Anthropic contra el Pentágono: el jueves se decide si Washington puede vetar una IA por poner límites éticos

Por Zendoric · 28 de julio de 2026. Este jueves 30 de julio, Anthropic y el Departamento de Defensa (DOD) de Estados Unidos comparecen ante la jueza Rita F. Lin, del tribunal federal del distrito norte de California, para pedir —cada uno por su lado— que falle a su favor sobre el veto que Washington impuso a los modelos Claude en febrero. Ambas partes han solicitado sentencia sumaria, el mecanismo legal que permite a un juez resolver un caso sin necesidad de juicio con jurado cuando los hechos no están en disputa. Según la propia Anthropic, la cifra en juego se mide en miles de millones de dólares.

El origen del conflicto se remonta al 27 de febrero, cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, designó a Anthropic como 'riesgo de cadena de suministro' (supply-chain risk), una calificación que —según sus propias palabras— se extendía a 'cualquier contratista, proveedor o socio' que hiciera negocios con el Ejército estadounidense. La decisión llegó tres días después de una reunión entre Hegseth y el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, en la que el secretario exigió que Claude permitiera 'todos los usos legales' o afrontara el veto. Amodei respondió en un post público el 26 de febrero: 'algunos usos están simplemente fuera de lo que la tecnología actual puede hacer de forma segura y fiable'. Un día después llegó la designación.

La jueza Lin ya se pronunció de forma provisional el 26 de marzo, bloqueando temporalmente el veto. Su lenguaje fue inusualmente contundente para un auto judicial: calificó la medida de 'clásica represalia ilegal contra la Primera Enmienda' y escribió que 'nada en la ley vigente respalda la idea orwelliana de que una empresa estadounidense pueda ser tildada de adversario potencial y saboteadora de EEUU por expresar desacuerdo con la posición contractual del Gobierno'. Según recoge BankInfoSecurity, un exfuncionario de la Administración Trump especializado en IA llegó a escribir en redes sociales que mantener el veto equivaldría a un 'asesinato corporativo'.

El Departamento de Defensa insiste en que el expediente administrativo está 'repleto de preocupaciones de seguridad nacional' ajenas a cualquier represalia, y señala un incidente en el que los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) intentaron usar Claude para investigación sobre prevención de enfermedades infecciosas y toparon con lo que el Pentágono llama 'límites no revelados'. Amodei, en un correo del 3 de febrero, atribuyó el incidente al uso de un modelo comercial y lo dio por 'prácticamente resuelto'. Aun así, los abogados del Gobierno lo presentan como prueba de que Anthropic puede 'envenenar' subrepticiamente sus modelos según 'sus juicios morales actuales o futuros' —el tipo de riesgo que, dicen, la designación busca prevenir. Conviene subrayarlo: esta es la versión del Pentágono, no un hecho judicialmente establecido; la propia jueza ya ha expresado dudas serias sobre ella.

El trasfondo comercial importa. Anthropic firmó en julio de 2025 un contrato de hasta 200 millones de dólares a dos años para uso militar de Claude, y meses después, durante las negociaciones para desplegar el modelo en la plataforma GenAI.mil del Pentágono, pidió garantías de que Claude nunca se usaría para vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses ni armamento autónomo letal. No es, por tanto, una empresa reacia a trabajar con el Ejército; es una empresa que quiere fijar sus propias líneas rojas incluso vendiéndole al Ejército. La disputa se complica con un episodio paralelo: tras el lanzamiento de sus modelos más capaces, Fable 5 y Mythos 5, el propio Gobierno ordenó suspender el acceso a usuarios extranjeros por motivos de seguridad nacional y control de exportaciones, restricción que levantó el 30 de junio tras un acuerdo con Anthropic sobre gestión de riesgos.

Aquí está la paradoja que de verdad importa: el mismo Gobierno que exige a Anthropic aceptar 'todos los usos legales' de Claude en el ámbito doméstico —incluida presumiblemente la vigilancia masiva— es el que, meses después, ordenó restringir el acceso a esos mismos modelos por motivos de seguridad nacional. No es una postura coherente de gobernanza de IA; es el ejercicio de poder de un cliente que quiere control total sobre un proveedor que se ha construido, precisamente, sobre la promesa de tener límites. Lo que se dirime el jueves no es solo un contrato: es si Washington puede convertir la exclusión de fondos federales en un arma para forzar a una empresa de IA a renunciar a sus propias barreras de seguridad. Si el Pentágono gana, el mensaje para toda la industria será claro: cualquier salvaguarda ética tiene un precio, y ese precio es la pérdida de acceso al mayor comprador de tecnología del planeta.

El resultado de la vista de este jueves difícilmente cerrará el asunto. El Departamento de Defensa ya ha recurrido el auto de marzo ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito —litigio en pausa mientras tanto— y Anthropic mantiene además una demanda separada en el Circuito de Columbia por otra designación de riesgo de cadena de suministro, amparada esta vez en la Ley Federal de Seguridad de la Cadena de Suministro de Adquisiciones. Encaja con una tesis que venimos sosteniendo en Zendoric: la fricción de corto plazo entre gobiernos y laboratorios de IA no es un obstáculo pasajero, es el terreno donde se negocia, caso a caso, quién gobierna la tecnología más poderosa del momento. Que un tribunal federal esté dispuesto a llamar 'orwelliana' una represalia contra una empresa por defender límites de seguridad es, en sí mismo, una señal alentadora: sugiere que en Estados Unidos todavía hay contrapesos institucionales capaces de frenar el uso de la política de contratación como censura encubierta. Esa es, a fin de cuentas, la clase de gobernanza basada en evidencia —y no en pánico ni en subordinación— que hace más probable que la IA militar se desarrolle con las salvaguardas necesarias para que el horizonte de la abundancia no se construya sobre atajos peligrosos.