¿Un Proyecto Manhattan de la IA? El Estado no toma el mando de la carrera: se sienta en el consejo

LO QUE SE HA ANUNCIADO DE VERDAD. El 4 de octubre, Donald Trump anunció en Truth Social la creación de la Super Intelligence Force. Es un grupo de trabajo federal dirigido por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton. Tiene tres vicepresidentes: Andrew Ferguson, presidente de la FTC (la agencia de competencia y protección del consumidor); Emil Michael, jefe de tecnología del Pentágono; y Scott Kupor, director de la OPM (la oficina de personal federal). Según NBC News y The Hill, Condoleezza Rice y David Sacks asesorarán desde fuera. Punchbowl News apunta a que quien manda de verdad podría ser Ferguson. El grupo tiene 120 días para entregar un informe sobre riesgos y oportunidades. Celebró su primera reunión el 15 de octubre y fijó tres prioridades: ciberseguridad, bioseguridad y si los modelos más potentes pueden mantenerse bajo control.

El grupo nace de dos piezas previas. La primera es el White House Accord on Super Intelligence, firmado a finales de septiembre por Sundar Pichai, Dario Amodei, Mark Zuckerberg, Greg Brockman, Jensen Huang y Elon Musk. Pide cuatro capas de control: vigilancia interna durante el entrenamiento, un equipo de seguridad propio, auditorías externas independientes y supervisión desde el consejo de administración. No es una ley. Trump lo definió como «moralmente vinculante». La segunda pieza es una orden ejecutiva que obliga a llamar «superinteligencia» a la IA en las comunicaciones oficiales. Según varios análisis jurídicos, la orden cambia el nombre, pero no qué tecnologías se regulan. Conviene decirlo claro: nada de esto es nacionalizar. El Estado no compra laboratorios, no los dirige y no se queda con sus modelos.

DE DÓNDE VIENE LA IDEA. La expresión «Proyecto Manhattan de la IA» tiene autor. En junio de 2024, Leopold Aschenbrenner, exinvestigador de OpenAI, publicó «Situational Awareness». En el capítulo «The Project» sostenía que hacia 2027-2028 el aparato de seguridad nacional de EE.UU. absorbería a los laboratorios de frontera en un esfuerzo estatal, de buen grado o no. Incluía grandes partidas del Congreso para cómputo y energía, y equipos trabajando en instalaciones clasificadas. Meses después, en noviembre de 2024, la comisión del Congreso que vigila la relación con China (USCC) puso como primera recomendación de su informe anual «un programa tipo Proyecto Manhattan» para alcanzar la AGI, la inteligencia artificial general.

La respuesta más seria llegó en marzo de 2025. Dan Hendrycks, Eric Schmidt y Alexandr Wang publicaron «Superintelligence Strategy». Advertían de que una carrera estatal por el monopolio de la superinteligencia empujaría a China a sabotearla antes de que diera fruto. Lo llamaron MAIM (Mutual Assured AI Malfunction, «disfunción mutua asegurada de la IA»): una disuasión parecida a la nuclear, en la que cada potencia puede inutilizar el proyecto de la otra. Su alternativa tenía tres patas: disuasión, no proliferación y competitividad. Washington ha tomado el nombre de Aschenbrenner, pero no su plan. La Genesis Mission de noviembre de 2025 se presentó como comparable al Proyecto Manhattan en urgencia y ambición. En la práctica, es un programa del Departamento de Energía para aplicar IA a la ciencia con supercomputadores públicos. Es un proyecto científico, no la toma de los laboratorios.

POR QUÉ LA ANALOGÍA COJEA. Manhattan y Apolo fueron compras del Estado con un objetivo cerrado: una bomba y un alunizaje. El Gobierno era el único cliente y el único dueño del resultado. Además, eran baratos en comparación con lo que se invierte hoy en IA. El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) calcula el Proyecto Manhattan en unos 22.000 millones de dólares de 2008, repartidos en cinco años. En su año de mayor gasto, el programa supuso el 0,4% del PIB. Apolo costó unos 288.000 millones ajustados a la inflación en catorce años, según la Planetary Society. Solo en 2026, Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta prevén invertir en torno a 700.000 millones en infraestructura, según sus propias previsiones a los inversores. Es más de dos puntos del PIB estadounidense en un solo año, según nuestro cálculo aproximado. Es dinero privado, que se recupera vendiendo productos a cientos de millones de usuarios.

Hay una segunda diferencia, más profunda. La bomba no tenía clientes civiles. La IA es tecnología de propósito general, como la electricidad, y ya funciona dentro de hospitales, bancos y escuelas. El talento está repartido entre empresas, universidades y países, y una parte importante de la frontera es abierta: GLM, Qwen y DeepSeek publican sus modelos. Un Proyecto Manhattan exige secreto y control de un recurso escaso. La IA de 2026 no es escasa ni secreta. Por eso la analogía funciona como eslogan, pero no como plan.

LA NACIONALIZACIÓN SILENCIOSA. Si no hay expropiación, ¿dónde está el poder del Estado? En la presión. El mejor ejemplo es el conflicto entre Anthropic y el Pentágono. En febrero de 2026, el Departamento de Defensa calificó a Anthropic como «riesgo para la cadena de suministro», una etiqueta reservada normalmente a proveedores de países adversarios. Según la prensa, ocurrió después de que ambas partes no se pusieran de acuerdo sobre el uso de la IA en vigilancia masiva y armas autónomas. También según la prensa, el entonces secretario de Defensa Pete Hegseth llegó a mencionar la Ley de Producción para la Defensa, que permite al Gobierno priorizar pedidos industriales. Los tribunales están divididos. En agosto, una jueza federal de California dio la razón a Anthropic y apreció represalia contraria a la Primera Enmienda. En septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia falló 2 a 1 a favor del Pentágono, aunque sobre otra norma distinta. Emil Michael, hoy vicepresidente de la Super Intelligence Force, sostiene que la designación sigue vigente.

Las posiciones de los laboratorios son ambiguas. En marzo, Sam Altman escribió que «desde hace tiempo» le parece que construir la AGI quizá sería mejor como proyecto del Gobierno. Pero añadió que no parece «muy probable» con la trayectoria actual y defendió una «asociación estrecha» con el Estado. Jensen Huang presentó el acuerdo con un principio: la responsabilidad principal de la seguridad es de las empresas. Y Anthropic firmó el acuerdo de la Casa Blanca mientras litiga contra el Pentágono. Nuestra lectura: la industria acepta coordinación y supervisión siempre que no implique ceder la propiedad. El Estado, por su parte, prefiere herramientas discrecionales a una ley que lo ate.

NUESTRA LECTURA E IMPLICACIONES. El Estado no está tomando el mando de la carrera; está tomando un asiento en el consejo. Eso es más sensato que nacionalizar. Un monopolio estatal concentraría el poder todavía más, frenaría la difusión y, como avisan Hendrycks y Schmidt, invitaría a una escalada con China. Pero el modelo actual tiene un defecto serio: descansa en compromisos voluntarios y en una presión que puede ser arbitraria. Lo hemos dicho en otros análisis: el riesgo es regular el pánico, o la lealtad política, en lugar de la capacidad real. Es la objeción que plantean los demócratas, como la congresista Lori Trahan, que ve el grupo como una «táctica dilatoria» sin leyes ni garantías.

En los próximos 120 días hay que vigilar tres señales. La primera, si el informe propone obligaciones legales concretas, como notificar al Gobierno brechas, ataques y jailbreaks (técnicas para saltarse los filtros de seguridad de un modelo); Crowell y otros despachos dicen que se está estudiando. La segunda, si las auditorías externas del acuerdo se apoyan en evaluaciones independientes y no saturadas, del tipo de las del AISI británico. La tercera, si la etiqueta de riesgo usada contra Anthropic se convierte en herramienta habitual para disciplinar a laboratorios incómodos. A corto plazo, el peligro no es una superinteligencia fuera de control. Es una gobernanza opaca y personalista sobre una tecnología que pronto afectará al empleo de millones de personas.

A largo plazo, mantenemos el optimismo. La versión buena de la intervención pública ya existe en pequeño: la Genesis Mission pone supercomputadores públicos al servicio de la ciencia. Ese es el camino hacia nuevos fármacos, curar enfermedades y crear abundancia. El Estado aporta más financiando infraestructura científica compartida y exigiendo transparencia verificable que intentando ser el dueño de la carrera. Un Proyecto Manhattan buscaba un arma para un único dueño. La IA puede servir a todos, si la gobernanza se basa en pruebas y no en eslóganes.