La KIDS Act ante el espejo: por qué proteger a los menores exige verificación de edad y deber de cuidado, no buenas intenciones

Legislar sobre la infancia digital tiene una dificultad particular: el coste de quedarse corto no se mide en trimestres, sino en generaciones. Por eso resulta tan pertinente el análisis que la Alliance for a Better Future (ABF) ha hecho público sobre la KIDS Act, la propuesta que tramita el Congreso estadounidense para proteger a los menores frente a las grandes tecnológicas. La organización reconoce el avance —valora que el legislador aborde con seriedad el problema y que la cuestión de la primacía federal se haya enfocado mediante la llamada 'floor preemption'—, pero su conclusión es nítida: el texto actual no es, en sus palabras, el escudo que las familias necesitan.

Las cuatro carencias que señala ABF apuntan al corazón del problema. Sin un 'deber de cuidado' real, sin mecanismos de verificación de edad, sin salvaguardas suficientes para los chatbots de IA y con una protección de la privacidad que considera superficial, la ley correría el riesgo de quedarse en declaración de principios. La organización lo concreta: los padres deberían mantener control sobre los datos de sus hijos hasta los 18 años. Son demandas que, conviene subrayarlo, coinciden con las que organizaciones de protección de la infancia llevan tiempo reclamando a ambos lados del Atlántico.

Hay un matiz jurídico que merece atención porque suele pasar desapercibido en el ruido legislativo. Según ABF, ciertas redacciones ambiguas podrían desplazar la legislación común estatal —el 'common law'— y, con ello, bloquear victorias judiciales que algunas familias han logrado en los tribunales. Para muchos padres, esas sentencias son hoy el único mecanismo de rendición de cuentas disponible. Una ley pensada para proteger no debería, sin quererlo, cerrar la puerta que ya estaba abierta.

Conviene leer este comunicado por lo que es: una toma de posición política, no un dictamen jurídico exhaustivo —la propia ABF remite a un documento de una página en su web—. Pero el momento le da fuerza. La irrupción de chatbots conversacionales avanzados ha añadido una capa nueva al viejo debate sobre redes sociales y salud mental adolescente: ya no se trata solo de a qué contenidos accede un menor, sino con qué sistemas de IA conversa y bajo qué salvaguardas.

El argumento final de la organización es quizá el más interesante para quien observa el sector con mirada constructiva: Estados Unidos lidera la innovación precisamente porque exige responsabilidad a sus industrias. Pedir que Big Tech juegue con las mismas reglas que cualquier otro sector obligado a mantener seguros a sus usuarios no es frenar la tecnología; es ponerle cimientos. La buena regulación y la buena innovación no compiten: se sostienen mutuamente. Y el reto, ahora, es que el Congreso convierta la intención en mecanismo.