IA en las aulas: Nueva York la prohíbe por decreto, Puerto Rico la oficializa con Copilot, y falta la evidencia

Por El Nuevo Día · 23 de septiembre de 2026. El 2 de septiembre, Nueva York prohibió el uso de inteligencia artificial generativa —los sistemas tipo ChatGPT o Copilot que producen texto, imágenes o respuestas a partir de instrucciones— para unos 600.000 estudiantes de pre-kínder a octavo grado, durante un año. Lo llamativo, según recoge el abogado Jaime Farrant Mena en su columna de opinión, no es tanto la prohibición como el mecanismo: la decretaron el alcalde y su encargado de educación por vía administrativa, sin que hiciera falta aprobar ninguna ley.

A miles de kilómetros, Puerto Rico avanza en la dirección opuesta. En enero de 2026, el Departamento de Educación publicó el Manual de la IA para Estudiantes, que designa a Microsoft Copilot como la plataforma oficial recomendada para alumnos de 13 años en adelante. Mientras Nueva York cierra la puerta a estas herramientas en la escuela primaria y media, Puerto Rico elige un proveedor único y lo convierte en política pública para la secundaria.

Farrant apunta al núcleo del problema: nadie ha presentado evidencia de que la mejor manera de cerrar la brecha educativa —esa distancia de recursos y resultados entre escuelas y alumnos— sea poner a los chatbots a enseñar a los niños. Es una observación certera, y conviene subrayarla como lo que es, su lectura de abogado, y no un hecho contrastado por ningún estudio citado en la columna: tanto la prohibición neoyorquina como la adopción puertorriqueña se decidieron por vía administrativa, sin debate legislativo. La elección de un proveedor único mediante un manual del Departamento de Educación, además, abre una pregunta de gobernanza que trasciende lo pedagógico: qué controles existen para que un sistema educativo no quede atado a la hoja de ruta comercial de una sola empresa de tecnología.

Como contexto del sector, el debate de fondo no es exclusivo de estos dos sistemas educativos: la evidencia sobre el impacto real de la IA generativa en el aprendizaje sigue siendo escasa, y la columna no cita ningún estudio al respecto. El problema ya no es el acceso —los cursos y herramientas gratuitas se multiplican— sino si la herramienta sustituye el esfuerzo del alumno o lo acompaña.

Nuestra lectura es que la disputa entre prohibir y oficializar es una falsa dicotomía si ninguna de las dos opciones se apoya en evidencia de qué funciona realmente en el aula. Prohibir por decreto es tan fácil de revertir —y tan poco sólido jurídicamente— como imponer un proveedor único por manual administrativo; ambas son respuestas rápidas a un problema que exige pilotos, medición y tiempo. Lo que sí parece razonable sostener es que el aula que gana con la IA es la que la convierte en tutor y andamiaje bajo la guía de un profesor que orquesta su uso, no la que le permite sustituir la explicación o el esfuerzo del alumno. A corto plazo, la falta de marcos claros —basta un cambio de alcalde o de secretario de educación para invertir la política— multiplicará estos parches: prohibiciones, manuales y decisiones administrativas inconexas, en Nueva York, en Puerto Rico y en cualquier sistema educativo que improvise sobre la marcha. A largo plazo, la promesa de fondo no cambia: una IA bien diseñada, usada como tutor personalizado bajo la guía de un profesor que la orquesta, puede ofrecer el acompañamiento individual que ningún sistema educativo masivo ha logrado dar hasta ahora. Llegar ahí, sin embargo, exige medir antes de legislar por decreto, algo que, de momento, ni Nueva York ni Puerto Rico han hecho.