El 'dividendo del mentiroso': cuando decir 'eso es IA' basta para borrar una masacre

Por Truthout · 15 de julio de 2026.

Los hechos, tal y como los documentan investigaciones internas del propio Pentágono y reportajes de Reuters y NBC News citados por Truthout: el 28 de febrero de 2026, el primer día de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, un ataque impactó una escuela primaria femenina en Minab y mató a 168 personas, más de 100 de ellas menores, según cifras de Amnistía Internacional recogidas en el artículo. Imágenes y vídeos posteriores mostraron fragmentos de misiles Tomahawk estadounidenses en el lugar. Legisladores demócratas llevan meses reclamando la publicación del informe de investigación militar, que según reportes citados en el artículo estaría terminado desde abril pero retenido por altos cargos del Pentágono. Preguntado por Fox News sobre esa evidencia fotográfica, Trump respondió textualmente que 'es posible que esas imágenes sean generadas por IA', sin aportar ningún indicio que respalde esa hipótesis.

Es importante ser precisos sobre qué está establecido y qué no: la atribución de responsabilidad a EE.UU. procede de investigaciones internas del propio ejército estadounidense y de evidencia fotográfica y de vídeo, no de una acusación externa sin respaldo; pero la publicación oficial y concluyente del informe sigue sin producirse, y eso es, en sí mismo, la noticia que motiva la pregunta a Trump. Lo que aquí interesa analizar no es el desenlace del caso —ajeno a nuestro terreno— sino el mecanismo retórico empleado para esquivarlo, porque es un mecanismo que la propia industria de la IA lleva años anticipando y temiendo.

Ese mecanismo tiene nombre en la literatura académica sobre desinformación: el 'liar's dividend' (el dividendo del mentiroso), acuñado ya en 2019 por los juristas Bobby Chesney y Danielle Citron a propósito de los deepfakes. La tesis es sencilla y perversa: cuantas más personas saben que existe tecnología capaz de fabricar imágenes y vídeos falsos de apariencia perfecta, más fácil resulta para cualquier actor con poder descartar como falsa una prueba real e incómoda. No hace falta demostrar que el contenido es sintético; basta con sembrar la duda. La carga de la prueba se invierte de facto, y quien tiene menos incentivos para investigar —porque la investigación le perjudica— es quien más se beneficia de esa duda.

Esto conecta directamente con algo que venimos señalando en Zendoric sobre los costes de corto plazo de la revolución de la IA generativa: no es solo que la IA pueda fabricar desinformación, es que su mera existencia degrada la confianza colectiva en la evidencia auténtica, incluso cuando esa evidencia no tiene nada de sintético. Es un efecto de segundo orden más difícil de combatir que el propio contenido falso, porque no requiere que nadie use IA para nada: basta con que la posibilidad exista y sea de dominio público. Cuanto más se satura el discurso con la idea de que 'todo podría ser IA', más terreno gana cualquiera que quiera esquivar responsabilidad, ya sea un gobierno, una empresa o un particular. Y este episodio muestra que el argumento ya ha llegado a la más alta esfera política de la mayor potencia militar del mundo, aplicado a un caso con más de cien niños muertos.

Nuestra lectura es que este fenómeno exige respuestas técnicas concretas que hasta ahora avanzan demasiado despacio: procedencia criptográfica del contenido en el momento de captura (marcado en cámara, no en post-producción), estándares de verificación interoperables entre medios y gobiernos, y sobre todo, un cambio cultural que rehabilite el peritaje forense independiente como árbitro por encima de la mera declaración de un actor interesado. La paradoja de fondo es que la solución al problema que crea la IA generativa pasa, en buena medida, por usar mejor IA forense de detección y verificación, no por rendirse ante la sospecha generalizada. A largo plazo, herramientas de atribución robustas —firmas digitales de sensores, cadenas de custodia verificables, modelos de detección auditados por terceros— pueden restaurar buena parte de la confianza perdida; pero mientras esa infraestructura no esté extendida y sea de uso obligatorio, el 'todo podría ser IA' seguirá siendo el refugio retórico perfecto para quien no quiere rendir cuentas, y el coste de esa laguna lo pagan, como en este caso, quienes menos voz tienen para exigir justicia.