobre seguridad, sin que Washington tuviera que participar directamente. Altman respondió que OpenAI recibiría bien "un marco federal que fije requisitos de seguridad consistentes", pero matizó que no cree necesario "esperar a una exención antimonopolio o a una ley" para empezar a construir esa confianza. Es decir: incluso los firmantes del supuesto pacto discrepan sobre si necesitan permiso legal para coordinarse.

Ese permiso, de momento, no está disponible y probablemente tampoco lo estará pronto. El presidente Donald Trump rechazó en redes sociales las peticiones de regulación calificándolas de "conspiración", y se preguntó por qué los líderes del sector pedirían normas que, a su juicio, de aplicarse con rigor, los llevarían "a la ruina y la bancarrota". El sábado anunció que formará un grupo de trabajo sobre IA y nombrará a un "zar de la IA", sin más detalles. Desde el propio partido del presidente, el senador republicano Josh Hawley fue tajante en una audiencia reciente del Senado: "no hay mundo posible" en el que aceptaría eximir de las leyes antimonopolio a "las empresas más poderosas de la historia", precisamente por temor a que coludan y asfixien la competencia. Los demandantes, por su parte, insisten en que no se oponen a que el Congreso o la Casa Blanca legislen sobre IA ni a que las empresas pidan esa exención por la vía correcta.

Aquí conviene separar los planos: uno es el riesgo técnico real de una IA que avanza más rápido de lo que se puede auditar; otro es la estructura de mercado que se construye alrededor de ese riesgo, con actores que se benefician de aparentar prudencia sin necesariamente frenar del todo. Esta demanda añade un tercer plano, el legal, y es el que puede resultar más determinante a corto plazo. Si coordinarse públicamente en materia de seguridad puede acabar en los tribunales acusado de colusión, el incentivo natural de cualquier consejero delegado prudente es dejar de hacerlo en público, o dejar de hacerlo del todo, y volver a la lógica competitiva de siempre. La demanda, presentada para forzar más responsabilidad individual, corre el riesgo de producir el efecto contrario al que persigue: empujar a las empresas de vuelta a la presión de "si no lo hago yo, lo hará el rival" que la propia declaración de julio de 2026 describía como el problema de fondo.

Esto no es un asunto menor para la tesis de fondo con la que seguimos este sector. Creemos que la IA puede llevarnos a una abundancia real —salud, más años de vida sana, liberación del trabajo rutinario— pero solo si el tránsito hasta ahí se gestiona con una gobernanza legítima, no con pactos de despacho entre un puñado de compañías con ánimo de lucro. En ese sentido, el reflejo de los demandantes de exigir responsabilidad individual y verificable en vez de un acuerdo colectivo opaco no es enemigo de la seguridad: puede ser el único camino que sobrevive tanto al escrutinio legal como al político. El problema es que ese camino —regulación pública, con mandato democrático y mecanismos de verificación— es precisamente el que la Administración actual rechaza por ahora. Sin árbitro público y sin margen legal para la autorregulación pactada, la industria queda atrapada en la peor combinación posible a corto plazo: ni coordinación permitida ni norma que la sustituya. Ganase o pierda esta demanda en los tribunales, es probable que acabe sirviendo, paradójicamente, para acelerar la presión sobre el Congreso: al final, quien decida cómo compaginar competencia y seguridad en la IA no debería ser el ensayo de un consejero delegado, sino una ley.