La UE obliga a Google a compartir datos de búsqueda y abrir la IA en Android bajo la Ley de Mercados Digitales

La Comisión Europea ha adoptado medidas vinculantes contra Google al amparo de la Digital Markets Act (DMA), la normativa que rige desde 2024 y que ya ha supuesto multas y cambios forzados en las prácticas de Apple, Meta y la propia Google. Tras varios meses de estudio, Bruselas ha dictado lo que denomina 'medidas de especificación' que afectan a dos áreas centrales del negocio de Google: Android y su buscador. Al tratarse de un 'gatekeeper' bajo la DMA, Google no tiene margen legal para negarse a cumplirlas.

La primera medida obliga a Google a abrir Android a asistentes de inteligencia artificial de terceros. Actualmente Gemini disfruta de un acceso preferente: viene preinstalado en todos los teléfonos Android certificados, puede activarse con la palabra clave 'Hey Google' y cuenta con funciones de automatización del sistema y de aplicaciones, además de acceso al contenido en pantalla. Según la Comisión, esta posición privilegiada limita las opciones de los asistentes de IA rivales y los hace menos atractivos para el 60% de los usuarios de la UE que tienen un dispositivo Android. El objetivo declarado es que los usuarios puedan instalar el sistema de IA que prefieran sin perder funcionalidades, algo que Bruselas asegura haber diseñado para preservar la privacidad y la integridad del dispositivo.

La segunda medida, con implicaciones potencialmente más amplias, obliga a Google a compartir datos de búsqueda con proveedores competidores, de forma transparente y a un precio razonable. La Comisión alega que los ofrecimientos previos de Google para compartir esta información no fueron suficientes. Además, bajo las nuevas reglas, Google deberá tratar a los chatbots de IA como servicios de búsqueda a efectos de este reparto de datos. La intención es que otras compañías accedan a métricas de búsqueda similares a las que maneja Google internamente, algo que los reguladores consideran esencial para que un competidor más pequeño pueda desafiar su dominio del mercado.

Google se ha mostrado abiertamente contrario a la decisión. Kent Walker, presidente de asuntos globales de la compañía, sostiene que Google había propuesto soluciones más moderadas que, a su juicio, satisfacían los objetivos de la DMA, y que el camino elegido por la Comisión Europea 'va demasiado lejos' y perjudicará a los usuarios. Walker afirma que las decisiones de hoy 'ponen en riesgo salvaguardas vitales de privacidad y seguridad para millones de europeos'. La compañía argumenta que otorgar a plataformas de IA distintas de Gemini una integración más profunda con Android podría eludir las verificaciones de seguridad que hoy realizan los propios fabricantes de teléfonos. Respecto al buscador, Google sostiene que compartir los datos como exige la UE pondrá en riesgo la privacidad de los usuarios, sus secretos comerciales e incluso, según Walker, la seguridad nacional.

La propia decisión de la Comisión contempla cierto margen de ajuste: exige que los datos se anonimicen mediante un enfoque de varias capas y se declara abierta a modificar la resolución para garantizar un tratamiento adecuado de los datos identificables. Google reconoce esa disposición a ajustar las reglas, pero mantiene su caracterización de la medida como una amenaza.

En cuanto a plazos, Google dispondrá de cierto margen para negociar los detalles con los reguladores europeos: deberá estar lista para compartir datos de búsqueda con otras empresas en enero de 2027, mientras que la actualización de Android para permitir una integración más profunda con aplicaciones de IA de terceros deberá estar implementada en julio de 2027.

El caso se suma a la lista de choques entre Bruselas y las grandes tecnológicas bajo la DMA, y confirma que la Comisión está dispuesta a intervenir directamente en el diseño técnico de productos como Android y el buscador de Google, no solo en sus prácticas comerciales. El desenlace —si las medidas realmente diversifican el mercado de IA móvil y de búsqueda, o si terminan diluyéndose en la fase de implementación técnica que ahora se abre— dependerá en buena medida de esas negociaciones previas a 2027.