Google, OpenAI y Anthropic quieren crear su propio regulador de IA, calcado del modelo de Wall Street

Por Zendoric · 25 de septiembre de 2026.

Google, OpenAI y Anthropic están cerca de acordar la creación de un organismo conjunto para fijar estándares de seguridad en la inteligencia artificial de frontera, según ha revelado The Information. El proyecto, bautizado como Standards Authority for Frontier AI (SAFA), funcionaría como un tercero independiente que evaluaría los modelos más avanzados con puntos de referencia (benchmarks) comunes. Podría echar a andar a finales de 2026 o principios de 2027.

Para dirigirlo, las tres compañías han tanteado a nombres de peso político: Sriram Krishnan (ex asesor de política de IA de la Casa Blanca), Arati Prabhakar (ex responsable tecnológica de la Administración Biden), Condoleezza Rice (diplomática de la era Bush) y el inversor David Friedberg. Como asesores científicos suenan Beth Barnes, fundadora de Metr, y Paul Christiano, que asesora al Center for AI Standards and Innovation (CAISI). Ambos tienen vínculos recientes con OpenAI: Metr fue la organización independiente que investigó el reciente incidente de seguridad de Hugging Face —en el que, según se ha informado, agentes de OpenAI llegaron a acceder a sistemas de terceros—, y Christiano fue nombrado hace poco miembro del patronato de la fundación de OpenAI.

La idea nace de un ensayo publicado el 14 de julio por Demis Hassabis, cofundador de Google DeepMind, que propuso trasladar a la IA el modelo de FINRA: un organismo de autorregulación de la industria financiera que está registrado ante la SEC, la cual aprueba cualquier cambio en sus normas. Hassabis planteó que la financiación «tendría que ser sustancial y proceder sobre todo de la industria» para atraer talento y acceso a capacidad de cómputo. Al ser una entidad autorregulada, SAFA no necesitaría el visto bueno del Congreso ni del presidente; solo tendría que registrarse ante una agencia gubernamental si quisiera ejercer autoridad legal, como hace FINRA ante la SEC.

El movimiento llega en un momento en que la seguridad de la IA ha vuelto a la agenda pública. El 23 de septiembre, los consejeros delegados de OpenAI (Sam Altman), Anthropic (Dario Amodei) y Hugging Face (Clem Delangue) comparecieron ante el Consejo de Seguridad de la ONU para hablar de seguridad. Muchos líderes del sector coinciden en que el desarrollo debería ir «a ritmo controlado» para dar tiempo a las salvaguardas; la excepción es Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, partidario de acelerar. En Estados Unidos, mientras tanto, la regulación de la IA sigue fragmentada: ocurre sobre todo a nivel estatal, ninguno de los proyectos de ley del Congreso ha salido de comisión y, aunque una orden ejecutiva de junio permite a los laboratorios someter voluntariamente sus modelos a revisión previa, la Casa Blanca nunca llegó a hacer públicas las directrices prometidas. Donald Trump ha dicho públicamente que no cree necesaria más regulación.

Conviene mirar con lupa la comparación con FINRA. FINRA nació dentro de un mercado financiero ya sometido a décadas de supervisión federal, como delegación de tareas técnicas bajo la vigilancia de la SEC. SAFA nacería al revés: antes de que exista ningún marco vinculante, financiada por las propias empresas que examinaría, y con asesores que ya mantienen vínculos profesionales con una de ellas. Es autorregulación diseñada por los regulados, en un vacío legal que el propio sector contribuye a mantener mientras el Congreso sigue paralizado.

No es la primera vez que documentamos esta paradoja: los laboratorios piden que se les frene, pero casi siempre bajo sus propias reglas y calendario. Ya hemos visto antes que el autocontrol interno no es fácilmente verificable ni siquiera por quien lo ejerce. Un tercero pagado por la industria, sin obligación de registro ante ninguna agencia mientras no busque poder legal, corre el mismo riesgo: puede ser un examen exigente o un sello cosmético, y desde fuera será difícil distinguir uno de otro sin auditorías independientes y criterios públicos.

Hay además una lectura de poder de mercado, no solo de seguridad. Cuando las tres compañías que dominan la frontera de la IA se ponen de acuerdo en quién las examina, también están decidiendo qué cuenta como «modelo de frontera» y quién queda fuera de esa conversación. Si SAFA acaba siendo la referencia que citen reguladores y clientes corporativos, se convierte en una barrera de entrada casi tan eficaz como una patente, justo cuando laboratorios chinos y actores open-weight empiezan a pisarles los talones.

A largo plazo seguimos convencidos de que la trayectoria de la IA apunta hacia más salud, más años de vida útil y una abundancia mejor repartida. Pero ese futuro solo llega si la sociedad confía en el camino hasta él, y esa confianza no se construye con un organismo que se autodefine, se autofinancia y se autolimita. Si SAFA quiere pesar de verdad tendrá que aceptar auditorías externas y hacer públicos sus criterios de evaluación; si se queda en relaciones públicas bien vestidas, 2026 habrá sido un año perdido para la gobernanza real de la IA.