El reparto de los 1.500 millones de Anthropic tropieza con editoriales y agentes que piden de más

Por Zendoric · 7 de septiembre de 2026.

Esta semana, varios autores estadounidenses recibieron un aviso incómodo: alguien más había reclamado su parte del acuerdo de 1.500 millones de dólares que Anthropic pactó por entrenar sus modelos con libros pirateados. Ese alguien, en muchos casos, era su propia editorial o una agencia literaria que ya no tenía ningún derecho sobre esa obra.

El acuerdo, aprobado en firme en julio, cierra una demanda colectiva que Anthropic resolvió tras un fallo judicial que estableció una distinción clave: entrenar un modelo de IA con material protegido por derechos de autor entra dentro del "fair use" (uso legítimo que la ley permite sin pedir permiso), pero obtener ese material a través de copias pirateadas no. Bajo esos términos, los autores de cerca de 500.000 títulos cobrarán 3.000 dólares por cada obra pirateada. Si el libro sigue publicado por una editorial tradicional, el pago se reparte al 50% entre autor y editorial; si el autor lo autopublicó, o si la editorial dejó que el libro quedara descatalogado y le devolvió los derechos, el 100% es para el autor.

El problema ha aparecido en la letra pequeña de ese reparto. La autora de novela negra April Henry contó que HarperCollins reclamó como suyo un libro cuyos derechos le habían sido devueltos hace al menos 17 años, el mismo día en que —según su relato— un aviso de crédito la informó de que esa editorial figuraba como su empleadora, algo que nunca ocurrió. Victoria Strauss, del conocido blog del sector Writers Beware, escribió que lleva días recibiendo quejas de autores que se agrupan en dos patrones: editoriales que reclaman libros sobre los que ya no tienen ningún derecho, y editoriales que reclaman el 100% del pago cuando solo les corresponde el 50%.

A esos reclamos se suman los de varias agencias literarias, algo que sorprendió incluso a quienes siguen el sector de cerca: como recuerda Strauss, los agentes no son titulares de derechos sobre los libros que venden, así que no deberían tener nada que cobrar. La autora Courtney Milan (seudónimo de Heidi Bond, exletrada judicial y exprofesora de derecho) lo resumió sin matices en redes: "algunos agentes están intentando reclamar porcentajes del acuerdo con Anthropic, y no creo que deban hacerlo en absoluto".

Ni Strauss ni la directora ejecutiva del Authors Guild, Mary Rasenberger, atribuyen esto a mala fe. Rasenberger declaró al New York Times que no lo ve como "un asalto de las editoriales" ni cree que estén intentando "estafar deliberadamente" a ningún autor; para ella es el resultado previsible de un mal registro de datos y un proceso de reclamación confuso. Algunas editoriales, según Strauss, ya han pedido a Anthropic que corrija sus propias reclamaciones erróneas. Pero la propia Strauss matiza su prudencia: dice haber visto solo "una grieta pequeña en un muro enorme", y aun así el volumen de quejas y la repetición de los mismos errores le sugieren algo "más amplio y sistémico" que simples fallos puntuales.

Hay además un detalle técnico que decidirá muchos de estos casos: para que un autor reclame el 100% del pago, la devolución de derechos debe haberse producido antes del 10 de agosto de 2022, la "fecha de descarga" que fija el acuerdo como referencia. Milan y el Authors Guild ya han empezado a explicar en público cómo disputar una asignación de pago incorrecta.

Nuestra lectura es que este episodio importa más allá del mundo editorial: es el primer gran ensayo real de cómo se reparte el dinero cuando la IA generativa paga, por fin, por lo que usó sin permiso. Y el ensayo sale regular. Cuando una demanda colectiva pone miles de millones sobre la mesa, la ventaja no es solo de quien tiene el derecho legítimo, sino de quien tiene el aparato administrativo —departamentos legales, bases de datos de contratos, personal dedicado— para presentar la reclamación primero y con más fuerza. El autor individual, que en muchos casos ni siquiera sabe con precisión cuándo recuperó los derechos de un libro publicado hace dos décadas, parte en desventaja frente a una editorial o una agencia que puede automatizar cientos de reclamaciones a la vez.

Esto conecta con algo que ya hemos señalado en otros contextos, como el de los mercados de licencia de imagen facial en Asia: cuando la IA convierte un activo antes intangible —una cara, un libro pirateado— en algo que genera un pago concreto, la disputa real no es sobre si ese pago debe existir, sino sobre quién controla la infraestructura de verificación que decide a quién le pertenece. Anthropic no diseñó un sistema de registro de derechos de autor granular y auditable; heredó el caos documental de una industria editorial que durante décadas no necesitó llevar ese control con precisión, porque nunca antes un tribunal le había puesto precio por unidad a cada libro pirateado.

A corto plazo, esto es un problema de gobernanza aburrido pero real: procesos de reclamación poco transparentes, plazos ajustados y la carga de la prueba recayendo sobre la parte más débil. Es exactamente el tipo de fricción de transición que no conviene minimizar, porque a la escala de medio millón de títulos, un error "sistémico" del 1% son miles de autores cobrando de menos. Pero también es un precedente útil: este acuerdo no será el último. Ya hay litigios y negociaciones similares en marcha entre editoriales de prensa, agencias de imágenes y desarrolladores de IA, y todos necesitarán, tarde o temprano, un mecanismo de reparto. Si la industria aprende de este primer tropiezo —registros de derechos más claros, auditorías independientes de las reclamaciones, plazos de disputa razonables— los próximos acuerdos podrían convertirse en la plantilla de cómo compensar de forma justa a quien creó el contenido con el que se entrenó un modelo, en lugar de en otro terreno donde gana quien tiene más abogados. Esa es, en el fondo, la pregunta que de verdad importa mientras la IA reparte cada vez más valor generado por trabajo humano: no solo cuánto se paga, sino a quién llega realmente ese pago.