El 69% de EE.UU. ya pide expropiar la mitad de las IA: los despidos han politizado la abundancia

Por Startup Fortune · 13 de julio de 2026.

La encuesta la firma Verasight, con 1.690 adultos, y la cifra central es contundente: el 69% de los estadounidenses respalda que las empresas de IA transfieran la mitad de su capital a un fondo soberano público. No es una opinión aislada. El 81% quiere que el gobierno pueda bloquear el lanzamiento de un modelo si lo considera peligroso, y el 89% exige que las compañías publiquen sus resultados de pruebas de seguridad por ley. El respaldo social a una intervención dura sobre la industria de IA ya no es marginal, es mayoritario.

El contexto explica el número. Según Challenger, Gray & Christmas, el sector tecnológico concentró casi un tercio de todos los despidos en EE.UU. en el primer semestre de 2026: 139.156 recortes, un 83% más que el año anterior. Y en el conjunto de la economía, la firma atribuyó explícitamente la IA como motivo en 101.743 despidos, cerca del 23% del total, siendo durante cuatro meses consecutivos la razón más citada por las empresas para reducir plantilla. Joseph Briggs, economista de Goldman Sachs, calcula que más del 9% de la fuerza laboral estadounidense -unos 15 millones de trabajadores- podría verse desplazada en una transición de aproximadamente una década, con tecnología, consultoría de gestión y diseño gráfico entre los sectores más golpeados desde ya, a un ritmo de 10.000 a 15.000 empleos menos al mes en el crecimiento del empleo.

La respuesta política ya tiene forma de proyecto de ley. El senador Bernie Sanders presentó en junio la American AI Sovereign Wealth Fund Act, que impondría un impuesto único del 50% en acciones a las empresas de IA con más de 200 millones de dólares de ingresos anuales por ese concepto, destinado a un fondo de unos 7 billones de dólares gestionado por una comisión independiente confirmada por el Senado. Sanders habla de un dividendo anual de unos 1.000 dólares por ciudadano, financiado además por una obligación estructural relevante: las empresas con negocio mixto -pensemos en Microsoft o Google, donde la IA está entrelazada con la nube, la búsqueda o el software de productividad- tendrían que separar contablemente su rama de IA para que la participación pública se aplique solo a esa parte.

El dato que de verdad debería inquietar a las juntas directivas no es que Sanders, un socialista democrático en un Congreso de mayoría republicana, tenga papeleo listo. Es que, según ha informado Fortune, la Casa Blanca de Trump ha planteado su propia versión de propiedad pública ligada a infraestructura de IA. Cuando la izquierda y la derecha populista convergen en la misma idea -que el Estado debe quedarse con una parte del capital de la IA-, la propuesta deja de ser previsible como fracaso legislativo garantizado y pasa a ser un riesgo que los cap tables empiezan a descontar, tal y como advierte el propio artículo: una startup que levanta una Serie C hoy lo hace con el 69% del país pidiendo la mitad de su empresa como telón de fondo.

Nuestra lectura: esta encuesta es la traducción política, casi literal, de la tesis que venimos sosteniendo sobre el empleo y la IA. La destrucción de puestos administrativos y de back-office no es una hipótesis lejana, es la explicación que las propias empresas dan hoy en sus comunicados de despido, mes tras mes. Lo relevante no es que la gente esté enfadada -era previsible-, sino que ese enfado ya tiene vehículo institucional bipartidista. Y aquí conviene separar dos cosas que el debate público mezcla: la abundancia que promete la IA a largo plazo (curar enfermedades, alargar la salud, liberar tiempo humano para lo que apasiona) no llega automáticamente por decreto de reparto de acciones; llega si la productividad generada se traduce en crecimiento real y ese crecimiento se redistribuye con instrumentos que no estrangulen la inversión que hizo posible la propia tecnología. Un impuesto confiscatorio del 50% sobre el capital, impuesto por decreto y con una comisión política decidiendo qué modelos son «dañinos», resuelve la ansiedad de corto plazo pero puede introducir una fricción de gobernanza que ralentice justo la innovación que sustenta la abundancia futura. La honestidad exige decir las dos cosas: el malestar social está justificado por cifras de despidos reales, y al mismo tiempo, expropiar cap tables por ley es jurídicamente exigente y económicamente arriesgado si se hace sin matices. Lo que sí parece asentarse, más allá de si este proyecto concreto prospera, es que la conversación sobre quién capta las ganancias de la IA -el capital, el trabajador desplazado o el Estado como intermediario- ya no se libra solo en los despachos de OpenAI, Anthropic o Nvidia. Se libra, con cifras de encuesta en mano, en el Congreso.