Un convenio entre Meta y la policía chilena para detectar amenazas a Kast destapa el vacío legal sobre vigilancia

Por Diario Regionalista Antofagasta · 22 de septiembre de 2026.

En Chile se registraron recientemente detenciones de personas que publicaron en redes sociales supuestas amenazas contra el presidente José Antonio Kast y otras autoridades; la fuente no precisa cuántos casos fueron ni qué organismo practicó las detenciones. Los casos, según reportó este medio, se originaron en reportes asociados a Meta Platforms Inc., la empresa dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, que mantiene mecanismos de colaboración con policías para responder a contenidos que puedan constituir delito o representar riesgo de seguridad.

El hecho reabrió en Chile un debate que va más allá de estos casos puntuales: qué límites tiene el cruce entre moderación de contenidos, inteligencia artificial y persecución penal. Sebastián Castillo, presidente del Colegio de Periodistas de Antofagasta, lo planteó en estos términos: la misma infraestructura de detección que permite identificar una amenaza real contra una autoridad puede, sin criterios claros, usarse también para vigilar la crítica política legítima.

Castillo no cuestiona que las amenazas deban investigarse. Su argumento es otro: en Chile "todavía no hay marcos regulatorios que puedan generar lineamientos que permitan fiscalizar bien cómo se usa la inteligencia artificial", pese a que -según explicó- existe un proceso legislativo en desarrollo sobre la materia. Sin esos lineamientos, sostiene, la decisión sobre qué contenido merece intervención policial queda en manos de criterios que hoy no son auditables públicamente.

El dirigente gremial fue más allá y afirmó que las autoridades "de turno" estarían usando estas capacidades más para "reprimir a quienes se levantan discursivamente contra el gobierno" que para resolver delitos pendientes. Es una acusación política grave -contra el uso que el actual Gobierno chileno hace de estas herramientas- que conviene leer como lo que es: la posición pública de un gremio profesional, no un hecho verificado de forma independiente. El propio Castillo la enmarca como advertencia y no como denuncia judicial: pide "criterio, especialización, profesionalismo y ética", no la suspensión del convenio.

Como dato de contexto, Castillo citó el Índice de Ciudadanía Digital de la Fundación País Digital, un estudio que evaluó conocimientos, usos, buenas prácticas, participación cívica y ciberseguridad: el 54% de los encuestados no cumplía con el conjunto de habilidades digitales básicas evaluadas. La brecha, señaló, es transversal y no se explica únicamente por la edad, sino también por factores socioeconómicos, migratorios y de acceso a las nuevas tecnologías. El dato importa porque describe la asimetría real del problema: buena parte de la ciudadanía no está en condiciones de entender, y mucho menos de auditar, cómo un sistema automatizado decide que una publicación suya constituye una amenaza.

En general, este tipo de convenios entre grandes plataformas y policías no es una singularidad chilena ni un invento de este Gobierno: Meta, como el resto de las grandes redes, opera desde hace años canales formales de respuesta a requerimientos legales y de seguridad, apoyados en sistemas de clasificación automática que priorizan qué reportes llegan a revisión humana y con qué urgencia. Lo distintivo del caso chileno no es la herramienta, sino la ausencia de una ley de IA que defina quién audita esos sistemas, con qué criterios y bajo qué supervisión, cuando se aplican a una función tan sensible como la seguridad de un jefe de Estado.

Nuestra lectura es que este episodio funciona como un buen termómetro de un problema que vamos a ver repetirse en más países a medida que los gobiernos se apoyan en la infraestructura de detección de las plataformas para tareas de seguridad pública. El riesgo de corto plazo no está en la tecnología en sí -detectar una amenaza real contra una autoridad es un uso legítimo y hasta deseable de estas capacidades-, sino en la falta de un marco que separe con nitidez la persecución de un delito de la vigilancia de la disidencia. Sin esa frontera clara, el mismo sistema sirve para proteger a cualquier gobierno o para acallar a sus críticos, y la diferencia queda librada a quién ocupe el poder en cada momento, no a una regla estable.

La respuesta que defendemos en Zendoric para cualquier debate de gobernanza de IA no es rechazar estas herramientas ni tampoco darles un cheque en blanco: es la que reclama el propio Castillo, someterlas a criterios públicos, supervisión especializada y auditoría independiente, algo que hoy Chile -como la mayoría de los países de la región- todavía no tiene. A largo plazo, una IA bien gobernada es precisamente lo que puede permitir distinguir con más precisión una amenaza real de una crítica legítima, liberando recursos policiales para investigar delitos serios en lugar de vigilar el debate público. Pero ese resultado no llega solo: depende de que la regulación se adelante a la costumbre, antes de que la excepción de hoy se convierta en la norma de mañana.