¿Votarías a una IA? Lo que podemos delegar en los algoritmos y lo que no

NUESTRA TESIS. No deberíamos votar a una IA. El motivo no es que sea torpe, sino que nadie puede destituirla. Preguntar si una máquina gobernaría mejor que un político es plantear mal el problema. Lo útil es separar dos cosas. Por un lado, las tareas de gobierno que se pueden automatizar: gestión, contratación pública y detección de fraude. Por otro, lo que exige legitimidad democrática: decidir qué valores priorizamos, rendir cuentas y poder perder el cargo. La IA puede mejorar mucho lo primero. Lo segundo debe seguir en manos de personas a las que podamos echar.

UN SUEÑO MUY ANTIGUO. La tentación no nace con ChatGPT. En «La República», Platón proponía que gobernaran los filósofos, es decir, los que más saben y no los que más votos tienen. En el siglo XX esa idea se volvió técnica. En los años treinta, el movimiento tecnocrático de Estados Unidos quería sustituir a los políticos por ingenieros. En 1971, el gobierno chileno de Salvador Allende encargó al británico Stafford Beer el proyecto Cybersyn. Era una red de télex conectada a un ordenador central para seguir en tiempo real la producción de las empresas públicas. El objetivo declarado, según los historiadores del proyecto, no era centralizar, sino dar más autonomía a los trabajadores. El golpe de 1973 acabó con él y los militares destruyeron la sala de operaciones. La lección sigue vigente: la herramienta nunca fue neutral, porque servía a un proyecto político concreto.

LOS «CANDIDATOS» REALES. Hoy el sueño tiene cara. En septiembre de 2025, el primer ministro albanés, Edi Rama, presentó a Diella como «ministra virtual» de contratación pública. Diella es un avatar de IA que antes era el asistente del portal de trámites e-Albania. Rama prometió que las licitaciones pasarían poco a poco a sus manos para acabar con la corrupción. Un año después, la verificación de la red periodística BIRN (agosto de 2026) muestra poco avance. El sistema de licitación con IA «sigue en marcha», según la directora de la Agencia de Contratación Pública. Por ahora solo se han redactado los pliegos para contratar a la empresa que lo construirá. Diella no tiene un estatus jurídico definido. La oposición, liderada por Sali Berisha, la califica de inconstitucional y de «fachada» para tapar robos, acusaciones que no se han probado. Fuera del gobierno, los experimentos fueron más modestos. En Reino Unido, el empresario Steve Endacott se presentó en 2024 como «AI Steve» por Brighton Pavilion y logró 179 votos (un 0,3 %), el último de ocho candidatos. En Dinamarca, el Partido Sintético, liderado por el chatbot «Leader Lars», nació en 2022 como un proyecto artístico. Sus responsables decían que querían representar al 20 % de daneses que no vota, pero no consta que llegara a las urnas. El balance es claro: los votantes no compran el robot candidato.

LO QUE SÍ FUNCIONA. Los ejemplos más útiles son los menos llamativos. En 2023, el concejal Ramiro Rosário consiguió que el ayuntamiento de Porto Alegre (Brasil) aprobara por unanimidad una ordenanza redactada por ChatGPT. La norma eximía a los vecinos de pagar el contador de agua si se lo robaban. Rosário no contó el origen del texto hasta después de la votación. El dato importante es otro: la IA añadió por su cuenta un artículo que el concejal no había pedido. Si el contador no se reponía en 30 días, el vecino dejaba de pagar el agua. Era una decisión política, no técnica, y nadie la había votado conscientemente. Taiwán muestra el camino contrario. Desde 2015, la plataforma vTaiwan usa Polis, una herramienta que agrupa opiniones y destaca las propuestas que apoyan grupos que normalmente no están de acuerdo. Con ella se debatió la regulación de Uber con unos 3.000 participantes. Según Audrey Tang, exministra digital, el gobierno se comprometió a llevar el consenso al Parlamento o a explicar por qué no lo hacía. En 2024, Google DeepMind publicó en Science la «Máquina de Habermas». Es un modelo de lenguaje que redacta declaraciones de consenso en grupos que no están de acuerdo. Según el estudio, los participantes preferían sus textos a los de mediadores humanos. Nuestra lectura: la IA brilla cuando ayuda a escuchar mejor a la ciudadanía, y falla cuando la sustituye.

LA NEUTRALIDAD TAMBIÉN ES UNA IDEOLOGÍA. El atractivo de Diella o de AI Steve es la promesa de un juez sin intereses. Pero un algoritmo no es neutral. Decide con los datos con que se entrenó, los objetivos que se le dieron y las reglas que alguien escribió. Si un sistema de contratación pública prima el precio más bajo, ya ha elegido entre ahorro y calidad. Si un modelo de lenguaje redacta una ley, sus sesgos entran en ella sin pasar por ningún debate, como pasó con el artículo extra de Porto Alegre. La politóloga Vera Tika lo llama «democracia de avatar»: el poder se traslada a una figura que parece objetiva, pero que no responde ante nadie. Su frase lo resume: «No puedes destituir a una máquina». Y hay un riesgo práctico. Si una licitación sale mal, el gobierno puede culpar al algoritmo. La IA se convierte así en un escudo contra la rendición de cuentas. La demanda existe. En 2021, una encuesta de IE University con 2.769 personas en 11 países encontró que el 51 % de los europeos apoyaba sustituir parte de los diputados por una IA (en España, el 66 %). Leemos esa cifra como un síntoma de desconfianza en la política, no como un mandato para los algoritmos.

IMPLICACIONES: DÓNDE PONER LA LÍNEA. Proponemos una regla sencilla. Automatizar todo lo que se puede auditar: revisar licitaciones, cruzar datos para detectar fraude o conflictos de interés, y tramitar ayudas en días y no en meses. En esas tareas, una IA bien supervisada puede ahorrar mucho dinero público y quitar margen a la corrupción. Reservar a las personas todo lo que exige legitimidad: fijar prioridades, repartir costes entre grupos, asumir errores y perder el cargo cuando toca. Para que la línea se cumpla hacen falta tres condiciones. Primera: cada decisión asistida por IA debe tener un responsable humano con nombre y apellidos. Segunda: el código y los criterios deben ser auditables por terceros. Tercera: ningún sistema debe tener rango de «ministro», porque ese título confunde herramienta con autoridad. A corto plazo, el peligro no es que gobierne una superinteligencia. Es que los gobiernos usen la IA para lavarse las manos. A largo plazo somos optimistas. Un Estado que use la IA para trámites, control y escucha masiva puede ser más limpio, más rápido y más cercano. Así quedaría más tiempo y más dinero público para lo que importa: la salud, la educación y la vida de las personas. La IA puede ser el mejor funcionario que hemos tenido. Pero no debe ser nuestra gobernante.