El Pentágono acelera la expulsión de Anthropic mientras la empresa lo lleva a los tribunales

Según memorandos obtenidos por Breaking Defense, el Air Force Research Laboratory (AFRL) notificó el 9 de julio a sus contratistas que deben inventariar todo uso de productos de Anthropic antes del 1 de agosto y eliminarlos por completo antes del 1 de septiembre, casi un mes antes del plazo del 29 de septiembre fijado para todo el Departamento. El origen es la declaración pública del secretario de Defensa Pete Hegseth del 27 de febrero, que calificó a Anthropic de «riesgo para la seguridad nacional en la cadena de suministro» y vetó cualquier actividad comercial de contratistas militares con la empresa. Aquel anuncio, tan amplio que se consideró jurídicamente problemático, se acotó después a los contratos de defensa. Un detalle revelador: un segundo memorando del CIO del Departamento, fechado el 2 de abril, es casi idéntico al de marzo salvo por una supresión notable —ya no menciona a Anthropic como «riesgo inaceptable de cadena de suministro»—, lo que sugiere que el propio Pentágono está limando el lenguaje ante la ofensiva legal.

El contexto importa. El veto no nace de un fallo técnico, sino de un desacuerdo sobre salvaguardas: Anthropic habría limitado el uso de sus sistemas para vigilancia y armamento autónomo, y esa negativa desembocó en el intento de la Administración de expulsarla. La empresa, por su parte, ha demandado al Gobierno para revertir la prohibición, y el Wall Street Journal informa de una divulgación relevante de comunicaciones privadas entre ejecutivos y responsables del Pentágono. Es decir: uno de los laboratorios de IA más capaces del mundo está enfrentado abiertamente con su cliente más poderoso, y la disputa se dirime en los tribunales mientras la maquinaria administrativa corre a ejecutar el borrado.

La operación, además, es más difícil de lo que parece. Como señala el propio memorando, muchas aplicaciones dependen de Anthropic a través de subcontratistas o socios, y para el usuario final no siempre es evidente que una herramienta invoque «productos o servicios de Anthropic». Solo hacer inventario y reportarlo con precisión —mediante un formulario alojado, irónicamente, por Microsoft— es un proceso complejo; arrancar el código sin dañar operaciones que ya dependen de él lo es más. Y sobre todo pende una espada: si los tribunales fallan contra el Gobierno, un juez podría obligar a deshacer todo lo que ahora se apresuran a completar. Un ejercicio potencialmente caro y reversible.

Nuestra lectura: este episodio es un adelanto de los conflictos que definirán la próxima década de la IA. La cuestión de fondo no es Anthropic, sino qué ocurre cuando un proveedor de tecnología crítica impone límites éticos —vigilancia, armas autónomas— que chocan con lo que un Estado quiere hacer con ella. A corto plazo domina la fricción: represalias, litigios, costes de cumplimiento y la incómoda dependencia de la Administración respecto de unas pocas empresas fronterizas. Es la parte fea y real de la transición, y conviene no edulcorarla. Conviene además atribuir con cuidado: la etiqueta de «riesgo de cadena de suministro» es una acusación del Gobierno que la propia versión de abril suavizó, no un hecho probado.

Pero hay una señal de fondo que sí encaja con un optimismo matizado. Que un laboratorio esté dispuesto a perder al mayor comprador imaginable antes que ceder en sus salvaguardas indica que los límites autoimpuestos no son mero marketing: tienen coste y alguien lo está pagando. La gobernanza de la IA no se decidirá solo en leyes y foros técnicos, sino también en estos pulsos concretos entre poder estatal y criterio corporativo, con los tribunales como árbitro. El desenlace —si el veto se sostiene o se revierte— sentará un precedente sobre hasta dónde puede un Gobierno forzar el uso de una IA en contra de las condiciones de quien la crea. Y esa pregunta, la de quién gobierna la tecnología, importa mucho más que el marcador de esta batalla.