«Get the Flock out of here»: el pleno municipal como termómetro de la vigilancia con IA

Un buen titular puede condensar un debate entero, y «¡Get the Flock out of here!» lo consigue. La intervención de un ciudadano de Florida ante el pleno de su ayuntamiento, oponiéndose a las cámaras de inteligencia artificial de Flock Safety, se viralizó precisamente porque pone rostro y voz a una incomodidad cada vez más extendida. Antes de entrar en el fondo conviene una precisión: el texto íntegro de la noticia de NBC 7 San Diego no estaba disponible al elaborar este comentario, de modo que el nombre de la ciudad, el del ciudadano o el resultado de cualquier votación no pueden confirmarse desde la fuente. Lo que sí está bien documentado es el contexto.

Flock Safety, fundada en 2017, fabrica cámaras de lectura automática de matrículas potenciadas por IA que capturan de forma continua matrícula, color, marca y modelo de cada vehículo que pasa, almacenan esos datos en la nube y los ponen a disposición de la policía local. Su crecimiento ha sido rápido, con contratos en miles de municipios, apoyado en un modelo de bajo coste de instalación y la promesa de reducir el delito. Es una propuesta de valor nítida y con defensores legítimos entre quienes han visto resueltas investigaciones gracias a estos sistemas.

Las objeciones que suelen plantearse en estos plenos —y que conviene atribuir a los vecinos críticos, no dar por probadas— giran en torno a los plazos de retención de datos, la posibilidad de que la información se comparta con agencias federales, la ausencia de supervisión judicial previa a las consultas y el riesgo de que la vigilancia recaiga de forma desproporcionada sobre determinadas comunidades. Son preocupaciones sobre garantías y procedimiento, no acusaciones de ilegalidad contra la empresa.

Visto con perspectiva, lo interesante es lo que el caso revela sobre la IA agéntica aplicada al espacio público. Una red ALPR es, en la práctica, un enjambre de agentes que recopilan datos sin intervención humana en cada captura y alimentan bases consultables en tiempo real. La capacidad técnica avanza —reconocimiento facial, detección de comportamientos, cruce semántico de fuentes— más deprisa que los marcos legales que deberían acotarla.

Y aquí está el matiz que me parece más fértil: la resistencia ciudadana en un pleno no es ruido, es gobernanza en acción. Que un vecino interpele a sus representantes y que algunos consejos, según se ha documentado, hayan votado en contra o impuesto auditorías más estrictas, demuestra que la aceptación social de estas herramientas todavía se negocia, municipio a municipio. La tecnología no es destino; es una decisión pública. Que esa decisión se tome con debate, transparencia y reglas claras es lo que separa la seguridad útil de la vigilancia sin control.