¿Quién debe ser dueño de la IA? El fondo de Anthropic y las acciones de Musk reabren el debate del «capitalismo para todos»

LO QUE HA PASADO. El 18 de octubre, Anthropic anunció que destinará el 5% de sus acciones a un nuevo Fondo de Beneficio Público. El objetivo declarado es amortiguar la pérdida de empleos que provoque la IA. El compromiso necesita la aprobación de los accionistas. Además, el consejo podrá añadir 2 puntos porcentuales por cada subida del 50% en la valoración de la empresa, a partir de una cifra de referencia que no ha hecho pública. Según CNBC, el fondo será una sociedad limitada propiedad de Anthropic, no una fundación benéfica. Tampoco podrá dedicarse al lobby ni a las donaciones políticas. Un día después, Elon Musk contestó en X: «Recomiendo dar las acciones directamente al público». Y prometió que en 2027 regalará una de sus acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos. «Será la primera de muchas», escribió.

Nuestra tesis es esta. La pregunta de fondo es buena y llega en el momento justo. Si la IA concentra la riqueza en unas pocas empresas, la respuesta no debería ser solo renta, es decir, un cheque periódico. También debería ser propiedad: una parte del pastel que crece. Pero los dos anuncios, tal como están hoy, son más gesto que sistema. Su utilidad dependerá de la letra pequeña: quién gobierna el dinero, cuándo se puede vender y cuánto vale de verdad.

LA CIFRA QUE IMPORTA. Pongamos números. En su última ronda privada, en mayo, Anthropic se valoró en 965.000 millones de dólares. A ese precio, el 5% vale unos 48.000 millones. La prensa financiera habla de una salida a bolsa en torno a los 2 billones de dólares, y la empresa ya ha presentado públicamente su folleto de salida (el documento S-1). Con esa valoración, el fondo rondaría los 100.000 millones. Para una fundación es una cifra enorme. Para un país es pequeña. Repartida entre los aproximadamente 170 millones de trabajadores estadounidenses, daría entre 280 y 590 dólares por persona, y una sola vez. El caso de Musk es todavía más modesto. EE. UU. tiene unos 73 millones de menores. Al cierre de 146,03 dólares del 16 de octubre, el regalo costaría unos 10.600 millones. Cada niño recibiría unos 146 dólares, menos de la sexta parte de los 1.000 dólares que el Tesoro ya ingresa en las nuevas «cuentas Trump» para menores. Según un cálculo de Bloomberg Opinion que recoge Al Jazeera, Musk se desprendería de un 1,5% de las acciones que posee directamente. Su poder de voto, cercano al 82%, bajaría apenas una décima. Hay además un ángulo fiscal. Will McBride, economista jefe de la Tax Foundation, estima que regalar las acciones en lugar de venderlas podría ahorrar unos 2.600 millones en impuestos sobre plusvalías (el impuesto que grava la ganancia al vender un activo). Es un matiz importante. Musk no está obligado a vender, así que ese dinero no es una recaudación que Hacienda tuviera garantizada.

LO QUE ENSEÑA LA HISTORIA. La idea de repartir capital no es nueva, y hay experiencias de las que aprender. Alaska reparte desde 1982 un dividendo anual a cada residente, financiado con su Fondo Permanente de rentas petroleras. En 2026 son 1.200 dólares: 1.000 de base y 200 de ayuda energética. Funciona porque es universal, regular y sigue unas reglas. Su punto débil es que el importe lo decide cada año el parlamento. Noruega eligió otro camino. Su fondo soberano, un fondo de inversión propiedad del Estado, valía unos 2,39 billones de dólares en junio de 2026, unos 430.000 dólares por habitante. Ningún noruego recibe un cheque. Una regla fiscal permite al presupuesto usar cada año una parte, en torno al 3% del fondo. Es propiedad colectiva, muy diversificada y gestionada por profesionales. El tercer precedente avisa de los riesgos. En los ochenta, el «capitalismo popular» de Thatcher vendió empresas públicas a pequeños ahorradores, con campañas como «Tell Sid», la de British Gas en 1986. La proporción de adultos británicos con acciones pasó del 7% a más del 20% a finales de esa década. Después volvió a caer: muchos vendieron rápido y la propiedad se concentró de nuevo. España vivió su versión en los noventa. Solo en la OPV de Telefónica de 1997 (una oferta pública de venta de acciones) hubo más de 1,2 millones de peticiones de particulares, según la SEPI. Pero miles de pequeños accionistas dispersos apenas pesaron en la gestión. Hay más modelos. Los «baby bonds» de Connecticut ingresan 3.200 dólares para cada bebé nacido con cobertura de Medicaid, el seguro público para rentas bajas, y el Tesoro estatal calcula que podrían llegar a valer entre 11.000 y 24.000 dólares. Y en 2021 Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, propuso un «American Equity Fund». Las grandes empresas pagarían cada año el 2,5% de su valor en acciones y los propietarios de suelo otro 2,5% en dinero. Según su estimación, en una década cada adulto recibiría unos 13.500 dólares al año. La lección es clara. Los modelos que funcionan son obligatorios, recurrentes, diversificados y con reglas. Las promesas voluntarias de hoy no cumplen ninguna de esas cuatro condiciones.

RENTA O PROPIEDAD. El debate de fondo es cómo proteger a la gente si la IA desplaza trabajo. Una opción es la renta básica universal: un pago periódico a todos, financiado con impuestos. Protege hoy, pero depende del presupuesto de cada año y no hace a nadie partícipe de las ganancias. La otra es el capital básico universal: dar a cada persona una participación en los activos que generan riqueza. Su gran ventaja es que, si la IA dispara los beneficios, el ciudadano gana con ella. Su riesgo es el contrario: si la acción cae, el ciudadano pierde. SpaceX empezó a cotizar en junio a 135 dólares y, según Al Jazeera, ha caído un 35% desde su máximo. Regalar una sola empresa a un niño es una apuesta concentrada, justo lo que cualquier asesor financiero desaconseja. Nuestra lectura es que hacen falta las dos cosas. La renta sirve para el corto plazo, porque la pérdida de empleo es real y llega antes que los beneficios. La propiedad sirve para el largo plazo, porque es la que reparte la abundancia que la IA puede generar.

LA LETRA PEQUEÑA. Hay cuatro asuntos que separan la imagen de la sustancia. Primero, la liquidez, es decir, la posibilidad de vender. Las normas del Tesoro publicadas el 30 de septiembre impiden a las familias rechazar las acciones donadas. Además, en general no pueden venderlas durante cinco años o hasta que el niño cumpla 17. Las acciones del fondo de Anthropic, por su parte, aún no cotizan: hoy su valor está solo en el papel. Segundo, la dilución. Si se emiten acciones nuevas para el fondo, el porcentaje de los demás accionistas baja, y por eso la propuesta necesita su visto bueno. Tercero, la gobernanza. Si el fondo es una filial de la propia Anthropic, ¿quién decide en qué se gasta y con qué independencia? La empresa promete más detalles «en los próximos meses». Cuarto, los incentivos políticos. La profesora de Derecho Ann Lipton, de la Universidad de Colorado, advierte en Al Jazeera de que millones de accionistas que no pueden vender tendrán interés en que SpaceX soporte menos regulación. El propio Tesoro defendió estas donaciones con un argumento parecido: harían que los beneficiarios sientan que tienen algo en juego en el futuro de la empresa. Al Jazeera también señala el calendario: el anuncio llegó dos semanas antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Y recuerda que Musk ha donado más de 276 millones de dólares a grupos republicanos desde julio. Un último dato muestra lo entrelazado del sector. Según el resumen del folleto de Anthropic que publica Yahoo Finance, la empresa se ha comprometido a gastar hasta 120.500 millones de dólares en capacidad de cómputo de SpaceXAI hasta 2029. Los dos rivales que hoy compiten en generosidad son también cliente y proveedor.

NUESTRA LECTURA E IMPLICACIONES. Vemos el vaso medio lleno, con matices. Lo positivo es que la propiedad de la IA ha entrado en la conversación pública, y lo ha hecho de la mano de quienes la construyen. Anthropic ya había comprometido 200 millones de dólares para estudiar y mitigar el impacto laboral. Sumando las promesas de fundadores y empleados, la empresa calcula que en torno al 20% de su capital acabará dedicado al beneficio público. No es poco. Pero un fondo que controla la propia empresa y una acción por niño no sustituyen a una política pública. A corto plazo, quien pierda su empleo en administración, atención al cliente o funciones de coordinación necesitará formación, renta y tiempo, no 146 dólares inmovilizados cinco años. A largo plazo, nuestra apuesta sigue en pie. Si la IA ayuda a erradicar enfermedades y abarata casi todo, la riqueza existirá. La cuestión será quién la posee. Para juzgar las próximas propuestas proponemos cinco criterios: cesta diversificada y no una sola empresa, reglas y no la voluntad de un donante, gobernanza independiente, aportaciones recurrentes y una liquidez razonable. Las pruebas llegarán pronto. Una es la salida a bolsa de Anthropic, prevista para noviembre según la prensa. Otra, la próxima ronda de OpenAI, cuya fundación sin ánimo de lucro conserva en torno al 26% del grupo tras su reestructuración de 2025. Europa, con su tradición de fondos públicos y de privatizaciones populares, debería entrar en este debate en lugar de mirarlo desde fuera. El objetivo de fondo merece la pena: que la abundancia de la IA permita a la gente dedicarse a lo que le apasiona. Para eso, el capital para todos tiene que ser un sistema, no un tuit.