Deepfakes sexuales en un instituto de Tennessee: la ley sí alcanza al agresor, pero el daño llega mucho antes

Dos estudiantes varones menores de edad fueron detenidos en el condado de Putnam (Tennessee) acusados de usar un programa de inteligencia artificial para crear imágenes sexualmente explícitas de compañeras del Cookeville High School y difundirlas en redes sociales. Según el sheriff Eddie Farris, los hechos ocurrieron el mes pasado y consistieron en colocar los rostros de alumnas reales sobre imágenes explícitas; algunas se almacenaron en el teléfono de uno de los menores y se distribuyeron desde allí. Ambos están imputados por explotación sexual agravada de un menor y explotación sexual especialmente agravada de un menor, y serán juzgados en tribunal de menores, según el fiscal de distrito Bryant Dunaway. Son acusaciones: no hay todavía una condena.

La tesis que nos deja el caso es incómoda y poco mencionada: aquí la ley no falló. Los cargos existen, son graves y se aplicaron en semanas. Lo que falló es la asimetría temporal. Fabricar y distribuir este material cuesta hoy minutos, cero conocimientos técnicos y prácticamente cero dólares; la respuesta institucional —investigación, imputación, juicio— tarda meses. El castigo puede llegar; la imagen ya circuló. El testimonio de la madre de una de las víctimas lo resume mejor que cualquier análisis: «Ella no hizo ninguna foto desnuda y aun así pasa... con la IA no podemos hacer nada». Su hija se encerró en su habitación y dejó de hablar incluso con sus amigas.

Esa frase —«no podemos hacer nada»— es la que debe orientar la conversación pública, y hay que responderla sin condescendencia y sin catastrofismo. No es cierto que no se pueda hacer nada, pero sí es cierto que lo que se puede hacer ya no está donde la gente cree que está. No está en la vigilancia parental de las redes, porque la madre entrevistada dice que la hacía. No está en la prudencia de la víctima, porque la víctima no generó nada. Está aguas arriba: en la fricción que los generadores de imágenes ponen —o no ponen— al desnudo no consentido, en la trazabilidad de la procedencia de las imágenes, en la velocidad de retirada de las plataformas y en la educación explícita en los centros sobre lo que es un delito, no una travesura.

El sheriff Farris lo formuló bien: «La tecnología sigue cambiando, pero la responsabilidad que conlleva usarla no». Añadiríamos un matiz. Cuando una capacidad que antes exigía un especialista pasa a estar en el móvil de un chaval de dieciséis años, la responsabilidad individual sigue existiendo, pero deja de ser suficiente como sistema de defensa. Un menor con acceso trivial a una herramienta capaz de producir material de abuso no es un problema que se resuelva solo apelando a su criterio, igual que no confiamos la seguridad vial exclusivamente a la prudencia del conductor.

Nuestra lectura. Este es el rostro más feo de la fase de transición en la que estamos, y conviene mirarlo de frente: la misma reducción radical de costes que va a permitir diagnosticar antes un cáncer o diseñar fármacos para enfermedades raras abarata también el abuso. No son dos tecnologías distintas; es la misma curva. Nuestra posición sigue siendo de optimismo a largo plazo, pero ese optimismo se gana tomando en serio los daños concretos del presente, no minimizándolos como peaje del progreso. Dos adolescentes detenidos y varias chicas marcadas en un instituto de Cookeville no son una anécdota local: son el aviso de que la capa de defensa —normas, fricción, educación y retirada rápida— tiene que desplegarse al mismo ritmo que la capacidad. Ahora mismo va varios años por detrás.